Una investigación reveló la existencia de más de 2.000 inscripciones irregulares en el padrón electoral del municipio de Aguas Blancas, en la provincia de Salta. La alarma se encendió cuando, al comparar los datos oficiales, surgió una diferencia significativa: la localidad suma 3.648 habitantes según el censo de 2022, pero cuenta con 5.736 electores habilitados para votar, cifra que representa un 57,2% más de votantes que de residentes.
El informe de la fiscalía atribuyó el fenómeno a una hipótesis central: “Ciudadanos provenientes de Bolivia gestionan DNI argentino en Aguas Blancas para acceder a subsidios y beneficios sociales, además de quedar empadronados en la localidad”, en palabras del reporte judicial.
“Esto distorsiona la representación democrática y el uso de recursos estatales”, señala el documento, de acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal.
Las cifras irregulares no se quedan en los totales generales. El documento remarca la existencia de “más de 3.000 electores en domicilios ambiguos”. Además, se afirma que durante las elecciones presidenciales de 2023, entre 300 y 400 personas cruzaron desde Bolivia en cada jornada electoral. Por lo tanto, si bien en elecciones nacionales el efecto sería marginal, a nivel municipal puede adquirir una relevancia capaz de definir un resultado electoral.
El caso nació en 2023, a partir de una denuncia presentada por Santiago Alberdi, dirigente político de una fuerza partidaria nacional, quien advirtió sobre el posible ingreso irregular de personas provenientes del país vecino, aprovechando el paso fronterizo internacional de Aguas Blancas durante jornadas de votación.
Alberdi describió extensas filas de personas que cruzaban a territorio argentino para votar supuestamente a cambio de dinero, favorecidos por presuntas gestiones irregulares de residencia o nacionalidad que facilitarían la llamada práctica de “votos golondrina”.
Frente a estas inconsistencias, la fiscalía comenzó una investigación encabezada por el fiscal federal con competencia electoral en el distrito de Salta, Ricardo Toranzos.
A pedido del fiscal -junto a los auxiliares fiscales Carolina Aráoz Vallejo e Ignacio Irigoyen, y el investigador Lisandro Arranz-, se dispuso cotejar datos de la Secretaría Electoral, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El relevamiento expuso una disparidad notoria: los padrones nacionales exhiben un crecimiento muy superior al registrado por el censo oficial. Parte de los inscriptos incluye domicilios sin numeración, en cantidad considerablemente mayor que las viviendas efectivamente censadas en tales calles.
El análisis estadístico aporta elementos para dimensionar el fenómeno. En 2010, Aguas Blancas contaba con 2.395 habitantes. Para 2022, el censo reportó 3.648, un aumento del 52,3% en doce años. Sin embargo, el padrón electoral refleja un incremento más pronunciado: en 2015, el municipio tenía 3.286 electores y, a abril de este año, la cifra llegó a 5.736, implicando un alza del 74,6% en solo una década.
El martes pasado, 60 efectivos de la Policía de Salta y 40 de Gendarmería Nacional, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad provincial, realizaron un relevamiento exhaustivo casa por casa.
Para robustecer el operativo, también se incorporaron imágenes aéreas obtenidas con drones, recurso que permitió verificar con mayor detalle los domicilios de los electores registrados en este municipio limítrofe con Bolivia.
La pesquisa también focalizó en el desarrollo urbano del pueblo. Se identificaron cuatro calles –20 de Febrero, 25 de Mayo, 9 de Julio y Rivadavia– que desembocan en el río Bermejo, frontera natural con Bolivia, donde el registro de electores excede ampliamente el de viviendas verificadas.
En la calle 20 de Febrero, de apenas 619 metros, aparecen 793 votantes registrados, aunque los relevamientos realizados no hallaron inmuebles suficientes ni correspondencia con los padrones. La arteria cuenta con varios espacios verdes, depósitos, hoteles y predios baldíos, y allí muchos domicilios aparecen, según los registros, “sin número”.
Situaciones comparables se hallaron en las arterias 25 de Mayo, con 729 votantes; 9 de Julio, con 700; Rivadavia, con 324; Agua Blancas, con 485 y, en las intersecciones de 9 de Julio y Rivadavia, con 26; y de 25 de Mayo y Güemes, consignadas por 39 electores.
La falta de numeración oficial en la mayoría de las viviendas reportadas constituye un dato relevante para la Fiscalía. Según lo informado desde el municipio -actualmente bajo intervención desde septiembre de 2024-, se desarrolla un proceso de regularización para asignar números a los inmuebles. Se convocó a los vecinos a renovar sus DNI para incorporar la nueva numeración, aunque la respuesta fue escasa.
La Fiscalía continúa trabajando en la identificación de posibles responsables en estas maniobras y en la verificación de eventuales casos de documentación apócrifa usada para validar inscripciones irregulares en el padrón.