La enorme historia del mítico estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires está a punto de sumar un capítulo más. Pero a diferencia de aquella gloriosa trayectoria, esta vez se trata de una polémica en torno a la demolición de todo el interior del estadio ubicado en el bajo porteño, y la construcción de un nuevo edificio en su lugar, que aumenta el volumen en alrededor de 80% y duplica la altura actual, al agregarle más fachada y un nuevo techo más grande. Todo ello, a pesar de que está prohibido por las leyes de protección histórica tanto de la Nación como de la Ciudad.
La controversia gira en torno a un proyecto y a una limitación que existe sobre el edificio. El punto es el siguiente: la considerable intervención que se pondría en marcha si avanza la iniciativa presentada por la empresa DF Entertainment, propiedad del empresario argentino Diego Finkelstein, violaría numerosas normas que prohíben expresamente ampliar su volumen, alterar la fachada y demoler todo el interior.
La historia empezó cuando el Arzobispado y la comunidad salesiana, dueños del Luna, llamaron a un concurso privado a través de la auditora EY para remodelar y explotar el estadio por 20 años. Las dos entidades religiosas son las dueñas en partes iguales desde que, en 2013, Ernestina Lectoure legó a su fallecimiento el 95% de las acciones.
En ese llamado a ofertas compitieron 10 interesados, entre ellos DF Entertainment, S.A. La Nación, Fenix Entertainment, el productor Marcelo González y ASM Global. La consigna del convocante fue trabajar sobre el espacio actual con modificaciones permitidas, siempre de acuerdo con la normativa vigente, es decir, respetando la doble protección de este Monumento Histórico.
Sin embargo, el Arzobispado eligió la propuesta de DF Entertainment, porque le pagará un canon mayor por el hecho de construir un estadio mucho más grande -y por lo tanto con mayor público- a pesar de que está prohibido. Dicha empresa tiene como accionista controlante del 51% a la corporación norteamericana Live Nation Entertainment Inc.
El estadio está catalogado con “Nivel de Protección Estructural” por la Ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, está incorporado al Anexo I del Código Urbanístico. Asimismo, fue declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto PEN Nº 123 de 2007, lo que le entrega la doble protección. El nivel de protección que le otorga la Ciudad busca preservar y proteger un patrimonio cultural, histórico o ambiental de gran relevancia. Específicamente, esta categoría suele aplicarse a inmuebles que presentan un valor significativo desde el punto de vista arquitectónico, histórico o paisajístico.
Los inmuebles catalogados de esta manera tienen restricciones más estrictas respecto a su modificación, demolición o cualquier intervención que pueda afectar su integridad. El objetivo es asegurar que estos bienes se mantengan y conserven para las futuras generaciones, contribuyendo así a la identidad y a la historia de la ciudad.
La protección abarca la totalidad del estadio, es decir, no se puede demoler la cubierta (fachadas y techo) ni los elementos significativos del interior (tribunas, galerías y piso).
A pesar de estas claras limitaciones que imponen las normas, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del gobierno nacional, aprobó el proyecto de la Iglesia y Finkelstein en tiempo récord, el 6 de enero pasado. El proyecto fue presentado con la firma de los estudios de arquitectura Bodas-Miani-Anger y Enrique Lombardi y Asociados.
De acuerdo con el acta de la Comisión Nacional, la aprobación fue en una reunión virtual que empezó aquel día a las 10 de la mañana. Estaban conectados la presidenta de la comisión, Mónica Capano; el vicepresidente, Alberto Petrina, y los vocales Gladys Pérez Ferrando, Juan Vacas, Andrés Mage, Silvina Pedreira, Selva Battistiol, Magalí Marazzo y Rosa Aboy. La conversación sobre el Luna Park no se detuvo en cuestiones técnicas y reglamentarias (no hay una sola mención al tipo de obras que se llevarían a cabo), sino que transitó sobre valoraciones subjetivas de la necesidad de modificarlo. Tampoco se mencionan en el Acta los necesarios estudios técnicos que se requieren para avalar la aprobación. “Esta Comisión afirma, tal el estado del arte actual del patrimonio, que el mismo es una construcción social, histórica que debe ser sustentable y habitable ya que, de otra forma, se lo condenaría a dejar de interpelar a su comunidad, convertido en una pieza sacralizada por fuera de la cotidianeidad. En síntesis, esta Comisión aprueba la documentación remitida, y aprueba el inicio de las obras a condición de constituir una mesa de trabajo como se señaló”, afirmó escuetamente el cuerpo colegiado en aquella reunión del 6 de enero.
A pesar de que el Código Urbanístico de la Ciudad prohíbe la ampliación del volumen y la demolición de la cubierta y de todo el interior del Luna, el subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad, Juan Vacas, que responde políticamente al jefe de Gobierno, Jorge Macri, en su calidad de integrante de la Comisión Nacional votó a favor del proyecto.
Dicha Comisión justificó su decisión en la supuesta ausencia de alternativas para el Luna Park, al que describe en el Acta como “sin futuro”, omitiendo considerar que en realidad el estadio tuvo más de 80 espectáculos por año en 2023 y 2024 y que la Iglesia recibió otras 9 propuestas de modernización y operación del estadio, que dejó de lado, eligiendo la que viola la normativa de protección histórica.
En el gobierno nacional se despegaron de la decisión. “La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura de la Nación, y como tal, tiene autonomía técnica del Poder Ejecutivo en sus decisiones o recomendaciones. Las autoridades actuales de la Comisión fueron establecidas a través del Decreto 769/2022 y tiene vigencia por un período de seis años”, comentaron en la Secretaría de Cultura, que tiene la tutela sobre el organismo, pero no interviene en sus decisiones.
Para avanzar con las obras de demolición y de construcción del nuevo edificio, ahora deberá intervenir el gobierno de la Ciudad para aprobarlas o rechazarlas. A fines de marzo, el expediente ingresó en la Subsecretaría de Gestión Urbana, dependiente de la Jefatura de Gabinete del gobierno porteño, bajo la identificación IF-2025-13421526. Se trata de una consulta obligatoria. Una fuente de la administración de Jorge Macri confirmó a LA NACION que el expediente “es analizado en las áreas de urbanística del gobierno de la Ciudad”. No mucho más.
De acuerdo con las constancias que están en ese expediente, los propietarios del Luna solicitan autorización al gobierno de la Ciudad para demoler 16.421 metros cuadrados, o sea, todo el interior, y ampliar la superficie construida en 34.234 metros cuadrados, llevándola aproximadamente al doble de la actual.
Cuando este escándalo se hizo público por primera vez a través de los medios de prensa en diciembre pasado, las organizaciones de la sociedad civil Basta de Demoler y Fundación Ciudad pidieron informes al gobierno de la Cuidad. Mediante el expediente Nº 2024-45596807-GCABA-MGEYA, la autoridad porteña respondió que las intervenciones en edificios catalogados como el Luna Park están estipuladas en el apartado 9.1.3.2.2 del Código Urbanístico, denominado Protección Especial Edilicia, que establece lo siguiente: “Protección estructural: se encuentran afectados a este nivel aquellos edificios de carácter singular y tipológico, que por su valor histórico-cultural, arquitectónico, urbanístico o simbólico caracterizan su entorno o califican un espacio urbano o son testimonio de la memoria de la comunidad. Protege el exterior del edificio, su tipología, los elementos básicos que definen su forma de articulación y ocupación del espacio, permitiendo modificaciones que no alteren su volumen.»
En la misma línea, el 20 de diciembre de 2024 la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad declaró ante una consulta de TN.com que el proyecto de Diego Finkelstein refrendado por la Iglesia “tal y como se conoce no podría llevarse a cabo”, y que “la empresa debería presentar nuevos planos”.
El corazón de la polémica está, justamente, en la ampliación del volumen propuesta por DF Entertainment, que permite colocar una segunda bandeja que entrega más capacidad y, obviamente, más posibilidad de pagar un canon mayor a la Iglesia, a pesar de que viola las normas vigentes. Actualmente, el estadio tiene una estructura rectangular con una cornisa de 17,5 metros de altura, sobre la que se apoya el techo. El proyecto pretende llevar esa cornisa a 20 metros y, adicionalmente, apoyar sobre ella un nuevo techo que llevaría la estructura a 35 metros de altura, el doble de la actual. Más altura y mayor volumen son las principales críticas que le caen a la iniciativa.
Consultada María del Carmen Usandivaras, de Basta de Demoler, declaró a LA NACION: “La Comisión Nacional de Monumentos aprobó prácticamente a libro cerrado. Se trata de un monumento histórico, y por eso debió de intervenir la Comisión de Monumentos, pero no intervino en casi nada. Se reunieron sus miembros y todo les pareció bien y en tiempo récord. El Luna Park tiene protección estructural, limitaciones. La estructura no se podría tocar, pero el proyecto se eleva uno o dos pisos; eso es modificación de la estructura. Agrega estacionamiento y modifica la fachada. Todo eso no está permitido. Que el interior haya que remodelarlo no está en discusión, pero lo que salió a la luz es que el proyecto presentado sí tiene modificaciones de estructura y de fachadas.”
Fuentes del Arzobispado confirmaron a LA NACION que para avanzar se necesita que el Vaticano conceda el acuerdo final. “Aún no está esa aprobación. Para los accionistas del Luna Park es condición indispensable que el proyecto preserve el valor histórico y cultural del estadio”, dijo ayer una alta fuente de la Iglesia a LA NACION.
La muerte del Papa Francisco, además, sumó un condimento extra. La sede papal está vacante y todos los dicasterios, que son los ministerios del Vaticano, también quedaron en la misma situación. “Cada uno de ellos está dirigido por un prefecto y todos ellos también renunciaron a la espera de un nuevo Papa. Por lo tanto, todo está parado. Solo hay una oportunidad que algo haya cambiado y es que el papa Francisco lo haya resuelto antes de morir y que la decisión esté en camino mediante alguna valija diplomática, que, pese a lo antiguo, es lo que utiliza aún hoy el Vaticano”, afirmaron ayer en el Arzobispado.
Pero más allá de aquella autorización, el expediente con el proyecto de DF Entertainment, que modifica la estructura histórica, ya empezó a transitar el proceso administrativo con la aprobación exprés de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. “Sabemos que algunos que se presentaron para operar el Luna Park hicieron la presentación a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos (se refiere a DF Entertainment, de Diego Finkelstein), pero eso no quiere decir que esté ya aprobado por el Vaticano. Sin la autorización del Vaticano no se puede firmar el contrato e iniciar ningún proyecto. Es normativa vaticana”, completaron en el Arzobispado. Sin embargo, la documentación a la que accedió LA NACION contradice esas declaraciones. En efecto, el 16 de octubre de 2024 el Arzobispado había firmado con DF Entertainment el contrato de concesión del Luna y el proyecto de obras violatorio de las normas de protección del inmueble, y ahora lo acaba de enviar al gobierno de la Ciudad para solicitar su aprobación.
Fuentes con acceso al trámite en el Vaticano comentaron que la Santa Sede, meses antes del fallecimiento de Francisco, inició una investigación para establecer por qué el Arzobispado había elegido la propuesta de DF Entertainment. Para ello, contrató un estudio jurídico en Roma que debería volver a mirar las 10 ofertas presentadas, para luego recomendar al Papa si convalidar o no el proyecto del Arzobispado y Finkelstein. Todo es una incógnita con la sede vacante.
De acuerdo con el contrato de concesión, la fecha de entrega del estadio a DF Entertainment fue acordada para el pasado 2 de enero y el plazo de la concesión es de 20 años, sumados a otros 20 de prórroga, es decir, 40 años en total. La inversión inicial a cargo de DF Entertainment sería de US$34 millones, destinada a demoler todo el interior y construir un estadio más alto y de mayor volumen, que extenderá su capacidad de los 8400 espectadores actuales a 13.000, lo que significa un aumento del aforo de 53% respecto del actual. La empresa se obliga a pagarle a la Iglesia US$1 millón de prima al tomar posesión del inmueble y, además, le garantiza un mínimo de un monto similar por año durante toda la vigencia del contrato, que estará en relación con el número de aforo que finalmente consiga que le apruebe el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vía aumento del volumen del edificio. Lo cual, según rezan las normas, está prohibido.
Todo indica que la escabrosa historia reciente del glorioso Luna Park podría terminar en los tribunales judiciales.