La relación entre el chavismo venezolano y el correísmo ecuatoriano no es un vínculo retórico ni un simple alineamiento ideológico de época. En los últimos años, una serie de hechos verificables: judiciales, diplomáticos y políticos, han vuelto a poner en evidencia una conexión operativa que va desde esquemas de corrupción transnacional hasta la protección de dirigentes correístas prófugos de la justicia ecuatoriana bajo el amparo del régimen de Nicolás Maduro, hoy detenido en los Estados Unidos. Estos episodios recientes permiten reconstruir cómo esa relación se ha mantenido activa incluso después de la salida de Rafael Correa del poder, quien no ha regresado a Ecuador pues tiene una sentencia por cohecho.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Alex Saab, señalado por la justicia estadounidense como testaferro del régimen de Maduro y procesado por lavado de activos. En Colombia, Saab fue declarado inocente de esas acusaciones.
En Ecuador, en cambio, el nombre de Saab aparece vinculado a operaciones comerciales realizadas durante el gobierno de Correa, particularmente en supuestas exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador que habrían servido para el movimiento irregular de capitales. En 2021, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió reabrir una investigación sobre estas transacciones, bajo el argumento de que podrían aportar nuevos elementos sobre una trama que ya había sido archivada en el pasado.
Según la documentación parlamentaria y reportes periodísticos, estas operaciones se habrían ejecutado mientras Saab consolidaba su rol como operador clave del chavismo en esquemas internacionales de financiamiento y evasión de sanciones, un patrón que luego fue confirmado por procesos judiciales fuera del país.
Pero la relación no se limita al plano económico. En los últimos años, Venezuela se ha convertido en un territorio de refugio para ex funcionarios y ex legisladores correístas procesados por delitos graves en Ecuador.
El caso de Ronny Aleaga, ex asambleísta del correísmo investigado en el marco del caso Metástasis por presuntos vínculos con el narcotráfico y procesado como sospechoso de la autoría intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio, ilustra con crudeza esta dinámica. Aleaga permanece en Venezuela en condición de prófugo, y su permanencia en ese país ha estado acompañada de denuncias directas sobre la colaboración de autoridades venezolanas para impedir acciones legales en su contra.
Un episodio particularmente sensible es el relatado por Carolina Jiménez, ex esposa de Aleaga, quien denunció que su hijo menor de edad fue retenido en Venezuela con la complicidad de funcionarios del régimen. Según su testimonio, pese a contar con documentos judiciales ecuatorianos que acreditan su custodia, las autoridades venezolanas bloquearon reiteradamente el retorno del niño a Ecuador, bajo órdenes “que venían de arriba”.
El relato incluye retenciones arbitrarias, confiscación de documentos y un operativo de seguridad que, según la denunciante, fue coordinado directamente por Aleaga con apoyo estatal. La Fiscalía ecuatoriana confirmó la apertura de una investigación de oficio por presunto secuestro, mientras que la Cancillería ha reconocido las limitaciones diplomáticas para actuar tras el cierre de las legaciones venezolanas en Ecuador.
Otro hito clave que refuerza la conexión chavismo-correísmo es la fuga de María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas del gobierno de Correa, condenada por corrupción. Duarte escapó en marzo de 2023 tras permanecer más de un año asilada en la Embajada de Argentina en Quito. Según reveló el entonces canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el entonces presidente argentino Alberto Fernández –que comulgaba con la línea del socialismo del siglo XXI– le habría relatado en una llamada telefónica que la salida de Duarte fue planificada desde Caracas, con participación del embajador argentino ante el régimen de Maduro.
De acuerdo con esa versión, Duarte abandonó la sede diplomática argentina en un vehículo diplomático, aprovechando un evento social en la embajada, y posteriormente salió de Ecuador por vías irregulares hasta llegar a Venezuela. Holguín afirmó que no existen registros migratorios de una salida regular del país ni de un ingreso formal a Colombia, lo que refuerza la hipótesis de un traslado clandestino con apoyo estatal. El gobierno ecuatoriano declaró persona non grata al entonces embajador argentino en Quito, mientras que las autoridades venezolanas nunca dieron explicaciones oficiales sobre la presencia de Duarte en su territorio.
Estos casos no son hechos aislados ni meras coincidencias personales. En conjunto, configuran un patrón en el que el régimen chavista ha operado como un espacio de protección política y territorial para cuadros correístas procesados por corrupción o delitos graves, al tiempo que mantiene vínculos históricos con figuras clave del proyecto político de Correa. Durante su mandato e incluso tras las graves violaciones de derechos humanos reportadas, el ex presidente ecuatoriano –condenado por corrupción– defendió abiertamente al chavismo en foros internacionales, cuestionó los informes sobre vulneraciones de los derechos fundamentales en Venezuela y sostuvo una relación estrecha con Hugo Chávez y, posteriormente, con Maduro.
Ahora que Maduro ha sido capturado y detenido por los Estados Unidos, tanto Correa como el ala más radical de su movimiento defienden al dictador venezolano.