La desaparición de un hombre por más de un mes y el hallazgo de un cuerpo en un pozo tipo aljibe marcó el inicio de una investigación en la localidad de Cinco Saltos, en Río Negro. El 24 de julio, personal policial localizó el cadáver de Eduardo Fuentes en un predio cercano al Lago Pellegrini. Este descubrimiento permitió a la Fiscalía avanzar en la reconstrucción de los hechos y formalizar la acusación contra Miguel Ángel Navarrete, quien alegó legítima defensa, argumento desestimado por el magistrado. El sospechoso está imputado por homicidio agravado y le dictaron una prisión preventiva de 4 meses.
La reconstrucción del hecho índica que el crimen ocurrió entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de junio, cuando la víctima se presentó en la propiedad del imputado para reclamar animales que consideraba de su propiedad.
En ese contexto, Navarrete habría sorprendido a Fuentes y le disparó en el tórax con un arma de fabricación casera, provocando su muerte. Posteriormente, el cuerpo fue ocultado en el mismo predio, lo que dificultó su localización durante más de un mes.
El despliegue que culminó en el hallazgo del cuerpo de Fuentes fue resultado de un operativo encabezado por la Policía de Río Negro, con la participación coordinada de la Brigada de Investigaciones de Cinco Saltos, la División Canes especializada en búsqueda de restos humanos, la Brigada Rural y personal de Criminalística, además del BMA.
El cadáver fue trasladado a la morgue y, así, lograron confirmar que se trataba de Fuentes, quien al momento de su desaparición tenía un gorro de lana color naranja, una campera de neoprene color celeste, pantalón y buzo de color negro y zapatillas deportivas negras.
El cuerpo estaba en una zona rural precaria, caracterizada por la presencia de criaderos de chanchos y construcciones alejadas. Ese campo pertenece al hombre de 64 años, quien actualmente permanece detenido.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía detalló que el arma utilizada era de fabricación casera y de uso prohibido, y que el acusado carecía de autorización legal para portarla.
Entre los elementos de prueba presentados se incluyó la denuncia por desaparición de persona, radicada por la pareja de la víctima el 26 de junio, así como declaraciones de testigos, tareas del Gabinete de Criminalística y el informe preliminar de autopsia, que determinó la causa de muerte. Además, se valoró el secuestro del arma presuntamente utilizada en el hecho, lo que refuerza la hipótesis de la acusación.
La calificación legal del caso, según la Fiscalía, corresponde a homicidio calificado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de guerra, en calidad de autor, conforme a los artículos 79 en función del 41 bis, 54, 189 bis segundo acápite, cuarto párrafo y 45 del Código Penal. Esta tipificación agrava la situación procesal del imputado y establece un marco penal más severo.
Por su parte, la Defensa Pública planteó que se trató de un caso de legítima defensa. El imputado declaró brevemente y la defensa argumentó que existen testigos que afirman que la víctima y otro hombre llegaron al lugar durante la noche con intenciones de robo y portaban cuchillos.
“Estaba adentro descansando y empezaron a gritar los perros y gansos. Atiné a disparar, otra cosa no me quedaba. Amagué para un lado y para el otro, y bueno, gatillé la porquería esa”, afirmó Navarrete en su declaración, según informó el medio local Río Negro.
No obstante, la jueza de Garantías que intervino en la causa resolvió admitir la formulación de cargos tal como fue presentada por la Fiscalía. La magistrada fundamentó su decisión en el hecho de que Navarrete ocultó el cuerpo tras el disparo, lo que debilita, al menos en esta etapa inicial, la hipótesis defensiva.
“Una persona que está convencida de haber actuado en defensa propia no oculta el cuerpo en un pozo durante todo este tiempo”, argumentó la jueza.
Además, la magistrada comentó que hay contradicciones entre el relato de Navarrete y la declaración de un testigo.
La jueza también dispuso la prisión preventiva del imputado durante un plazo de cuatro meses, al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, dada la conducta posterior al hecho y la posibilidad de que, en libertad, pudiera influir sobre testigos.
La investigación judicial continuará durante ese periodo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la responsabilidad penal de Navarrete.