Bolivia enfrenta una nueva crisis de combustible por dudas sobre la calidad de la gasolina. En febrero, la estatal petrolera admitió haber distribuido combustible “desestabilizado”, lo que justifica los miles de reclamos presentados ante un sistema de resarcimiento de daños creado por el Gobierno para compensar los gastos de reparación.
En medio de protestas de los transportistas, este jueves el Gobierno firmó un acuerdo en el que se compromete a crear comisiones mixtas para verificar el combustible y acelerar el pago del resarcimiento. Sin embargo, mientras no se certifique de que la gasolina vendida cumple con estándares mínimos de calidad, el conflicto estará latente.
Cinco claves para entender por qué en Bolivia el tema del combustible es un desafío persistente y un eterno foco de tensión.
Subsidios y escasez
A partir de 2014 hubo un descenso sostenido en la producción gasífera, lo que originó el derrumbe de la industria petrolera y la bonanza económica del país. La producción pasó de casi 60 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) a menos de 27 en poco más de una década y las exportaciones colapsaron, con una reducción de casi 5.000 millones de dólares en el mismo periodo.
En ese contexto económico y con una demanda creciente, la importación de combustible fue cada vez más difícil de cubrir.
Bolivia importa casi el 100% del diésel y más del 50% de la gasolina que necesita para abastecer su mercado interno, demanda que era cubierta por subvención estatal. El consumidor final pagaba un precio que estaba congelado desde 2005 y que era equivalente a la mitad del costo real.
El monto total destinado para la importación y subvención fue creciendo cada año y en 2024, Bolivia gastó 2.381 millones de dólares, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB). Esta situación provocó que entre 2023 y 2025 fueran recurrentes los periodos de escasez debido a la falta de dólares para sostener una importación regular.
Los bolivianos enfrentaron periodos cada vez más prolongados y frecuentes de desabastecimiento con filas de varias horas —e incluso días en el caso del diésel— para abastecer los tanques de combustible.
Fin de los subsidios
El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz —que había asumido funciones en noviembre— firmó un decreto a través del cual eliminó la subvención al diésel y la gasolina. Con esta medida el precio de la gasolina se duplicó y el del diésel se triplicó, y quedaron fijos en montos acordes con el precio internacional que serán reajustados en los próximos meses. En paralelo, se aumentó el salario mínimo nacional y algunos bonos sociales para compensar el consecuente aumento de los precios de productos básicos.
Esta medida estuvo acompañada de una regularización de las importaciones, lo que se tradujo en la reducción de las filas y la normalización del abastecimiento. De igual forma, se cortaron las redes de contrabando hacia otros países que se habían conformado en los últimos años y que llegaron a generar una pérdida anual de 600 millones de dólares.
Cuestionamientos sobre la calidad
Tras unas semanas de estabilidad con la regularización en el suministro y la aceptación generalizada sobre el aumento del precio del combustible, a finales de enero surgieron dudas sobre la calidad de la gasolina distribuida debido a múltiples denuncias de fallas en motores atribuidas al combustible. El problema no era menor: según el Colegio de Ingenieros Mecánicos, cerca del 60% de los vehículos que entraron a talleres mecánicos en febrero tenían fallas por la gasolina.
Inicialmente el Gobierno incurrió en contradicciones: un ministro admitió un “problema técnico” y YPFB descartó irregularidades y aseguró que la gasolina se encontraba dentro de las especificaciones de calidad requeridas.
Sin embargo, poco tiempo después la estatal petrolera informó que nuevos estudios habían encontrado restos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento que habrían contaminado el combustible y atribuyó la falla al Gobierno anterior.
En busca de soluciones
En medio de presión social, el Gobierno informó que se inyectarían detergentes y aditivos especiales para mejorar la calidad de la gasolina y crear un seguro para cubrir gastos de reparación a los usuarios afectados. “Las personas que evidencien un daño en el automóvil o en el motor pueden acudir a un taller donde se realizarán las verificaciones correspondientes”, indicó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el 7 de febrero. También se anunció rigurosidad en la certificación técnica de los daños para evitar cobros irregulares.
En más de un mes y medio, cerca de 10.000 personas presentaron reclamos ante YPFB por los daños con gastos de mantenimiento que oscilan entre los 100 y 5.000 dólares. La estatal petrolera informó que hasta el 25 de marzo había pagado indemnizaciones por 357.000 dólares y que seguirá haciendo las compensaciones en abril.
Manifestaciones y acuerdo con choferes
Las protestas por la gasolina se extendieron durante las siguientes semanas. A más de dos meses de iniciado el conflicto, los choferes sindicalizados de La Paz realizaron un paro con bloqueos en reclamo por soluciones definitivas al tema del combustible.
Según su denuncia, la gasolina que se distribuye continúa siendo de mala calidad y está generando daños en los vehículos; y los pagos del resarcimiento no se están cumpliendo con celeridad.
El Gobierno y los choferes firmaron un acuerdo el jueves pasado para poner paños fríos al conflicto latente: acordaron crear comisiones mixtas para verificar la calidad del combustible y agilizar el pago de compensaciones por daños vehiculares.
La firma de este documento se tradujo en la suspensión de las medidas de presión, pero no resuelve el problema de fondo: cómo garantizar el abastecimiento regular de combustible con estándares mínimos de calidad. Lo básico para el funcionamiento de cualquier país.