Cuatro años, tres meses y diez días permaneció el coronel retirado de la Guardia Nacional José Ramón Silva Reyes en la embajada de Guatemala en Managua, desde el 18 de julio de 1979 hasta el 30 de octubre de 1983. Desde ese último día desapareció.
Cuarenta y dos años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Nicaragua por la desaparición forzada de José Ramón Silva Reyes y quedó al descubierto la trampa que el régimen sandinista montó para sacar al militar de la embajada, torturarlo, asesinarlo y desaparecer sus restos.
Silva Reyes fue uno de los miles de militares que buscaban escapar de Nicaragua en los últimos días de la guerra civil que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle, en julio de 1979. Algunos cruzaron la frontera, muchos se refugiaron en sedes de la Cruz Roja y otros irrumpieron en embajadas pidiendo asilo y protección para su vida.
El 18 de julio, mientras los guerrilleros sandinistas entraban a Managua, el coronel Silva se presentó a la embajada de Guatemala, con su familia cercana, mostrando su carné de militar, para solicitar asilo político.
José Ramón Silva Reyes era un coronel de infantería, fue fiscal y comandante militar en el norteño departamento de Nueva Segovia. Al momento del triunfo sandinista, estaba retirado, pero sabía que por su rango era un objetivo de quienes estaban tomando el poder en Nicaragua.
Pidió un salvoconducto para salir del país, y el nuevo gobierno revolucionario se lo negó repetidas veces. Permaneció en la sede diplomática por más de cuatro años, hasta desaparecer sin dejar rastros.
La versión oficial de 1983 fue que Silva Reyes y otros dos asilados se habían fugado de la sede diplomática entre el 29 y 30 de octubre. Así lo informó el Ministerio del Interior en un comunicado publicado en el oficialista diario Barricada.
“El Ministerio del Interior informa: que estando asilado en la embajada guatemalteca en Managua, se fugaron entre el 29 y 30 de Octubre de ese año (1983), según nota enviada el día 31/10/83 a nuestra cancillería por la embajada de Guatemala acreditada en nuestro país, el Ex Coronel G.N., José Ramón Silva Reyes, junto a otros dos asilados. Que el Ministerio del Interior ha iniciado las investigaciones, para la captura de los elementos”, señaló el comunicado.
Nadie creyó esa historia en la familia. La Cancillería guatemalteca confirmó que no tenía prueba alguna de escape. El régimen nunca mostró un registro de detención, ni liberación, ni traslado. Simplemente repitió que se había fugado.
La verdad comenzó a conocerse años después.
En 1985 desertó de Nicaragua, y buscó protección en Estados Unidos, Álvaro Baldizón, un exoficial de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) que, a mediados de los años 80, formaba parte de las estructuras de inteligencia sandinista encargadas de operaciones sensibles y del manejo de información clasificada.
Su salida no fue una fuga improvisada: la hizo tras meses de tensión interna, al percibir que sus conocimientos, su creciente incomodidad frente a ciertas prácticas y sus contactos fuera del país lo ponían en riesgo. Una vez en el exilio, entregó información detallada sobre la estructura y el funcionamiento de la Seguridad del Estado, los mecanismos de persecución política, la manipulación de expedientes y la vigilancia a opositores, religiosos, periodistas y disidentes sandinistas.
Entre otras graves revelaciones, Baldizón confirmó que la Dirección General de Seguridad del Estado infiltró en 1981 a un falso asilado dentro de la embajada de Guatemala para sacar y asesinar a altos oficiales de la derrotada Guardia Nacional que se refugiaron ahí.
El infiltrado se identificó como exmiembro de la Oficina de Seguridad Nacional de Somoza. Llegó con una historia armada para ganarse la confianza de los asilados y se presentó como parte de un plan clandestino que supuestamente les permitiría huir de Nicaragua.
Durante casi dos años hizo trabajo de inteligencia y acercamiento para ganar la confianza de las verdaderas piezas que la DGSE buscaba: Silva Reyes, Alfonso Lagos y Chester Escobar.
Para hacer creíble el engaño, permitieron que algunos asilados de menor perfil abandonaran el país sin complicaciones, a través de la red que el infiltrado proponía.
Esos primeros fugados llamaron luego desde Guatemala para reportar sus salidas exitosas y eso terminó de convencer al coronel, que llevaba años encerrado en pocas habitaciones, comiendo raciones mínimas, con una salud cada vez más frágil y sin esperanza de obtener un salvoconducto.
El falso asilado fijó fecha y ruta. Les dijo que treparían la tapia trasera de la embajada, que la calle estaría despejada y que un vehículo los llevaría a una casa segura antes de trasladarlos a Guatemala, tal como habían hecho con el otro grupo.
Lo que había realmente del otro lado del muro era una celada. Según Baldizón, fueron capturados en un rancho en las faldas de las sierras de Managua por miembros del Departamento F1, bajo la orden del teniente Raúl Castro González.
El Departamento F1 fue una de las unidades más temidas y herméticas de la DGSE durante los años 80 en Nicaragua. Operaba donde el régimen sandinista no quería dejar huellas. Vigilaba, infiltraba y perfilaba a opositores, exguardias, disidentes del propio FSLN, intelectuales incómodos y cualquier persona considerada “enemiga potencial”.
Además, como en este caso, ejecutaba detenciones clandestinas, seguimientos, interceptación de comunicaciones y operaciones de “control social” que no quedaban registradas en estructuras formales.
El jefe de la DGSE, Lenín Cerna, recibía información directa del F1. Sus operaciones eran consideradas “estratégicas”, y sus agentes gozaban de autonomía, recursos y cobertura política.
Según las declaraciones de Baldizón, a Silva y compañía los llevaron a celdas clandestinas en Tipitapa, donde actuaban los oficiales encargados de las llamadas medidas especiales: torturas, interrogatorios y ejecuciones sin juicio.
Entre ellos estaban José Raúl Cordón Morice, Lenín Cerna, Primitivo Rodríguez, Juan José Ubeda y otros operadores del Ministerio del Interior. Los cuerpos habrían sido enterrados en fosas comunes.
Los familiares de Silva Reyes comenzaron su peregrinaje inmediatamente después del comunicado “de fuga” del régimen. Su hijo, Ramón José Silva López, pidió información en oficinas públicas, cuarteles y ministerios. Lo único que obtuvo fueron amenazas de la Seguridad del Estado. Finalmente huyó al exilio.
Ante la CIDH declaró que pidió por el salvoconducto de su padre ante el poderoso ministro del Interior de la época, comandante Tomás Borge Martínez, dado que cuando fue el coronel Silva fue fiscal hizo posible que se condenara al mayor Oscar Morales, por el asesinato de un militar rebelde, y que cuando fue jefe militar departamental capturó y entregó con vida dos veces al fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador.
“Sin embargo el señor Tomás Borge me dijo: ‘que era imposible que se le diera salvoconducto al que fundó la Oficina de Seguridad Nacional, que era uno de los que la revolución lo quería vivo o muerto y me pidió que le dijera que mejor se entregara que tendría un juicio justo’”, dijo en su testimonio Silva López.
Desde afuera continuó investigando y encontró el testimonio de Baldizón en 1986, donde se detallaba todo el plan. Aun así, las autoridades nicaragüenses desestimaron durante décadas cualquier solicitud de información o investigación.
En Nicaragua, la familia presentó la denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en 2005. Pidieron que el Estado investigara y ubicara el paradero de Silva Reyes.
En 2014, el entonces Procurador General de la República, Hernán Estrada, desestimó la solicitud alegando que los hechos estaban prescritos. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquella respuesta confirmó la falta absoluta de voluntad oficial para investigar. En 2023, tras años de inacción estatal, la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana.
“Según declaraciones del señor Roberto Escobedo Caicedo (posiblemente un seudónimo), una vez que el señor Silva Reyes junto con los otros dos asilados fue entregados al DGSE, los condujeron a un centro de torturas e interrogatorios que tenían en un local situado en las proximidades de la Cárcel Modelo de Tipitapa, donde procedieron a torturarlos y que con posterioridad los ejecutaron y los enterraron en una zanja”, expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la presentación del caso ante la Corte IDH, en agosto de 2023.
La Corte concluyó en su sentencia que Silva Reyes fue víctima de desaparición forzada desde el momento en que fue inducido a abandonar la embajada mediante engaños y detenido en condiciones clandestinas.
La revista Domingo, del diario La Prensa, recordó este episodio con los asilados de Guatemala, cuando el régimen de Daniel Ortega reclamaba en 2024 un salvoconducto para el expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá.
Álvaro Baldizón, el agente que dio pistas de la desaparición, murió en extrañas circunstancias tres años después de desertar de las filas sandinistas, el 19 de junio de 1988, en Los Ángeles, Estados Unidos. Oficialmente murió “por derrame familiar”, pero los medios sandinistas celebraron su muerte como por “sobredosis de drogas”.
La noche anterior había cenado en un restaurante colombo-nicaragüense cercano a su casa, que “apareció de la nada” y, poco después de su muerte, también desapareció sin dejar rastro.