Durante años creímos que el voto era un escudo frente a la barbarie, una muralla civilizatoria contra la violencia. Pero hoy, en buena parte de Hispanoamérica, ese muro se ha derrumbado. El crimen organizado no solo convive con la política: la penetra, la financia, la intimida y, en muchos casos, la dirige. Ya no basta decir que corrompe las instituciones: el crimen organizado participa activamente en la política. Vota, impone y gobierna.
En Colombia, las recientes elecciones internas del partido oficialista mostraron una realidad inquietante: en municipios bajo control de grupos armados ilegales la participación electoral se disparó de forma inusual, hasta un 30 % de los habilitados. En zonas donde el abstencionismo era norma, el voto se multiplicó más de cien veces. No fue coincidencia. Son territorios dominados por el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales que reemplazan al Estado y deciden quién puede o no puede participar. Allí, votar es obedecer: se elige bajo amenaza, con dinero oscuro y silencio impuesto.
México vive un drama paralelo. El Instituto Nacional Electoral ha identificado más de 14.000 zonas de riesgo donde la violencia del narcotráfico impide garantizar elecciones seguras. En los comicios recientes, cerca del 30 % de los circuitos estuvo comprometido. Ya no se trata de interferencias puntuales, sino de la captura sistemática del poder por organizaciones que actúan como Estados paralelos. En algunas regiones, incluso la justicia ha sido secuestrada: se eligen jueces en consultas populares donde vota apenas una minoría, y los candidatos del crimen terminan dictando sentencia.
Cuando la intimidación no basta, llega el asesinato. En Ecuador, el magnicidio de Fernando Villavicencio —tras denunciar vínculos entre políticos y mafias— mostró hasta qué punto el crimen define las reglas del juego. En México, decenas de candidatos locales han sido asesinados en los últimos años. El mensaje es brutal: quien no se somete, desaparece.
Este modelo de poder ha alcanzado su forma más perfeccionada en Venezuela, donde el Estado fue absorbido por redes de corrupción, narcotráfico y alianzas criminales internacionales. Allí, el régimen no es solo autoritario: es una corporación del crimen transnacional con fachada política. En otras palabras, el sueño de Pablo Escobar llevado a nuestros días. Exporta no solo migración y propaganda, sino métodos: captura institucional, manipulación electoral, represión y control territorial a través de mafias y grupos armados.
El problema ya no se limita a las fronteras. Las redes del crimen latinoamericano operan hoy en Europa, Estados Unidos y Canadá, moviendo dinero, drogas, armas y personas. Lo que ocurre en Culiacán, Tumaco o Maracaibo tiene consecuencias globales. El crimen vota allí, pero sus efectos se sienten en todo el planeta.
Las víctimas son los pueblos de la región: millones de desplazados y migrantes que huyen no solo del hambre o la dictadura, sino del poder armado que domina sus territorios. Pierden no solo el derecho al voto, sino algo más esencial: el derecho a vivir con dignidad y sin miedo.
No estamos ante simples “democracias fallidas”, sino frente a una nueva forma de autoritarismo criminal, donde las urnas encubren la violencia y las instituciones son rehenes del delito. Mientras las democracias del mundo guardan silencio, el crimen sigue votando, ganando y gobernando. Y es hora de reconocerlo: el crimen organizado no es solo un problema de seguridad; es el desafío político, moral y civilizatorio más urgente que enfrenta Hispanoamérica.