Tras varios días de servicios reducidos y complicaciones para los usuarios, el sistema de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empieza a avanzar hacia una normalización gradual, aunque aún se mantienen algunas líneas en paro.
En términos generales, el conflicto se originó con el aumento del costo del combustible, que elevó los gastos operativos y llevó a las empresas a exigir mayores subsidios o un incremento en las tarifas, ante la imposibilidad de hacer frente, por ejemplo, al pago de salarios. No obstante, la tensión entre el Gobierno nacional y las compañías de colectivos es de larga data.
Por ahora, algunas líneas siguen afectadas por medidas de fuerza ante la falta de pago de salarios. Entre ellas se encuentran las líneas 333, 407, 437 y 707, operadas por la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que continúan en paro. En el sector aseguran que se trata de una compañía “semi quebrada” que interrumpe el servicio todos los meses.
Para el resto de las líneas, habrá una mesa técnica —que se reunirá el martes— para analizar junto al Gobierno Nacional cómo afrontar el aumento del gasoil sin trasladarlo a la tarifa. Mientras tanto, las cámaras empresariales asumieron el compromiso de hacer todo lo posible para mejorar los servicios.
Por otra parte, este lunes, cinco cámaras empresarias mantendrán negociaciones con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Las partes presentan posturas contrapuestas respecto de la situación financiera del sector, la gestión de los subsidios y los plazos necesarios para normalizar los pagos que garanticen tanto los salarios como la continuidad de los servicios. Desde la Provincia aseguran que no registran deudas con el sector, a excepción del compromiso correspondiente a abril, cuyo pago impacta hoy.
Según indicaron, por decisión del gobernador Axel Kicillof, el adelanto de subsidios se incrementó del 50% al 65%, con el objetivo de cubrir la masa salarial y evitar una profundización del conflicto.
En tanto, las empresas aguardan la acreditación de esos fondos, que corresponden a un saldo de $50.000 millones que debía liquidarse el viernes. Aunque desde la Provincia sostienen que la transferencia ya fue realizada, las compañías aún no han podido disponer del dinero en sus cuentas.
Fuentes de la gobernación señalaron que la situación podría resolverse durante la mañana del lunes, ya que las operaciones bancarias efectuadas fuera del horario hábil suelen acreditarse al día siguiente.
El principal problema para las empresas de transporte surgió del encarecimiento del combustible. Tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y, en la Argentina, los valores en el surtidor aumentaron alrededor de un 20%.
Dado que las empresas de colectivos del AMBA consumen más de un millón de litros de gasoil por día —lo que equivale a unos 411 millones de litros anuales considerando las jurisdicciones de CABA, provincial, municipal y nacional—, cualquier variación genera un impacto multiplicador inmediato.
Un informe de Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) detalló que el sistema atraviesa un déficit crítico debido a la brecha entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos.
Mientras las empresas abonan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema estatal solo contempla $1.750. Esta diferencia, advierten, desfinancia a las compañías y reduce su capacidad para sostener la frecuencia y regularidad de los servicios. Desde AAETA advirtieron que el sistema pierde $370 millones diarios.
Para ilustrar la gravedad de la situación, se presentó el “Índice Bondi” de febrero de 2026, elaborado antes del aumento de combustibles.
De acuerdo con AAETA, el costo real de mantener el sistema ese mes fue de $387.270,60 millones, mientras que la Secretaría de Transporte reconoció $298.433,63 millones. Esto implica una diferencia de $88.836,97 millones mensuales, que impacta en la calidad del servicio, las frecuencias y la renovación de unidades.
