La Cámara de Diputados de la Nación constituyó la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre los hechos relacionados con la comercialización y utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado. La iniciativa surgió con el fin de abordar la crisis sanitaria provocada por la aparición de opioides sintéticos adulterados, que generó consecuencias en distintas jurisdicciones y expuso fallas en los sistemas de control de medicamentos.
La Comisión fue creada para investigar la totalidad de los casos confirmados, probables y sospechosos asociados con el uso de fentanilo contaminado, desglosados por fecha de síntomas, jurisdicción, institución y estado clínico.
Familiares de las víctimas del fentanilo contaminado se reunieron varias veces con los diputados nacionales para expresar su acuerdo en la formación de la comisión especial.
Entre sus objetivos también figura establecer la cronología de la detección del brote, identificar notificaciones, alertas, comunicaciones y protocolos implementados desde el Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La indagación se extiende a revisar la habilitación y funcionamiento de laboratorios clave, en especial HLB Pharma y Ramallo S.A., así como analizar la efectividad del sistema nacional de trazabilidad de medicamentos controlados.
La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado con dos bacterias de HLB Pharma Group SA, propiedad de Ariel Gacía Furfaro, es investigada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. El expediente tiene 17 imputados, seis de ellos están detenidos. El medicamento adulterado estaría vinculado a 96 pacientes fallecidos.
Las atribuciones asignadas a la Comisión Especial autoriza a sus integrantes requerir informes y documentación a entidades públicas y privadas, solicitar peritajes a universidades e instituciones científicas; convocar a funcionarios y terceros a aportar información, recibir denuncias y difundir públicamente las actividades, protegiendo la identidad de los testigos si corresponde.
Además, puede recurrir al Poder Judicial para exigir informes, denunciar hechos y promover la remoción de funcionarios por delitos o mal desempeño.
La Comisión tiene competencia para examinar casos en todo el país y presentar un informe final con recomendaciones legislativas y de política pública para prevenir episodios similares.
La Comisión estará integrada por 31 miembros a propuesta de los distintos bloques, distribuidos a fin de garantizar que los bloques se encuentren representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara.
Los bloques podrán ceder, lugares que estimen pertinentes a otros bloques, a los efectos de asegurar pluralidad dando prioridad a los que presentaron proyectos. Esta cesión se realizará luego de la distribución proporcional inicial, mediante nota de los presidentes de ambos bloques a la Presidencia de la Cámara. Su actividad está prevista hasta el 9 de diciembre de 2025.
Una de las funciones centrales de la Comisión es analizar las causas y responsabilidades por la presencia de fentanilo contaminado en el sistema sanitario público y privado.
El mandato incluye profundizar en las posibles responsabilidades en la producción y distribución de opioides adulterados, con sospechas que recaen especialmente sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalados en el propio proyecto por irregularidades, falencias en el control y presuntos incumplimientos de las Buenas Prácticas de Manufactura.
El proyecto final de conformación de la Comisión Especial, impulsado por la diputada del PRO Silvana Myriam Giudici deja en claro que “en ningún caso se podrán librar órdenes de secuestro de documentación y/o bienes, allanamientos ni hacer comparecer compulsivamente a persona alguna a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido por los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la Nación». Y se aclara que en esos casos, se deberá solicitar la correspondiente orden al Juzgado competente.
La diputada de Fuerza Patria Victoria Toloza Paz era una entusiasta promotora para que la Comisión tuviese esa facultad. Un hecho que no encontró consenso. Finalmente en la sesión de ayer se terminó aprobando a mano alzada y de manera unánime.
El documento parlamentario sostiene que “la cadena de custodia de los medicamentos, la demora en la activación de alertas y la insuficiencia del sistema de trazabilidad nacional permitieron la circulación y aplicación de fentanilo contaminado en hospitales tanto públicos como privados”.
Además de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, la investigación apunta a confeccionar un mapa de posibles omisiones o acciones deliberadas en organismos de control como la ANMAT, autoridades sanitarias provinciales y áreas de fiscalización privadas.
La Comisión está facultada para investigar si hubo obstrucción deliberada, destrucción de pruebas o participación de redes de comercialización ilegal dentro del sistema sanitario.
Su estructura interna incluye la elección de una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría por los propios integrantes. El Observatorio de Víctimas de Delitos cumplirá un rol asesor permanente, especialmente en lo vinculado a propuestas de acompañamiento para personas afectadas conforme a la Ley 27.372.
El reglamento permite a la Comisión convocar a expertos, autoridades sanitarias y representantes de la sociedad civil a audiencias públicas y consultas técnicas. Todas sus actuaciones serán transparentes y se transmitirán públicamente, a excepción de los casos en que la protección de testigos lo requiera.
La conformación de la Comisión fue resultado de un acuerdo parlamentario que incluyó la revisión y síntesis de proyectos presentados por la diputada Silvia Giudici, el diputado Araujo, el diputado Juliano Pablo, el diputado Castillo Christian, la diputada Tolosa Paz Victoria y otros legisladores. El texto definitivo fue elaborado por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos y sometido a tratamiento en plenario, conforme al artículo 102, primer párrafo, del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, lo que garantizó un amplio respaldo político e institucional.
Entre los fundamentos expuestos para la creación de la Comisión se destaca la gravedad del riesgo sanitario demostrado por la circulación de fármacos contaminados y la insuficiencia de los controles estatales y privados. El expediente señala textualmente: “La comercialización y administración de fármacos contaminados representa un atentado contra el derecho a la salud, la vida y la integridad física de las personas, erosiona la confianza en el sistema sanitario y pone en cuestión el cumplimiento de deberes irrenunciables por las autoridades y privados”.
El documento agrega que cubrir la falta de prevención, la demora estatal y la debilidad en la fiscalización es esencial no solo por transparencia, sino por protección social futura. Además, se afirma que “la Comisión debe documentar los hechos, atribuir responsabilidades, proponer justicia y robustecer la regulación y el control”.
Otro fragmento textual resalta: “Es imperativo que el Congreso asuma el liderazgo en la investigación parlamentaria, no solo para identificar fallas pasadas, sino para sentar las bases de un sistema de monitoreo ágil, transparente y orientado a la prevención”.
Las investigaciones serán públicas, resguardando identidades a pedido y facilitando la colaboración entre Poder Legislativo, la Justicia y agencias técnicas. El trabajo de la Comisión, más allá de esclarecer la crisis por el fentanilo contaminado y reparar a las víctimas, busca dejar recomendaciones para fortalecer las políticas de control, vigilancia y prevención en todo el país.