El Gobierno de Bolivia no logra resolver la crisis de desabastecimiento de diésel que se intensificó en los últimos días provocando filas de camiones y autobuses en los surtidores de varias ciudades del país. El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, indicó que los despachos se están regularizando pero que los recursos que le asigna el Estado son insuficientes para superar la crisis actual.
“El Ministerio de Economía y el Banco Central asignan los recursos. Nosotros solo podemos importar la cantidad de combustible que podemos pagar. Nos dan para comprar 55 o 60 millones de dólares por semana, despachamos normal. Pero para atender la demanda actual, se necesitarían unos 63 millones dólares semanales”, declaró Dorgathen en entrevista con El Deber Radio y precisó que para eliminar las filas actuales tendrían que hacer sobre despachos por al menos tres días seguidos.
Ante la baja producción nacional, Bolivia depende de las importaciones para abastecer el creciente mercado interno. El año pasado erogó 3.349 millones de dólares para comprar el 90% del diésel y el 56% de la gasolina necesaria para cubrir la demanda y para esta gestión el Presupuesto General del Estado destinó 56 millones semanales, que ahora resultan insuficientes. Adicionalmente, el Estado vende el carburante a un precio subvencionado menor al costo, lo que ha agudizado el debilitamiento de la economía.
El presidente Luis Arce responsabiliza a la Asamblea Legislativa por el retraso en la aprobación de créditos externos que si bien están destinados a proyectos de inversión pública en su mayoría, otorgarían liquidez en dólares. “Mientras tengamos estrangulado el financiamiento externo, mientras no tengamos la posibilidad de garantizar los recursos para la compra y abastecimiento de diésel y gasolina, por supuesto que eso no está garantizado (el abastecimiento)”, admitió Arce en un encuentro con los periodistas de La Paz.
La falta de divisas, atribuida principalmente la caída en los ingresos de la renta petrolera, ha provocado periodos cada vez más frecuentes y prolongados de escasez de combustible, el debilitamiento de la moneda nacional y ha disparado la inflación y el costo de vida en el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación acumulada hasta junio llegó al 15,5%, el doble de lo previsto por el gobierno para todo el año y la más alta en casi dos décadas. Las proyecciones de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no son alentadoras: calculan hasta un 1,5% de crecimiento del PIB para este y el próximo año, y una inflación que continuará siendo elevada.
En medio de la crisis que parece incontenible en el corto plazo, Arce atraviesa la recta final de su Gobierno con un bajo nivel de aprobación por la situación económica y en medio de acusaciones familiares de corrupción. Dejará el poder en noviembre, luego de haber renunciado a buscar la reelección presidencial y un curul en Legislativo, al que había postulado como primer senador por La Paz.
La votación está convocada para el 17 de agosto y por primera vez en 15 años, candidatos de la oposición –Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga– son los mejor posicionados en las encuestas. Sin embargo, el voto indeciso tiene un porcentaje alto que podría hacer variar las tendencias. En todo caso, los analistas advierten que el próximo gobierno tendrá que asumir cambios en el modelo económico para recuperar la estabilidad en el país y es precisamente ese el eje las campañas.