Beatriz Yapura y Clemente Vera

Después de que se tomara la decisión de reabrir la investigación por el doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumi, las turistas francesas que fueron asesinadas en Salta en 2011, los investigadores encontraron un nuevo obstáculo. Esta semana, Beatriz Yapura, la esposa del ex condenado por el caso Santos Clemente Vera, se negó a brindar una muestra de su ADN.

Luego de que se repatriaran las muestras genéticas que habían sido tomadas del cuerpo de las víctimas y resguardadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Fiscalía a cargo de la revisión de la causa había citado a la mujer, con la intención de que accediera voluntariamente a entregar una muestra para las pericias que se realizarán en esta nueva etapa.

Pese al llamado, la mujer no se presentó a la audiencia ni accedió al hisopado. De acuerdo con el abogado defensor de su esposo, José Vargas, el procedimiento habría tenido tintes irregulares, ya que habría carecido de la aprobación de un juez de Garantías. Y subrayó que el pedido era “totalmente infundado”.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, Vargas denunció que “la medida se realizó a espaldas o sin orden del juez de Garantías. Allí se vulneraron derechos”. Asimismo, recordó el recorrido procesal que tuvo que afrontar Vargas, quien pasó diez años preso por un crimen que no había cometido.

Houria y Cassandre viajaron a Salta, para poder profundizar sus conocimientos sobre la cultura latinoamericana

A lo largo de estos años, el caso de Vera atravesó un complejo recorrido judicial. Tras haber estado detenido, fue absuelto en el juicio oral bajo el beneficio de la duda. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación revirtió ese fallo y ordenó su condena y regreso a prisión.

Finalmente, el 11 de diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la condena y dispuso su liberación. Para ese entonces, el hombre ya había pasado diez años detenido. “La cárcel es peor que el infierno, pero por suerte yo siempre tuve el apoyo de mi esposa”, aseguró Clemente durante una entrevista brindada a Infobae a finales del año pasado.

“Hace casi 15 años, Santos Clemente Vera colaboró como guía con los policías que buscaban a las mujeres francesas por toda la quebrada de San Lorenzo. De guía pasó a imputado y luego a condenado”, apuntó el abogado al acusar que la Policía habría buscado culpar “afanosamente” a alguno de los lugareños por lo ocurrido.

Por este motivo, Vargas planteó su desconfianza respecto a la citación que recibió Yapura para colaborar con la investigación. Sobre todo, porque rememoró que su cliente también había accedido a una medida similar, para luego terminar siendo culpado y juzgado.

Clemente Vera fue liberado en diciembre de 2023 (NA)

Aunque deslizó la posibilidad de que su muestra hubiera sido plantada en la escena, no pudo confirmar la hipótesis al indicar que no pudieron designar a un perito de parte para que evaluara la situación. Asimismo, apuntó que, meses atrás, “sin orden de un Juzgado de Garantías, se citó a dos sanlorenceños a declarar en la causa: Daniel Tolaba y María Graña”.

De la misma manera, explicó que ambos tampoco prestaron declaración porque la defensa se opuso a la medida, tras argumentarse que el llamado también se habría realizado de forma extraoficial y por fuera de lo que indica el Código Procesal Penal de la Provincia.

Pese a que los motivos detrás de la citación de Yapura no trascendieron, anteriormente se había dado a conocer que el objetivo de la Fiscalía sería comparar las muestras genéticas recuperadas con otros perfiles de origen masculino y femenino.

Por otro lado, el padre de una de las víctimas, Jean-Michel Bouvier, volvió a declarar en la causa, luego de que regresara al país con la intención de aportar documentación y presuntas pruebas que se habrían mantenido resguardadas en Francia. Entre ellas, habría otras pruebas genéticas que nunca habrían sido incorporadas a la investigación.

Actualmente, la causa quedó en manos de los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín, quienes fueron autorizados a tomar declaraciones a los fiscales y peritos franceses, con la intención de conocer cómo fueron realizados los exámenes originales y la revisión de las técnicas empleadas sobre las nuevas pruebas genéticas aportadas por la querella.