En el ámbito legislativo comenzó a circular una propuesta que busca dar respuesta a uno de los problemas más agudos de los sectores de menores ingresos: el sobreendeudamiento. El proyecto de ley, impulsado por la oposición, propone la creación de una línea de créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) diseñada con un fin específico: el saneamiento financiero de sus beneficiarios.
A diferencia de los programas de asistencia crediticia tradicionales, el “Programa de desendeudamiento de las familias” no contempla la libre disponibilidad de los fondos para el consumo. El eje central de la propuesta es que el capital otorgado por el Estado actúe como un mecanismo de cancelación de pasivos preexistentes con entidades del sistema financiero, permitiendo que jubilados y pensionados sustituyan deudas con tasas elevadas por un financiamiento con condiciones más previsibles.
De acuerdo al texto del proyecto, el programa se financiaría con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El tope de $1,5 millones y el sistema de “pago directo”
El punto más disruptivo de la iniciativa es el procedimiento de ejecución del crédito. Para asegurar que el destino de los recursos sea efectivamente el desendeudamiento, el proyecto establece que el beneficiario no recibirá el depósito en su caja de ahorro. En su lugar, la Anses realizaría una transferencia directa a la entidad acreedora —ya sea un banco o una emisora de tarjeta de crédito— para saldar la deuda declarada por el titular.
En cuanto a la capacidad de asistencia, el texto preliminar fija un tope máximo de $1,5 millones por solicitante. No obstante, este monto no es fijo, sino que se prevé un mecanismo de actualización automática basado en la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que permitiría que el programa mantenga su relevancia frente a la dinámica de precios del mercado.
Respecto al costo financiero, la tasa de interés propuesta se calcularía en base a la TAMAR más un margen adicional de diez puntos. El objetivo es que la carga financiera resultante sea sensiblemente inferior a los costos de las tarjetas de crédito o de los préstamos personales que hoy ofrece el sector privado.
Protección de ingresos: el límite del 30%
Para garantizar que el pago de las cuotas no afecte la subsistencia diaria de los hogares, el proyecto contempla un blindaje sobre el haber mensual. Se establece por ley que el descuento mensual realizado por Anses para devolver el préstamo no podrá superar el 30% de los ingresos netos del beneficiario.
Este límite es clave, ya que muchos de los actuales deudores del sistema previsional destinan hoy porcentajes mucho mayores al pago de intereses mínimos de tarjetas o préstamos de financieras informales. De implementarse el plan, el beneficiario podría consolidar sus deudas en una sola cuota que respete este margen de seguridad, aliviando la presión sobre sus ingresos disponibles para alimentación y salud.
El universo de los destinatarios
La propuesta legislativa busca abarcar a un espectro amplio de la seguridad social, alcanzando a aproximadamente diez millones de personas. Entre los grupos habilitados para tramitar el auxilio financiero se encuentran:
- Jubilados y Pensionados del SIPA: Siempre que sus ingresos mensuales no excedan el monto equivalente a seis haberes mínimos.
- Titulares de Asignaciones: Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE).
- Pensiones No Contributivas (PNC): Incluyendo los regímenes por invalidez, vejez y madres de siete hijos.
- Regímenes especiales: Personal registrado de Casas Particulares y Monotributistas de las categorías iniciales (A, B, C y D).
Gestión digital y validación de deudas
La instrumentación del programa se apoyaría íntegramente en la infraestructura digital del organismo previsional. El trámite se realizaría a través del aplicativo Mi Anses, donde los usuarios deberán cargar la documentación que acredite el estado de sus deudas bancarias o financieras.
El sistema cruzará datos en tiempo real con las entidades del sector financiero para validar los montos y las cuentas de destino. Una vez aprobado el crédito, el circuito administrativo concluiría con el pago directo al acreedor, regularizando la situación crediticia del titular sin que medie la entrega de efectivo.
Si bien la iniciativa aún debe transitar todo el recorrido parlamentario, su sola mención ya genera expectativa en los sectores que hoy se encuentran al margen del financiamiento bancario tradicional. El debate técnico en el Congreso se centrará, seguramente, en el origen de los fondos para sostener estas líneas y en la sostenibilidad de un sistema que pretende rescatar de la morosidad a los beneficiarios más vulnerables del sistema previsional.