“Esto no es un delito”. Con esa frase, la diputada salteña María Gabriela Flores salió a justificar en estos días que su hijo suele utilizar pasajes oficiales del Congreso para viajar a Buenos Aires. Al parecer, lo hace habitualmente porque estudia derecho en una universidad porteña. Y eso, para la legisladora de LLA, resultaría natural, hasta irreprochable. “No hicimos nada ilegal ni inmoral”, dice Felipe Núñez, uno de los funcionarios del área económica que obtuvo un crédito hipotecario del Banco Nación. En los dos casos, lo de la legalidad y, más, la moralidad está en discusión. Pero aún si todo estuviera en orden, la cuestión de fondo es que la negación de delitos no disimula privilegios. Una fisura en la narrativa libertaria.
El cuadro tiene al menos tres trazos destacados. El primero tiene que ver con el origen de los protagonistas: representantes del oficialismo, cuyo discurso “anticasta” incluía la condena al aprovechamiento del Estado en beneficio propio. El segundo es el contexto: una etapa socialmente dura. Y el tercero, asociado a los dos anteriores: el caso de Manuel Adorni, que desde hace más de un mes domina el temario público y, por extensión, coloca el foco en la utilización del poder.
La diputada Flores no expuso alteración alguna al confirmar en una entrevista que su hijo estudiante viaja con pasajes del Congreso. ¿No la alteró o manejó el momento? La respuesta según cual sea elegida expone matices: la naturalización de una práctica -limitada o menos expuesta con a los años frente a los cuestionamientos, incluso de legisladores- o la hipocresía. Tal vez, las dos cosas, sin medir el malestar que provoca este tipo de hechos.
“Mi hijo estudia abogacía en Buenos Aires. Va y viene”, dijo para darle un sentido de necesidad. La tienen muchos estudiantes que se instalan en esta ciudad o en La Plata, o en alguna otra capital de provincia para hacer una carrera universitaria. Visto así, el caso del hijo de la legisladora no es único, pero sí excepcional: un privilegio, en caso de que encaje con las nomas, o algo peor si viola la ley.
Ese último punto quedó en discusión. La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública dice en uno de sus primeros artículos que no debe ser utilizado el Estado para “beneficio particular o para el de sus familiares”. Se trata de ética, un campo que debería será atendido de entrada como guía en lugar de buscar interpretaciones que permitan zafar. También pesan los reglamentos de cada Cámara del Congreso. Con todo y más allá de cualquier derivación, nada esconde la cuestión de fondo, es decir, la decisión de colocarse por encima del común de la gente. En esta historia, se trata del provecho de pasajes oficiales. Una especie de gracia en la visión de la diputada.
El tema del cumplimiento o incumplimiento de las normas también surgió apenas trascendió el listado de funcionarios, legisladores y hasta algún tuitero con cargo que obtuvieron créditos de cifras nada menores -algunos, por encima de los 300 mil dólares- en el Banco Nación. Las autoridades del banco y los voceros del oficialismo afirman que todo se hizo cumpliendo con los requisitos de esa línea de préstamos. Hay denuncias de legisladores opositores en la justicia federal. Se verá cómo sigue.
La cuestión de origen de los beneficiarios es muy significativa, en un sentido más impactante que el caso de los pasajes de la diputada. El discurso libertario incluía en lugar destacado el objetivo de cerrar o privatizar al Banco Nación. Pero finalmente, lo que está a la vista son prestamos del banco estatal para “empleados” estatales. En algún caso -al menos uno conocido-, para segunda vivienda. Es una imagen más bien provocativa frente a las necesidades de casa o departamento propio en diferentes franjas de la sociedad.
El listado incluye a diputados de desembarco más o menos reciente -y celebrado- en tierras del oficialismo. El caso de los funcionarios de Economía – Federico Furiase y Felipe Núñez– fue notorio además por el respaldo público que consideró necesario Luis Caputo. La intención, siempre, fue presentar los hechos como intachables o incuestionables. No parece, si la ética pública es entendida como tal, más allá del articulado de la ley específica.
Para completar, este capítulo anotó también algunos renglones de la interna. Sandra Pettovello decidió la salida de su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi, apenas trascendió que había conseguido un crédito del Banco Nación. La ministra trató de evitar que su medida fuera interpretada como un cuestionamiento directo a funcionarios del Gobierno por acceder a esa línea de préstamos. Sus voceros hicieron trascender que sintió quebrada la confianza, porque Massaccesi no se lo informó personalmente. Dicen que se habría enterado por la difusión periodística. El ex funcionario recurrió a la frase repetida. “No cometí ningún acto ajeno a la ley”.
Luis Caputo se sintió molesto por la determinación de la jefa de Capital Humano, según circuló en medios violetas. Quedaban en posición incómoda sus funcionarios. Tampoco pasó inadvertido el mensaje de Pettovello sobre la falta de aviso. Difícil imaginar que el trámite del entonces funcionario haya transitado por los canales del público en general, es decir, sin intervención de algún miembro de la conducción del banco al menos para agilizar el tema. El presidente del directorio es Darío Wasserman, esposo de Pilar Ramírez, pieza central de Karina Milei -con quien tiene vínculo propio- en el armado porteño.
El impacto de estos episodios resultó amplificado por el extenso caso Adorni, sobre todo porque se relaciona directamente con la imagen del poder. Y se produce además en un contexto económico preocupante para el Gobierno. De hecho, no con intención autocrítica sino con descarga sobre la oposición dura y el periodismo en general, Javier Milei habló esta semana de “meses duros”, ratificó el rumbo de su gestión y pidió “paciencia”.
El martes que viene será informado el IPC de marzo. Antes que el dato de la inflación, el INDEC publicó esta semana informes con cifras negativas sobre la industria y, menos graves, la construcción. Sin hacer referencia directa, el Presidente dio su mensaje. También lo viene haciendo el ministro Caputo, a su manera. Son días sin vocero presidencial.
