A menos de tres semanas del inicio de clases, Formar Futuro, un instituto privado del barrio de Villa Real en la Ciudad de Buenos Aires, cerró sus puertas de manera imprevista. Más de 180 alumnos se quedaron sin vacante y al menos 50 docentes fueron desvinculados.
Frente a esta situación, el Ministerio de Educación porteño inició acciones legales y activó un nuevo protocolo para evitar que hechos similares se repitan. “Actuamos de manera inmediata para garantizar lo más importante: que todos los estudiantes puedan seguir aprendiendo. Los alumnos de 5° año y 7° grado ya fueron reubicados en otras instituciones, respetando su grupalidad original, con acompañamiento personalizado a cada familia y coordinación directa desde la Dirección de Educación de Gestión Privada”, informó Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña.
La funcionaria aclaró que la escuela tenía 186 alumnos previstos para 2026 y recibía aportes estatales para el pago de salarios, “que fueron transferidos en tiempo y forma”. Y sostuvo: “El incumplimiento salarial del mes de diciembre es responsabilidad de la entidad propietaria, no del Estado, que cumplió con la transferencia correspondiente. Ante esa situación, la Ciudad intimó a realizar el pago y suspendió transferencias hacia adelante, inició un sumario administrativo y presentó una denuncia penal. La Justicia intervino y ordenó la clausura”, ratificó.
Para evitar otros cierres intempestivos y proteger a las comunidades educativas, desde el Ministerio dictaron una nueva resolución que obliga a las instituciones privadas a “avisar con anticipación, planificar un potencial cierre de la escuela y garantizar la reubicación de los estudiantes”. Por ende, el último 22 de enero, el Boletín Oficial de la Ciudad publicó la resolución Nº 92, que introduce medidas estrictas para el cierre de escuelas privadas. Según estas normas, cualquier cancelación debe ser previamente evaluada y avalada por la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
El protocolo obliga, además, a que los directivos notifiquen sobre “la existencia de un riesgo de continuidad”, convoquen a reuniones con las familias y el personal docente, y acrediten el cumplimiento de todas las obligaciones laborales antes de oficializar la baja de la institución. La resolución destaca que si la escuela recibe fondos estatales, debe presentar documentos que comprueben el pago de salarios al plantel docente conforme a la normativa vigente.
Las protestas
Durante la tarde de este lunes, en la puerta del colegio, un cartel de “clausurado” acompañado del retiro del escudo y las letras del ingreso alimentó sospechas de una maniobra ilícita. Varios padres se concentraron en el acceso del Instituto Formar Futuro y sostuvieron que los dueños habrían cobrado la matrícula correspondiente al ciclo lectivo 2026 y los sueldos de diciembre y enero, pero sin cumplir con el pago a los trabajadores.
Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) estuvo presente respaldando la demanda colectiva y confirmando que los salarios de diciembre no fueron abonados. La institución recibía un aporte estatal del 80% destinado al pago de sueldos docentes, transferencias que según el Ministerio se realizaron “en tiempo y forma, incluyendo el último aporte efectuado en enero para cubrir los sueldos de diciembre, que no fueron abonados por la entidad propietaria”.
El hermetismo de los responsables del establecimiento agravó la crisis institucional. Tras el aviso de cierre, se dio de baja la cuenta de Instagram del colegio, no así el sitio oficial de la institución.
El día previsto para tomar exámenes de materias pendientes, varios alumnos manifestaron la intención de rendir en la vía pública, en medio de la incertidumbre institucional.
Por otro lado, el comunicado oficial enviado el 26 de enero por los dueños del colegio argumentó que el cierre se debía a una situación económica y financiera insostenible, agravada por “juicios laborales con sentencias imposibles de afrontar, presión fiscal creciente, altos costos financieros”, “imposibilidad de actualizar los aranceles en un contexto de inflación sostenida”, disminución de matrícula, exigencias de mejoras edilicias, falta de acceso al crédito bancario y “conflictos reiterados con los sindicatos docentes, con reclamos considerados desmedidos”.
Cómo se desencadenó el problema
La crisis en Formar Futuro se conoció en enero, cuando las familias recibieron un correo electrónico desde la escuela anunciando el inminente cierre. Ese mensaje se envió apenas días antes del inicio del ciclo lectivo 2026, que para los niveles inicial y primario comienza el 25 de febrero y para el secundario el 2 de marzo.
Según el relato de una madre difundido a través de redes sociales, desde el 10 de enero padres y madres “quedaron a la deriva”, intentando reubicar a sus hijos en otros establecimientos con el año escolar a punto de empezar.
La publicación en Instagram sintetizó el clima de angustia: “Durante todo enero, madres y padres a la deriva, buscando escuelas, intentando reorganizar un año entero mientras los chicos quedaban sin colegio y sin sus compañeros. Docentes sin trabajo. Familias desesperadas. Niños y adolescentes afectados desde jardín hasta secundaria. Esto no es un ataque. Es un relato colectivo de lo que vivimos muchas familias”.
El colegio recibía aportes estatales para abonar los sueldos de 47 profesores, número que fue confirmado por la cartera educativa. Ante esta irregularidad, el Ministerio se presentó como “particular damnificado” e inició acciones judiciales para exigir responsabilidades.
En la denuncia del SADOP se acusó además a los directivos de “defraudar a toda la comunidad educativa y también al Estado, malversando los fondos que, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, fueron recibidos con la única finalidad del pago de los salarios docentes”.