La provincia de Córdoba cerró el año 2025 con el nivel más bajo de homicidios dolosos registrado en los últimos 25 años, según datos del Ministerio de Seguridad de esa provincia. Sin embargo, si bien se celebra la merma en los crímenes, alarma la crecida en los segmentos de violencia urbana e intrafamiliar.
Durante el año pasado se contabilizaron 90 homicidios, lo que representa una tasa de 2,28 homicidios cada cien mil habitantes, la cifra más baja del siglo y un descenso del 23% en comparación con los 117 casos reportados en 2024.
El informe destaca como factores principales de esta reducción la caída en los homicidios relacionados con ajustes de cuentas (-73%), ocasión de robo (-67%) y femicidios (-53%). No obstante, los homicidios en contextos de violencia urbana aumentaron un 42% y los vinculados a la violencia familiar crecieron un 9%.
El perfil predominante de las víctimas corresponde a varones jóvenes y jóvenes adultos.
Para el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, esta mejora “no es fruto de la casualidad y refleja un esfuerzo denodado por combatir hechos de violencia extrema que muchas veces resultan en muertes por dolo”.
Según declaraciones de Quinteros, los datos muestran una reducción de los hechos calificados como prevenibles —como los homicidios en ocasión de robo y los ajustes entre bandas— y un aumento en los casos asociados a “un clima de época signado por un fuerte deterioro del tejido social”.
Entre las medidas implementadas, Quinteros señaló la importancia del Plan 90/10, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional, así como el incremento de los operativos preventivos y la utilización de mapas de calor para el seguimiento de delitos y personas heridas.
El ministro también atribuyó los resultados a la unificación de distritos judiciales y policiales, el trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal, y a investigaciones policiales “robustas” que derivan en altas tasas de esclarecimiento y resolución con sentencia firme.
El Plan 90/10 se puso en marcha en diciembre de 2024, cuando Quinteros acompañó a la ministra Patricia Bullrich en el lanzamiento del programa orientado a reducir homicidios y delitos violentos en los principales conglomerados urbanos del país.
En lo operativo, la iniciativa implicó el despliegue de operativos interfuerza con la Policía de Córdoba y fuerzas federales como la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde entonces, se desarrollaron 103 operativos en la ciudad de Córdoba y 173 en el interior provincial, incluyendo ciudades como Río Cuarto, Villa María y San Francisco.
Desde finales de 2024, el Ministerio de Seguridad provincial comenzó a registrar y monitorear los hechos violentos que involucraron a personas heridas por arma de fuego y arma blanca, considerados “indicadores claves para comprender mejor el territorio desde el punto de vista criminal”, según Quinteros.
En 2025 se contabilizaron 682 casos de personas lesionadas por armas de fuego y 705 por arma blanca. En el caso específico de los heridos por arma de fuego, el 74% de los casos se concentró en la capital provincial, mayoritariamente en contextos de violencia urbana (70%) y con víctimas predominantemente varones (93%) menores de 40 años (82%).
El seguimiento y desarticulación de organizaciones criminales también formó parte de la estrategia, con la intervención de las direcciones generales de Investigaciones Criminales, Seguridad Capital, Departamentales Norte y Sur.
Durante 2025 se secuestraron 2.488 armas de fuego, 3.702 armas blancas y 652 réplicas de arma de fuego. Quinteros sostuvo que “menos bandas operando y menos armas de fuego en circulación es claramente un factor de reducción del riesgo”.
La Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC) reportó que en el 99% de los homicidios registrados durante 2025, la investigación policial aportó elementos suficientes a la Justicia para identificar a presuntos autores, aunque solo el 46% de los casos cuenta con sentencia firme emitida por la cámara criminal.
El homicidio de Camila Merlo, ocurrido en noviembre en el barrio General Urquiza, sigue en investigación sin autores identificados. Pero el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio a manos de Pablo Laurta ya fue elevado a juicio.
Según Quinteros, el alto nivel de esclarecimiento “es un fuerte mensaje en el sentido que la impunidad es la excepción”, y vinculó la calidad de las investigaciones policiales a “un incremento de los juicios abreviados” gracias a la solidez de las pruebas presentadas.