La provincia de Córdoba incorporó 244 oficiales que provienen de las Fuerzas Armadas a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un cuerpo de elite especializado en combatir el narcotráfico en el territorio provincial.
Estos oficiales llegaron desde el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, y pasaron a integrar la FPA luego de completar una formación específica enfocada en la lucha contra este delito en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). A finales de 2025 se les tomó juramento.
De acuerdo con información oficial del Gobierno de Córdoba, los flamantes integrantes ya están desplegados en tareas operativas e investigativas dentro de la fuerza, que funciona bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y el Fuero Antinarcotráfico de la provincia, y depende administrativamente del Ministerio de Justicia.
La FPA mantiene un funcionamiento autónomo respecto de la Policía provincial y tiene como objetivo principal combatir el avance del narcotráfico en Córdoba. Para habilitar el ingreso de personal con formación militar, la Legislatura provincial modificó la Ley N°10.227, lo que abrió la posibilidad de sumar a la FPA a quienes aprobaran el trayecto formativo diseñado y dictado por la UPC, en articulación con el Ministerio Público Fiscal y la Escuela de Formación y Capacitación de la FPA.
Según informó la Universidad Provincial de Córdoba, el trayecto de formación profesional inicial con orientación en Persecución del Narcotráfico fue elaborado para unir contenidos teóricos y prácticos. La propuesta busca dar herramientas a los futuros agentes para un abordaje integral de la problemática, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y el compromiso democrático.
La casa de estudios comunicó además que el equipo docente está integrado por profesionales del Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP), el Ministerio Público Fiscal y la propia Escuela de Formación de la FPA.
La formación universitaria orientada a la persecución del narcotráfico ha sido calificada como inédita en Argentina y Sudamérica, y se complementa con la reciente apertura de la Licenciatura en Seguridad y Antinarcotráfico anunciada por la UPC para 2026. El proceso de capacitación incluyó contenidos jurídicos, operativos, sociales y de derechos humanos, con el objetivo de formar profesionales especializados en la investigación y combate de delitos complejos.
Durante el acto de juramento realizado en la sede de la FPA en diciembre pasado, el gobernador Martín Llaryora destacó ante los nuevos oficiales que su incorporación responde a una definición política del Estado provincial y remarcó que se trata de una fuerza de elite con capacitación universitaria del máximo nivel.
Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, sostuvo en esa oportunidad que el ingreso de los efectivos representa “un crecimiento del 60 por ciento de la fuerza, lo que se traduce en más presencia territorial y más capacidad para acompañar el trabajo de fiscales y jueces”.
En el último acto de ascensos de la FPA -fueron 273 los efectivos que recibieron ascensos en reconocimiento a su trayectoria y desempeño en el combate contra el narcotráfico-, hace tres semanas, el ministro López también se refirió a la importancia de la política de formación de los nuevos agentes, resaltando que “combatir el narcotráfico no es solo perseguir un delito: es defender la vida, la salud, la seguridad y el futuro de los vecinos de Córdoba”.
En tanto, el jefe de la FPA, Camilo Gabriel Lassaga, subrayó que la fuerza cuenta con un despliegue territorial y una estructura logística únicas en el país para combatir el crimen organizado.
En paralelo a la incorporación de los nuevos oficiales, la provincia entregó 20 camionetas 4×4 cero kilómetro para fortalecer la capacidad operativa y el despliegue territorial de la FPA.
La estrategia de Córdoba para enfrentar el narcotráfico se completa con la creación de la Mesa Operativa Conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Nación y acuerdos de colaboración con provincias vecinas como Santa Fe y Entre Ríos, acciones que buscan fortalecer el trabajo coordinado y la respuesta ante el delito en la región.