El gobierno de Córdoba busca implementar nuevas sanciones para quienes incumplan el calendario obligatorio de vacunación infantil, con la intención de frenar el riesgo de reaparición de enfermedades como sarampión o tos convulsa, y superar la actual cobertura que, en menores de 15 meses, se encuentra entre el 69% y el 79%.
La provincia estableció como meta alcanzar más del 85% de vacunados para asegurar la erradicación de enfermedades prevenibles, según informó el ministro de Salud, Ricardo Pickesteiner, a Cadena 3.
La decisión contempla la modificación del Código de Convivencia provincial y la introducción del artículo 75 bis, que estipula multas de 50 unidades de multa, arresto de hasta cinco días o trabajos comunitarios para padres, tutores o responsables que no acrediten el cumplimiento del esquema nacional de inmunización para menores de 18 años.
Las autoridades esperan iniciar el proceso sancionatorio a partir de cualquier aviso emitido por todo el sistema de salud, tanto público como privado, o por un funcionario público, quienes deberán dar intervención al Ministerio de Seguridad para activar las acciones administrativas. Pickesteiner puntualizó que “no vacunarse implica un riesgo individual y colectivo”, ya que expone a grupos vulnerables, adultos mayores y pacientes inmunodeprimidos.
El funcionario indicó que la medida se inspira en la experiencia de Mendoza, donde la inclusión de esta infracción en la normativa contravencional mejoró los niveles de vacunación. Córdoba busca trasladar esos resultados positivos y reforzar el cumplimiento de la ley vigente.
El ministro enfatizó que el debate no gira en torno a la eficacia de las vacunass sino a la obligatoriedad y al derecho a la salud de los niños, expresando que “las vacunas salvan vidas y mejoran la calidad de vida”.
Entre las estrategias para aumentar la cobertura antes de 2026, el Ministerio de Salud provincial desplegará vacunatorios móviles que visitarán escuelas, eventos públicos y estadios de fútbol los fines de semana. Además, la provincia ampliará el acceso a la vacuna antigripal y prevé la compra de dosis para inmunizar a 100 mil niños de entre dos y cinco años, extendiendo el rango etario beneficiado en la campaña vigente.
La experiencia mendocina
Pickesteiner afirmó a Cadena 3 que la iniciativa tomó como ejemplo el caso de Mendoza. A mediados de este mes, y luego de que el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza accionara con denuncias judiciales contra padres que no cumplieron el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos, más de 70 familias se presentaron voluntariamente para cumplir con la medida sanitaria preventiva.
De esta manera, Mendoza se convirtió en la primera provincia de Argentina en recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación en un contexto de alerta sanitaria por el rebrote de enfermedades prevenibles, como el sarampión o la tos convulsa.
Rodolfo Montero, ministro de Salud, adelantó a Infobae en Vivo que las acciones judiciales “van a ir creciendo a medida que pasen los días”. Además, cuatro de los 10 denunciados en la primera tanda fueron también a cumplir con el calendario.
Las denuncias fueron radicadas el fuero civil y se fundamentan en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y confirma que la salud pública prevalece sobre los intereses individuales.
“No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos”, concluyó Romero.
Las sanciones establecidas por la normativa contemplan multas de entre 84.000 y 336.000 pesos, además de la posibilidad de hasta cinco días de arresto o la obligación de realizar trabajos comunitarios en hospitales, según el artículo 119 del Código de Contravenciones de Mendoza.
Estas penalidades se aplican si los padres, tutores o cuidadores no cumplen con el calendario oficial de vacunación, y pueden duplicarse o triplicarse en caso de reincidencia, o si otros responsables, como instituciones educativas o funcionarios públicos, omiten la denuncia.