La polémica sobre el borrador del texto final es el último capítulo de la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Belém, que desde el pasado 10 de noviembre ha sido objeto de críticas casi a diario y ya ha sido rebautizada por muchos en las redes sociales como la FLOP30. En el documento presentado ayer, cuya versión definitiva se prevé con retraso para este fin de semana, ha desaparecido cualquier mención al llamado “mapa de ruta” hacia la transición energética, medida apoyada por unos 80 países y solicitada tanto por el presidente Lula como por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En el documento también se ha eliminado la parte en la que se indicaba un camino para eliminar la deforestación. En cambio, en el borrador figura la petición de “esfuerzos para triplicar la financiación para la adaptación climática con respecto a los niveles de 2025 para 2030”, pero no se especifica el importe ni el papel de los gobiernos en la movilización de estas transferencias. Por “adaptación” climática se entienden todas las medidas necesarias para preparar a los países y las comunidades para los efectos ya en curso del cambio climático, reduciendo los daños y la vulnerabilidad, desde la protección costera contra el aumento del nivel del mar hasta una agricultura resistente al clima.
La ausencia de una “hoja de ruta” para la transición energética ha sido el punto más criticado y ha puesto de manifiesto la resistencia de varios países productores de petróleo. Colombia, Alemania, las Islas Marshall y Vanuatu se encuentran entre los firmantes de una carta enviada a la Presidencia de la COP30 en la que se rechaza por este motivo la última versión del documento final. “No podemos apoyar un resultado que no incluya una hoja de ruta para la implementación de una transición que permita abandonar los combustibles fósiles de forma justa, ordenada y equitativa”, se lee en el texto. Los científicos que han firmado la carta hablan de una “traición a la ciencia y a las personas”, mientras que para la directora ejecutiva de Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali, “la COP30 ha mostrado un apoyo creciente a una vía para abandonar los combustibles fósiles, por lo que el resultado de Belém debe incluirlo para garantizar que se ponga fin lo antes posible a la quema de petróleo, gas y carbón. Los informes y las negociaciones adicionales no son suficientes. Se necesita un plan de respuesta global”.
La ministra de Medio Ambiente francesa, Dominique Barbut, también expresó su firme oposición y calificó a su país de “extremadamente decepcionado” con el borrador, sobre todo por la ausencia de referencias al abandono de los combustibles fósiles. “En su estado actual, (el texto) es simplemente inaceptable. No podemos aceptar que Europa sea el único continente que haga esfuerzos”, afirmó. También para el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, la nueva versión del documento es inaceptable. “Estamos muy lejos de lo que necesitamos en términos de mitigación. Estamos decepcionados con el texto que se está debatiendo actualmente”, afirmó. La respuesta del embajador André Correa do Lago, presidente de la COP30, fue clara. “La frustración es natural. Es el momento del realismo”, dijo. La ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Vélez-Torres, arremetió contra la presidencia de la COP30, a la que acusa de querer silenciar a los países más ambiciosos. “Nos vemos obligados a abordar solo lo que ya estaba presente en el primer borrador. Esto es inaceptable porque están imponiendo el consenso mediante el veto”, afirmó.
Las negociaciones para el texto definitivo continuarán durante el fin de semana. Sin duda, no ayudó el grave incendio que se produjo el jueves en el pabellón donde se celebraban, el pabellón Azul. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero 27 personas tuvieron que recibir atención médica, sobre todo por inhalación de humo. Mientras que el Gobierno brasileño ha encargado a la Policía Federal la investigación de las causas del incendio, se complican las relaciones con la ONU, organizadora del evento. La semana pasada, el organismo internacional ya había enviado una carta muy dura al ejecutivo. En ella se criticaba la mala calidad de las instalaciones de la conferencia y se denunciaban las inundaciones causadas por las lluvias, la falta de agua en los baños y los problemas de seguridad. También se criticaba el sistema eléctrico. Mientras tanto, debido al incendio que impidió el uso del pabellón, se vivieron escenas irreales, como la que vio a los representantes de Vanuatu y de la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática de las Naciones Unidas firmar un acuerdo en una panadería de Belém.
Las declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz también han suscitado mucha polémica esta semana. Tras regresar a Alemania después de participar en la COP30, criticó Belém y elogió a Alemania por ser “uno de los países más bonitos del mundo”. “Pregunté a algunos periodistas que estaban conmigo en Brasil la semana pasada: ¿Quién de vosotros querría quedarse aquí? Nadie levantó la mano. Todos estaban contentos de que volviéramos a Alemania el viernes por la noche, sobre todo desde el lugar en el que estábamos”. A pesar del cambio de imagen para el evento, Belém sigue siendo la ciudad en la que el 60% de la población vive en favelas, el porcentaje más alto de Brasil, y solo el 20% tiene acceso a la red de alcantarillado. Al caminar por la ciudad se ven alcantarillas improvisadas a cielo abierto, un subdesarrollo que muchos observadores y periodistas atribuyen a la mala gestión política de la ciudad a lo largo de los años. “Belém es el escaparate de la vergüenza brasileña”, escribió Mario Sabino en el sitio web de noticias Metrópoles. “Si os habéis sentido ofendidos por las declaraciones del canciller alemán sobre Belém y habéis seguido diciendo que ese tipo es xenófobo, deberíais enfadaros con quienes nos roban y se ríen en nuestra cara, en un arco que va desde el patrimonialismo histórico hasta la corrupción más descarada”, escribe Sabino.
Las reacciones en Brasil han sido muy duras. El alcalde de Río de Janeiro, Edoardo Paes, calificó a Merz en una publicación en X, posteriormente eliminada, de “hijo de Hitler” y “nazi”, seguido por el gobernador de Pará, Helder Barbalho, quien afirmó que la declaración del ministro alemán fue “un discurso lleno de prejuicios” por parte de un país que “ha contribuido al calentamiento global”. Lula también intervino en el debate en un evento en Tocantins esta semana. “(Mertz) debería haber ido a un bar de Pará, debería haber bailado en Pará, debería haber probado la cocina de Pará, porque se habría dado cuenta de que Berlín no le ofrece ni el 10% de la calidad que ofrecen el estado de Pará y la ciudad de Belém”, declaró el presidente. Ironía del destino, Lula se reúne hoy mismo con Merz en Sudáfrica, donde ambos participan en la cumbre del G20 que se celebra este fin de semana en Johannesburgo. Según afirmó ayer el portavoz de su Gobierno, Stefan Kornelius, el canciller alemana no se disculpará con el presidente brasileño. A pesar de todo, Alemania ha anunciado que contribuirá con 1.000 millones de euros al Fondo Forestal Tropical para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), tal y como anunció la ministra de Medio Ambiente brasileña, Marina Silva.
Si Brasil deja atrás la COP30 con tantas dudas y decepciones por parte de muchos de los países participantes, la única certeza es que ahora el gigante latinoamericano tendrá que hacer frente a sus políticas medioambientales y, sobre todo, a los retos que le esperan. En primer lugar, el de la explotación minera, uno de los temas principales del G20 que se celebra en estas horas. Entre los intereses de Estados Unidos y China, el Gobierno brasileño está tratando de atraer inversiones europeas para sus minerales críticos, como el cobre, el litio, las tierras raras y otros elementos esenciales para tecnologías como los chips, las turbinas eólicas y los vehículos eléctricos. Esta semana, Brasil ha participado en el Raw Materials Week 2025, un evento celebrado en Bruselas y organizado por la Comisión Europea. El país latinoamericano se presentó como “socio estratégico del bloque para la minería” con el objetivo de promover una mayor cooperación económica y tecnológica. Actualmente, Brasil cuenta con unos 50 proyectos activos en el sector de los minerales, pero aún es muy débil en el procesamiento local. Por ello, sostiene que el acuerdo Mercosur-UE puede abrir nuevas oportunidades también en el sector de los minerales críticos. Según Ana Paula Repezza, de la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), “Brasil tiene un papel fundamental en la transición energética global, gracias a la abundancia de sus recursos naturales y al compromiso con una minería más sostenible, tecnológica y responsable”.
El tema de la minería, en particular la de minerales críticos, que es uno de los objetivos de esta última fase del gobierno de Lula antes de las elecciones presidenciales del próximo año, sigue siendo delicado. La creciente demanda mundial está favoreciendo, en Brasil, el avance de proyectos de ley y solicitudes mineras que, según los ecologistas, ponen en peligro la Amazonia y los pueblos indígenas, incluidos los aislados. Estudios recientes indican que hay más de 5.000 solicitudes de exploración en la región, que afectan a unos 26 millones de hectáreas del bioma. Muchos de estos proyectos se superponen a unidades de conservación. Mientras el Gobierno federal intensifica las operaciones contra la minería ilegal, con resultados significativos en las tierras de los yanomami, sararé y munduruku, el Congreso sigue una dirección opuesta, impulsando proyectos de ley como el 1331/2022 y el 6050/2023, que pretenden legalizar la minería y otras actividades económicas en territorios indígenas. En agosto, ambos obtuvieron la aprobación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Una reciente investigación del sitio web de investigación Repórter Brasil reveló que la expansión de la prospección y la extracción de minerales críticos está ejerciendo una fuerte presión sobre al menos 45 pueblos indígenas aislados de la Amazonia Legal. El informe identifica 1.827 solicitudes mineras situadas a menos de 40 km de territorios habitados por grupos aislados, distancia que, según el Observatorio de Pueblos Indígenas Aislados (OPI), representa un riesgo significativo para la integridad y la supervivencia de estas comunidades.
Precisamente durante la COP30, tal y como denunció la organización no gubernamental internacional Survival, dedicada a los derechos de los indígenas, fue asesinado Vicente Fernandes Vilhalva, de 36 años, líder de la etnia guaraní kaiowá, mientras defendía las tierras de su comunidad en Mato Grosso do Sul, en la región Centro-Oeste de Brasil. Además de los derechos de los indígenas, el Gobierno brasileño deberá afrontar retos importantes, como la extracción de petróleo recientemente autorizada en la desembocadura del río Amazonas por Petrobras y su posible impacto medioambiental en la región amazónica. A pesar de que, según datos oficiales, entre agosto de 2024 y julio de 2025, la Amazonia registró 5.796 km² de bosque talado, un 11% menos que el año anterior y el nivel más bajo de los últimos 11 años, la mayor parte de la tala sigue siendo ilegal, el 88,6 % en la Amazonia y el 42,6 % en el Cerrado, la sabana brasileña, donde también se ha observado una disminución del 11,5%, con 7.235 km² deforestados. Según un informe reciente de la ONG medioambiental Instituto Centro de Vida (ICV), junto a la disminución general, surge sin embargo una tendencia preocupante: la deforestación autorizada está aumentando un 9% en la Amazonia y un 5% en el Cerrado. Esto indica que las presiones de los mercados europeos para obtener productos “libres de deforestación” aún no están produciendo efectos significativos sobre el terreno. Por lo tanto, el reto para Brasil, que aspira a alcanzar la deforestación cero para 2030, sigue siendo enorme.