Por más de cuatro décadas, el general de brigada en retiro Álvaro Baltodano Cantarero fue un hombre clave del sandinismo. Guerrillero, militar, operador político y asesor de Daniel Ortega, tejió alianzas y sostuvo el andamiaje económico del régimen desde las sombras.
Pero, el pasado 9 de junio se convirtió en el último “traidor a la patria” condenado por el propio aparato que ayudó a construir.
La sentencia fue dictada en una audiencia virtual, sin defensa legal ni presencia familiar. Veinte años de prisión y la confiscación de todos sus bienes. Una condena que lleva el sello del nuevo poder absoluto de Rosario Murillo, copresidenta y heredera designada de la dictadura.
Baltodano, de 71 años, fue arrestado la madrugada del 14 de mayo por agentes encapuchados de la Dirección de Auxilio Judicial, en su finca “Los Milagros”, en El Tuma, La Dalia, Matagalpa.
Desde entonces, se encuentra en desaparición forzada. No ha tenido contacto con sus familiares ni acceso a un abogado. El juicio fue un espectáculo secreto, sin expediente público ni acusación formal conocida.
Guerrillero sandinista
Baltodano pertenece a una familia acaudalada de Nicaragua y comenzó su carrera como guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el norte del país. En 1979, lideró la insurrección de Matagalpa como jefe del Frente Norte. Fue parte del pequeño círculo que dirigió la ofensiva final contra el somocismo.
Tras el triunfo de la revolución, se incorporó al Ejército Popular Sandinista (EPS), donde tuvo un papel destacado en la guerra contra la contrarrevolución durante los años ochenta.
A Baltodano se le vincula a la trampa organizada por la Seguridad del Estado sandinista en noviembre de 1980 que terminó con el asesinato del empresario Jorge Salazar, crítico del régimen sandinista, en El Crucero.
Tras su retiro del Ejército en 2000, se convirtió en uno de los operadores de Daniel Ortega durante su período en la oposición. Fue pieza clave en la formación de alianzas con partidos políticos y empresarios, especialmente en la campaña de 2006 que devolvió a Ortega el poder.
Con Ortega nuevamente en la Presidencia, Baltodano fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Zonas Francas y posteriormente asumió funciones como enlace con el sector privado en el llamado modelo de “diálogo y consenso”. Más adelante, desde 2009, presidió ProNicaragua, promoviendo inversiones extranjeras y negociando directamente con sectores clave de la economía.
Sin embargo, su poder comenzó a erosionarse en 2017, cuando el control del aparato de inversiones fue traspasado a Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Finalmente, en octubre de 2022, Baltodano fue destituido y se retiró de la vida pública. Su caída parecía definitiva. Nadie imaginó que sería también abrupta y carcelaria.
La detención del general no es un hecho aislado. Cuatro días después, su círculo cercano también fue apresado. El capitán en retiro Aníbal Rivas Reed y el exoficial Ronald Paul Leiva Silva fueron arrestados en Matagalpa, sin órdenes judiciales ni información oficial. También ellos permanecen desaparecidos.
Purgas con sello “Murillo”
“La señora Murillo está sospechando una conspiración de alguna gente de la vieja guardia del Frente en contra de la señora Murillo. Y por eso es por lo que está dando este golpe fuerte. Este es un preludio de lo que viene después”, explica el sociólogo y veterano sandinista Oscar René Vargas.
Vargas considera que la condena de Baltodano forma parte de una purga contra los últimos cuadros históricos del sandinismo que aún podrían representar una resistencia interna al ascenso total de Rosario Murillo. “Posiblemente, vaya a pasar la cuenta a los viejos cuadros como Lenín Cerna, Bayardo Arce y otros que ha de tener ella en la lista”, advierte.
La estrategia de Murillo se ha hecho evidente desde hace tiempo. En los últimos años ha concentrado poder institucional y simbólico. Se presenta como “copresidenta”, domina los ministerios, controla la Asamblea, la Corte Suprema y la Policía. Ha promovido a sus hijos a cargos clave y eliminado cualquier posible rival, incluso dentro del sandinismo.
La condena a Baltodano sigue la misma lógica represiva que la aplicada contra disidentes visibles, obispos, periodistas y estudiantes. Pero también tiene una dimensión distinta: muestra que Murillo está dispuesta a destruir incluso a quienes fueron cimientos del poder orteguista.
En diciembre pasado, un informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua reportaba que al menos 25 simpatizantes sandinistas se encontraban en prisión por expresar críticas en privado contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El Mecanismo reconoce la existencia de al menos 25 personas trabajadores del estado y simpatizantes del partido de gobierno que sufren de detención arbitraria y que sus familias no denuncian porque están amenazadas. Claro reflejo que la dictadura está aumentando la persecución dentro de sus mismas filas”, expresa una nota de prensa publicada por el organismo que monitorea la situación de los presos políticos en Nicaragua.
Los detenidos son parte de las purgas que ha emprendido Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, contra quienes considera puedan ser obstáculos en su proceso de control del régimen que gobierna a Nicaragua, asegura un miembro del llamado Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX).
“Podemos afirmar que la causa es porque han expresado, en la mayoría de los casos en privado, alguna molestia o crítica al régimen y, en el proceso de consolidación e imposición de la autoridad de Rosario Murillo, han sido percibidos como posibles o futuros disidentes”, dijo la fuente consultada por Infobae que solicita anonimato por seguridad.
Otros afines al sandinismo presos por las purgas de Rosario Murillo son el comisionado general Adolfo Joel Marenco Corea, jefe de inteligencia política; Angélica Chavarría, compañera sentimental de Humberto Ortega Saavedra; José “El Cuervo” Guerrero, amigo de Daniel Ortega; Steadman Fagoth, asesor presidencial, y Marcos Alberto Acuña Avilés, ex jefe de escoltas de Daniel Ortega.
“Esto no ayuda a consolidar su poder. Me demuestra que tiene miedo y quiere limpiar la mesa para cuando asuma el poder completo”, reflexiona Vargas.
Para Oscar René Vargas, esta ofensiva tiene un costo político interno: “Abre la puerta para una mayor represión contra ex generales y otros miembros. Eso va a crear mayores contracciones dentro del poder. Demuestra que ella está clara de que no tiene todos los hilos en su mano”.
La purga puede servir para imponer miedo y obediencia, pero también podría generar fracturas en la cúpula del régimen. No es casual que poco antes de la captura de Baltodano, el general en retiro Humberto Ortega, hermano del dictador, fuera aislado y puesto bajo arresto domiciliario tras declarar que el sandinismo estaba agotado y que Rosario Murillo no tenía condiciones para heredar el poder.
Humberto Ortega murió como preso político el 30 de septiembre de 2024.
En paralelo, otras figuras como el comandante Henry Ruiz, alias Modesto, legendario guerrillero sandinista, han sido acosadas, vigiladas o forzadas al silencio. La dinastía Ortega-Murillo avanza eliminando cualquier disenso dentro y fuera del régimen.
“Pienso que esta acción tendrá un efecto bumerán”, insiste Vargas. “Su represión crea más fisura que cohesión”.