Una mujer identificada fue sentenciada en las últimas horas a 10 años de prisión por haber facilitado el abuso sexual de su sobrina discapacitada y menor de edad. Según los detalles revelados en la audiencia, la condenada, identificada como D.D.P., prostituyó a la adolescente de 17 años a cambio de cervezas, que eran suministradas por un comerciante de su barrio.
El proceso judicial tuvo lugar ante el juez Javier Figuerola, en una audiencia abreviada que estuvo marcada por la aceptación de los cargos por parte de D.D.P., quien admitió su responsabilidad en los hechos. La fiscal del caso, Valentina Bucciarelli junto a la ayudante fiscal Luciana Fasoli, llevó adelante la acusación en la Unidad Fiscal de Investigación de Abuso y Maltrato Infantil (UFI ANIVI).
El acuerdo de juicio abreviado contempló la condena de 10 años de prisión para D.D.P., quien de alguna manera buscó negociar una pena menos severa al asumir su culpabilidad.
Los horrendos abusos ocurrieron durante varios meses de 2024, concretamente entre abril y agosto. La investigación reveló que D.D.P., en su rol de tía y guardiana de la menor, la enviaba a la casa del almacenero, sometiéndola a encuentros sexuales bajo el pretexto de consumir bebidas. Como retribución, el comerciante le entregaba cervezas a la acusada. Esta dinámica de abuso y corrupción no solo involucraba a la joven de 17 años, sino que también se extendía a su hermano menor de 11 años, a quien, según las acusaciones, el comerciante corrompía con golosinas y dinero.
A pesar de la resolución alcanzada con D.D.P., el otro implicado adoptó una postura diferente. El comerciante, cuyo nombre se mantiene en reserva para proteger la identidad de las víctimas, optó por enfrentar un juicio oral y público, rechazando el juicio abreviado. Las fiscales encargadas del caso buscarán una condena de 30 años de prisión para él, dados los cargos de promoción a la corrupción y abuso sexual con acceso carnal.
Durante la investigación, que comenzó con las detenciones en octubre del año pasado, las acusaciones se ampliaron en febrero, determinando la gravedad de los delitos. Estos incluyeron la explotación sexual de la joven M.R.P. —ahora de 18 años— quien permanece con secuelas psicológicas y físicas debido a su condición de vulnerabilidad. La víctima, bajo el engaño y manipulación de su tía, fue llevada repetidamente al hogar del comerciante, en un cálculo despreciable que vio su integridad canjeada por bebidas.
Allanaron una vivienda por una causa de estafa y encontraron material de abuso infantil
Una denuncia por compras no autorizadas en la ciudad de Posadas, Misiones, terminó revelando una situación más compleja de lo esperado. Lo que parecía ser un caso de estafa doméstica derivó en una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil, con dos personas detenidas en el marco de una investigación conducida por la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones, con intervención de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos.
Todo comenzó días atrás, cuando un vecino denunció ante las autoridades que alguien había realizado consumos digitales utilizando su tarjeta de crédito. Los movimientos, que incluían compras en plataformas de delivery y servicios online, no coincidían con sus registros personales. La investigación apuntó rápidamente a una mujer de 36 años que trabajaba como empleada doméstica en su domicilio.
Según la información recabada por los efectivos policiales, la acusada habría fotografiado los datos de la tarjeta de sus empleadores y utilizado esa información para realizar consumos a su nombre. Con una orden judicial en mano, los agentes allanaron la vivienda de la sospechosa y secuestraron varios elementos, entre ellos productos que habrían sido adquiridos utilizando los datos sustraídos. La mujer quedó demorada mientras se analizaban los dispositivos electrónicos incautados.
Fue precisamente en ese proceso técnico donde emergió un nuevo giro en el expediente. Durante el análisis del contenido de los celulares, el personal especializado de Cibercrimen detectó archivos y capturas de pantalla que incluían imágenes vinculadas al abuso sexual infantil. Dicho contenido, indicaron fuentes del caso, provenía del teléfono celular perteneciente a la pareja de la mujer investigada.
Ante estos hallazgos, el Juzgado de Instrucción N.º 7 ordenó un segundo allanamiento, que se concretó el mediodía del miércoles 4 de junio en el barrio San Onofre, donde residía el hombre de 52 años. En el procedimiento participó el fiscal especializado en ciberdelitos, Juan Pablo Espeche. Durante el operativo se incautaron pendrives, celulares y otros dispositivos electrónicos, y se procedió a la detención del implicado, quien quedó a disposición de la Justicia.