Después de cinco años de sufrimiento, Gabriela Fernández Aberastain encontró justicia. El Tribunal Unipersonal de San Luis, integrado por el juez Gustavo Parrillis, condenó a 2 años y 3 meses de prisión a su ex pareja, Diego Oliveri, por viralizar un video íntimo suyo en abril de 2020.
Lo que sorprendió es que la profesora de fitness haya desistido de continuar con la acción penal contra la otra imputada, Tatiana Yacarini, quien también estaba en el banquillo de los acusados y finalmente fue sobreseída. En el momento del hecho, esta mujer era la pareja de Oliveri y prestó colaboración para que esa filmación saliera a la luz.
“Si no me hubiera pedido perdón, yo hubiera seguido con esta causa hasta el final, como hice con Oliveri”, aseguró Gabriela al explicar los motivos que la llevaron a aceptar un resarcimiento económico por parte de ella para reparar el daño causado.
Aseguró que la decisión se basó en las diferencias de actitud y responsabilidad entre los implicados: “Hace mucho que vengo esperando sus disculpas. Lo hablaba con mi abogado y decía: ‘Ella es mujer, ¿cómo puede ser?’. Cuando se separaron, ahí dije: ‘Bueno, ahora que se separó se va a disculpar’. Se lo expresé durante el juicio y le dije: ‘Hace mucho que estoy esperando que te disculpes’. Siento que no la puedo juzgar porque yo también estuve ahí”.
Después del tormento vivido, Gabriela reconoció que cuando una mujer mantiene un vínculo tóxico con una persona como Oliveri “termina enferma y trastornada”. Por eso, desde su lugar, pudo empatizar y la perdonó.
“Cuando Oliveri le echó toda la culpa a Tatiana por la viralización de mi video, Gabriela tuve la certeza de que había sido manipulada por él y que no era plenamente consciente de sus actos”, remarcó.
Y agregó que su decisión de disculparla también respondió a una reflexión personal: “Me parece ingrato, o poco coherente con mi modo de ser y de actuar, juzgarla o continuar con el odio, la bronca y el rencor. Era una guerra que no se terminaba más”.
Relató también que el abrazo que le dio Tatiana dentro del Tribunal -una vez que terminó el juicio- la tomó por sorpresa y defendió su postura ante quienes critican su perdón: “¿Qué iba a hacer? Traté hacer lo correcto, de ser coherente, de frenar con el odio y la maldad”.
La reparación económica fue otro componente central en la resolución del caso. Gabriela defendió el acuerdo recibido como “un derecho”, después de casi cinco años de consecuencias negativas en su vida: “Yo no voy a dejar de estar viralizada o estigmatizada. Considero que es mi derecho la reparación. Es la única manera que tengo de resarcir todo el tiempo que estuvo sin trabajar, con todo tipo de perjuicios. Entonces, es mi derecho”, respondió de manera contundente.
El cierre de esa dolorosa etapa fue una imagen que pensó que nunca llegaría: verlo a Oliveri salir esposado del Tribunal. “Es justicia. Por fin una víctima de violencia de género está viva para pedir justicia, para lograrla, para que lo metan preso a un violento, a un agresor, a un abusador”, declaró.
Gabriela, además, explicó por qué eligió caminos tan distintos para cada uno de los acusados, remarcando que lo que hizo con Oliveri “no fue rencor ni venganza”. Recordó que nunca recibió ni una muestra de arrepentimiento, a quien describió como un hombre “cruel, peligroso, dañino”.
Incluso se sorprendió cuando Oliveri le hizo una “insólita” petición a la jueza. “Si hice algo que a alguien lo lastimó, lo lamento. Ahora estoy enfermo. Entonces, si me van a condenar, que sea en suspenso”, pidió antes de escuchar la sentencia.
El impacto personal del fallo resultó reparador para Gabriela. Al referirse a la resolución judicial, afirmó: “Haberlo visto cómo lo esposaban, luego de que prácticamente se burló de todos cuando declaró, es para mí muy reparador y espero que sea ejemplificador para todas las personas que sufren algún tipo de violencia y no se animan a denunciarlo. Hay que luchar, pero bueno, se logra”, dijo con orgullo.
Conmovida, también agradeció a sus hijos el impulso para sobrevivir y enfrentar el proceso: “Mis hijos me salvaron la vida. Yo no terminé con mi vida porque tengo dos hijos. Entonces, lo primero que le voy a decir es gracias. Mis hijos tenían mucha sensación de impotencia porque eran muy chicos y no me podían defender. Hoy les puedo decir que hubo justicia y que vamos a poder estar tranquilos”, concluyó.
Diego Oliveri fue hallado culpable de los delitos de distribución indebida de correspondencia, amenazas y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, todo ello en concurso real.
Más allá de las pruebas aportadas por los peritos informáticos y los informes psicológicos, el testimonio de Gabriela fue determinante para que Oliveri terminara tras las rejas.
La víctima relató que estuvo en pareja con Oliveri durante tres años y que durante ese tiempo vivió situaciones de violencia física, sexual, económica y psicológica. Dijo que él la golpeaba hasta dejarla inconsciente y luego abusaba de ella. Aunque lo denunció en múltiples ocasiones (especificó que fueron 17 veces), sentía que debía quedarse en la relación porque era madre sola de dos hijos y dependía económicamente de él, a quien entregaba todo su ingreso.
Describió una dinámica marcada por la manipulación, el control y el menosprecio, donde Oliveri la hacía sentirse culpable de las agresiones y constantemente la desvalorizaba. Indicó que aunque logró dejar de convivir con él a fines de 2018 gracias al apoyo familiar y a una terapia, mantuvieron algunos contactos hasta mediados de 2019. En ese período, quedó embarazada y denunció que Oliveri la golpeó con tal violencia que perdió el embarazo.
Según su relato, la violencia escaló a finales de 2019, cuando él la vio rehaciendo su vida personal y profesional. Gabriela mencionó que comenzaron entonces las amenazas, agresiones físicas, y una serie de hostigamientos que incluyeron la destrucción de dispositivos de alerta (botones antipánico) y la difusión de contenido íntimo que ella le había enviado durante la relación.
La causa de Gabriel Fernández Aberastain marcó un precedente en la justicia de San Luis al ser la primera condena por sextorsión en la provincia, y la segunda del país.