Alias Fito durante su audiencia de extradición.

El proceso de extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, avanza con pasos firmes. Estados Unidos ya entregó al Estado ecuatoriano las garantías requeridas para que el cabecilla de Los Choneros enfrente cargos por narcotráfico en una corte federal de Nueva York, así lo confirmó la Corte Nacional de Justicia, según varios reportes de medios locales.

Las garantías otorgadas por el gobierno estadounidense, aunque no han sido detalladas públicamente, responden a lo estipulado en el Tratado de Extradición entre Ecuador y EE.UU., suscrito en 1872 y vigente tras la ratificación de la Convención sobre Extradición de Montevideo de 1933. Según el artículo 14 del tratado bilateral, Estados Unidos debe comprometerse a no imponer la pena de muerte ni cadena perpetua sin revisión, y garantizar que el requerido no será juzgado por delitos distintos a los descritos en la solicitud.

Con la recepción de estas garantías, el proceso entra en una nueva fase: la deliberación de la Corte Nacional sobre si procede la entrega del requerido, quien permanece recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil, desde su recaptura el 21 de junio. Macías Villamar había fugado de la Penitenciaría del Litoral en enero de 2024, lo que desató una ola de violencia que obligó al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno y desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles.

El juez José Suing, quien preside la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. (CNJ)

La audiencia de extradición fue convocada el viernes 11 por el presidente de la Corte Nacional, José Suing Nagua. En la breve diligencia, alias Fito aceptó ser juzgado en los Estados Unidos.

El marco legal ecuatoriano contempla la posibilidad de que el requerido sea juzgado primero en el país solicitante, y luego devuelto para enfrentar sus causas pendientes, siempre que exista un acuerdo bilateral o garantías suficientes. Así lo prevé el artículo 15 del Tratado de Extradición con EE.UU., y lo respalda la práctica internacional en materia de cooperación penal.

El caso de Fito ha adquirido una dimensión internacional que pone a prueba la capacidad del Estado ecuatoriano para responder con firmeza y legalidad ante el crimen organizado. La decisión que se adopte en los próximos días marcará un precedente clave en la cooperación penal entre Ecuador y Estados Unidos, considerando que alias Fito se convertirá en el primer ecuatoriano extraditado desde Ecuador.

Alias Fito fue recapturado por las Fuerzas Militares de Ecuador (Ejército Ecuador)

Alias Fito fue procesado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por siete cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas y armas. Entre las acusaciones constan conspiración para distribuir cocaína, distribución internacional de esta sustancia, uso de armas de fuego en actividades de narcotráfico, tráfico ilegal de armamento desde Estados Unidos y compras ficticias de armas a través de intermediarios.

La imputación se enmarca en la operación “Take Back America”, una estrategia nacional que busca desarticular organizaciones criminales transnacionales como Los Choneros. Las autoridades estadounidenses destacaron el trabajo conjunto con las agencias ecuatorianas y la participación de entidades como la DEA, la ATF y la Oficina de Cumplimiento de Exportaciones. La indagación también expuso cómo la organización operaba bajo un esquema de corrupción y sobornos para proteger sus actividades ilícitas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Macías lideraba una estructura integrada por sicarios y traficantes que introducía cargamentos de cocaína a Estados Unidos, mediante rutas controladas en coordinación con el cartel de Sinaloa. Para consolidar su dominio, Los Choneros habrían recurrido a niveles extremos de violencia, incluidos asesinatos, torturas y secuestros. Parte de su arsenal habría sido adquirido ilegalmente en Estados Unidos y trasladado a Ecuador para apoyar sus operaciones.

En caso de ser hallado culpable, Macías enfrenta una sentencia mínima obligatoria de diez años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Además de los procesos penales, ha sido objeto de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. La causa es llevada por la Sección de Narcóticos Internacionales y Lavado de Dinero de la Fiscalía, como parte de la Fuerza de Tarea contra las Organizaciones Criminales Transnacionales.