El Gobierno continúa avanzando con el proceso de privatización de la empresa de rampa estatal Intercargo. Hay un plazo de 8 meses para concretarla. La Secretaría de Transporte ya había dispuesto el fin del monopolio de la compañía en las operaciones.
La operación se realizará mediante la venta del 100% del paquete accionario a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional, y no prevé el otorgamiento de preferencias ni la incorporación de un Programa de Propiedad Participada. Es decir, el Estado no se quedará con ningún porcentaje, como en el caso, por ejemplo, de YPF.
El proceso empezó en marzo de este año, en línea con lo establecido por la Ley de Bases, que incluye a Intercargo, empresa responsable del servicio de asistencia en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país; entre las compañías sujetas a privatización. La decisión responde a la máxima del presidente Javier Milei “de reducir la participación del Estado en actividades empresariales”, indicaron desde Transporte.
De este modo, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, instruyó a distintos organismos para que implementen las acciones necesarias que permitan avanzar y consolidar el proceso de privatización de la empresa.
Por un lado, la Secretaría de Transporte elaborará y gestionará la documentación licitatoria, técnica y contractual, con la intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Además, deberá llevar a cabo la actualización del inventario de bienes tangibles e intangibles que inciden en la valuación de la empresa, así como iniciar las gestiones necesarias para promover la rescisión, de mutuo acuerdo, del contrato de concesión vigente con el Estado para la prestación del servicio de rampa.
Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar el cumplimiento del cronograma que establece un plazo de 8 meses para completar el proceso de privatización desde la fecha.
También, solicitará a una entidad bancaria perteneciente al sector público nacional la tasación del paquete accionario de la compañía.
A su vez, la Subsecretaría de Transporte Aéreo deberá garantizar la correcta continuidad de la prestación del servicio aeroportuario o de rampa sin afectación de la conectividad nacional e internacional.
Todos los procedimientos se desarrollarán a través de las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR.
En tanto, la medida aumentará la conflictividad con los gremios del sector. De hecho, la última semana Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció que la decisión inicial carece de legalidad y razonabilidad, y constituye una violación de la Constitución.
Por ello, presentó un amparo judicial para suspender la privatización “por graves irregularidades en un procedimiento cuyo objetivo final es precarizar a los trabajadores aeronáuticos y traspasar negocios rentables del Estado a privados”, señalaron desde el gremio.
“En sus considerandos, el Decreto 198/2025, que autoriza la privatización de Intercargo califica a la empresa como deficitaria y como un obstáculo para el equilibrio fiscal, por haber requerido asistencia financiera entre 2020 y 2023. Esto es falso″, dijeron en un comunicado.
“En realidad la empresa presentó un superávit de más de 17.000 millones de pesos en 2024 sin asistencia estatal, lo cual puede verificarse en el ‘Informe de Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas’ acumulado al cuarto trimestre de 2024, elaborado por la Oficina Nacional del Presupuesto”, sostuvieron.
Cabe destacar que, en paralelo al avance del proceso de privatización de Intercargo, también se llevó a cabo la desregulación de los servicios de rampa. Esta medida puso fin al monopolio de la empresa y abrió la posibilidad de que nuevas compañías ingresen al mercado para prestar dicho servicio.
En ese sentido, ya fueron habilitadas seis empresas para operar en aeropuertos del país: MNZS S.A., Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A. y Escalum Investment S.A.
“Estas acciones buscan mejorar la competitividad del sector, fomentando mayores inversiones en infraestructura y una oferta de servicios de mejor calidad tanto para las líneas aéreas como para los pasajeros”, asegura la cartera de Transporte.