El expediente público sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, sucedido el 9 de agosto de 2023, revela una estructura compleja de seguimiento, amenazas, conspiración política, criminalidad organizada y presuntas responsabilidades de altos funcionarios. Villavicencio -político, sindicalista, investigador y crítico del correísmo- había denunciado públicamente varias veces su exposición a amenazas de grupos criminales y de corrupción, como parte de su campaña electoral que giraba en torno a denunciar corrupción, contratos ilegales, tráfico de influencias y crimen organizado. En paralelo, los documentos judiciales muestran que esas denuncias no solo incidían en su discurso público, sino que actores poderosos lo estaban siguiendo, vigilando, desacreditando y planificando acciones políticas y posiblemente violentas en su contra.
Estos cuerpos documentales fueron revelados por la Fiscalía General del Estado como parte de las diligencias para identificar y juzgar a los presuntos autores intelectuales del crimen. Los documentos forman parte del expediente público de libre acceso. La apertura de estos ocurre después de que en 2024 se dictaran sentencias contra varios de los autores materiales del magnicidio.
Además, en la audiencia de formulación de cargos realizada el pasado 3 de septiembre la fiscal Ana Hidalgo presentó un elemento de convicción que encendió la controversia política y judicial en el país: la declaración de uno de los sicarios que participó en el asesinato y que, antes de ser asesinado en la Penitenciaría del Litoral en octubre de 2023, habló con un agente del FBI. Según la versión expuesta por la Fiscalía, este individuo habría afirmado que “el trabajo fue para el señor de arriba” y, al ser consultado por el oficial estadounidense, especificó que se refería al expresidente Rafael Correa.
Los cuerpos 18, 20, 21, 22, 23, 36, 37, y la versión libre de RPHR contienen chats en la aplicación Threema –la misma utilizada por los sentenciados del caso Metástasis– entre alias “Owner”, “Daddy Yanky”, “B54REAXN‑Po”, “Marido”, “El Ruso”, donde se habla de estrategia para “inteligencia” sobre Villavicencio, de sacarle denuncias, de coordinar acciones para “callarlo”. En el cuerpo 18, por ejemplo, se extraen conversaciones entre “owner” y “Daddy Yanky” que mencionan a Villavicencio, a “El Ruso” y se alude a grabaciones comprometedoras. En los cuerpos 20‑21 y 22 también aparece la coordinación para ubicar a Villavicencio, para promover denunciarlo o neutralizarlo políticamente. En los cuerpos 34 y 35 se identifican versiones libres de personas que describen estructuras criminales que lo vigilan y lo atacan desde lo mediático y judicial, no solo lo físico.
La versión RPHR (Versión de R. P. H. R., ex teniente de Policía) aporta declaraciones explícitas de que altos funcionarios hicieron seguimientos, pidieron informes sobre la vida personal de Villavicencio, personas cercanas, rutinas; que se entregaron armas, que hubo reuniones con él y con intermediarios, se hicieron vigilancias desde prisión por Daniel Salcedo bajo órdenes de José Serrano, etc. Esa versión coincide con los chats privados en los cuerpos 22‑37, que también dan cuenta de coordinación y acciones de inteligencia política.
Paralelamente, en el ámbito político público, Villavicencio denunció contratos petroleros irregulares, corrupción en gobiernos correístas, demandas en la Asamblea Nacional, amenazas, motivaciones criminales y comerciales detrás de decisiones de Estado. Antes de su asesinato, él denunció la firma de 21 contratos petroleros durante los gobiernos de Rafael Correa y Jorge Glas, incluidas operaciones con empresas como Schlumberger. En medios nacionales, Villavicencio había ofrecido pruebas, había pedido investigaciones fiscales, había llamado al diálogo público sobre corrupción. Esa exposición pública lo volvió blanco no solo de campañas mediáticas, sino de lo que los cuerpos del expediente muestran como acciones coordinadas de actores institucionales y criminales para neutralizarlo.
El expediente además identifica actores muy concretos con presunta responsabilidad intelectual, financiera o de coordinación. La Fiscalía fijó la audiencia de imputación de cuatro personas como presuntos autores intelectuales: José Serrano (ex ministro del Interior en el correísmo), Ronny Aleaga (exasambleísta), Daniel Salcedo (empresario procesado) y Xavier Jordán (empresario también vinculado a casos de crimen organizado).
Uno de los testimonios clave es de Daniel Salcedo, quien dijo que hubo pagos estimados entre USD 20.000 y USD 200.000 para financiar el asesinato, y mencionó que Serrano facilitaba nexos policiales, Jordán financista, Aleaga enlace político. Adicionalmente, otro testigo, Lenín Vimos, declaró que “Jorge Glas Espinel da la orden directa a Ronny Aleaga, financiado por José Serrano Salgado” y que Chonillo prestaba armas a través de Colón Pico (cabecilla de Los Lobos), todos actores que aparecen en la estructura refutada o investigada.
Los cuerpos del expediente también señalan con claridad la existencia de conspiraciones de varios tipos: acciones judiciales preparadas en la Asamblea Nacional; denuncias falsas o denuncias políticas que sirven de plataforma para desacreditar; seguimiento a Villavicencio, inteligencia política; amenazas y coordinación con criminales, pues en los chats se menciona “callar a FV”, sacarle denuncias, “poner lo de Villa”.
El expediente revela además que varios de los implicados tenían vínculo con causas más amplias de corrupción y crimen organizado en Ecuador: Metástasis, Purga, contratos petroleros (como los denunciados por Villavicencio), además del uso de inteligencia estatal, relaciones institucionales con policía, ministerio, fuerzas de seguridad. Por ejemplo, Daniel Salcedo fue sentenciado por el caso Metástasis; Xavier Jordán que reside en Estados Unidos también aparece vinculado en causas de crimen organizado; mientras que José Serrano –ahora detenido en Miami– tiene un historial político fuerte y pronunciamientos anteriores sobre mano dura, pero también denuncias de filtraciones, influencia institucional. Estos vínculos sugieren que no se trata de un asesinato aislado, sino de un crimen con raíces en estructuras de poder político.
El contexto real confirma lo que los cuerpos muestran. Villavicencio era uno de los principales opositores del correísmo: se distinguía por denunciar claramente los contratos estatales irregulares, la corrupción, los nexos del correísmo con empresas privadas y narcotráfico, y había llamado la atención sobre la inseguridad y el poder de bandas criminales.
La jueza María Daniela Ayala autorizó medidas que han sido criticadas por no imponer prisión preventiva para todos los imputados intelectuales, permitiendo presentaciones en consulados para algunos. Posteriormente, el Consejo de la Judicatura sancionó a la magistrada con una suspensión de tres meses por actuar fuera del marco normativo al disponer que los procesados se presenten en el exterior sin estar legalmente habilitados para ello.
La acumulación de evidencias del expediente público sugiere que el magnicidio de Villavicencio no fue solo el acto brutal que conmocionó al país, sino la culminación de un plan político‑criminal con varios niveles: inteligencia, seguimiento, amenazas, encubrimiento, financiamiento. Y aunque hasta ahora los cuerpos analizados (los chat internos, los seguimientos, las versiones libres, las pericias) muestran patrones claros, la parte más difícil está pendiente: probar jurídicamente quiénes dieron la orden desde lo más alto, quiénes financiaron concretamente y cómo se articuló todo operativamente. Si la justicia logra sostener estos vínculos con pruebas judiciales, se enfrentaría a uno de los casos más significativos de crimen político en América Latina reciente.