Dos atentados contra funcionarios públicos se dieron en menos de dos meses en Uruguay, situaciones que generaron una alarma sobre el crecimiento del crimen organizado en el país. El más grave fue el ingreso a la casa de la fiscal general del país, Mónica Ferrero, por parte de delincuentes que dejaron una granada en el patio y dispararon varias veces. Por 15 centímetros, en palabras de Ferrero, no la mataron.
Más acá en el tiempo, la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación fue atacada, un hecho que se interpretó como un mensaje para su directora, Ana Juanche. Este es el instituto que se encarga de la gestión de las cárceles en el país.
Estos dos atentados son “la repercusión de la criminalidad organizada”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, al hablar de este episodio el 26 de noviembre, en una comparecencia suya a una comisión de la Cámara de Diputados. El jerarca –que fue fiscal de Homicidios antes de asumir su cargo en el gobierno de Yamandú Orsi– dijo que hay un “nexo” entre el crimen organizado y estas dos situaciones.
Uruguay está atravesando un “punto de inflexión” en la seguridad, con una criminalidad que en las últimas décadas se volvió “más violenta, más compleja y más conectada con los mercados ilegales regionales”.
“Seguimos siendo un país con instituciones fuertes y bajos niveles de corrupción. Sin embargo, los datos muestran un incremento sostenido de homicidios, extorsiones, cibercrímenes, delitos asociados al narcotráfico, así como la incipiente intervención de bandas en algunos territorios”, describió Negro al hablar ante los legisladores, según la versión taquigráfica del encuentro.
Para el gobierno uruguayo, el momento que está atravesando Uruguay no es exclusivo del país sino muestran una “tendencia regional” del crimen organizado, que también crece en la región por la “capacidad de maniobra que tiene” al tiempo que también diversifica sus actividades.
Negro describió este momento del crimen organizado en el país para argumentar que el país necesita un nuevo plan de seguridad con el que se buscará llegar a un “modelo Uruguay” para enfrentar estos asuntos.
Fue entonces que Negro pasó a detallar características de los grupos criminales. “El crimen organizado en América Latina, y también en Uruguay, es un fenómeno extremadamente variado: desde clanes familiares y pandillas locales, como puede ser el caso hoy de nuestro Uruguay, hasta bandas de alcance regional y redes transnacionales asociadas a economías ilícitas globales”, describió el ministro del Interior.
Una segunda característica que tienen estas bandas es que se adaptan y mutan, como si fueran un virus.
“Las organizaciones criminales se fragmentan, se fusionan, migran, diversifican sus operaciones o cambian de estructura según las presiones del mercado, las disputas territoriales entre ellas o intervenciones estatales. Estas transformaciones se reflejan con claridad en las tendencias observadas en las últimas dos décadas”, expresó el ministro. Mencionó como ejemplo el crecimiento en Brasil del Primer Comando Capital, que ha llegado a Perú, Ecuador, Venezuela y Chile.
Los grupos, describió Negro, pasaron de tener estructuras jerárquicas “rígidas” a ser “redes más flexibles” que se basan en los intermediarios.
“Hoy las organizaciones criminales cuentan con la participación de brokers, es decir, de elementos que operan como bisagras, como nexos de venta de determinadas marcas, porque las organizaciones criminales, a nivel latinoamericano, tienen marcas. Esas marcas, que son las que venden estos brokers, luego operan como franquicias”, agregó el ministro.
Un tercer elemento distintivo del crimen organizado es la diversificación de actividades con organizaciones que operan de manera simultánea en varios mercados ilegales.
Otro fenómeno “preocupante” que describió el ministro es la participación de actores legales, como pueden ser empresarios –se “prestigio”, en algunos casos”–, profesionales “de renombre” o políticos.
“Esta interpenetración entre lo ilegal y lo legal es una de las características más relevantes del fenómeno contemporáneo del mercado de drogas y de otros bienes y servicios ilícitos”, dijo.