La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil comenzará este martes en Brasilia la fase final del juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de orquestar un complot golpista tras perder en 2022 las elecciones ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según la información proporcionada. El ex mandatario, de 70 años, enfrenta cargos por cinco delitos contra el orden democrático. Junto a Bolsonaro, se sientan en el banquillo siete ex colaboradores, incluidos generales y ex ministros de su administración.
El tribunal está compuesto por cinco jueces, entre ellos Cristiano Zanin, ex abogado de Lula da Silva, y Flávio Dino, ex ministro de Justicia del líder progresista. El proceso se realizará en las sesiones del 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre, bajo una fuerte cobertura mediática y social.
Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria por intento de obstrucción en la investigación del caso, mientras la acusación, a cargo del fiscal general Paulo Gonet, lo señala como “principal articulador” y “líder” de una trama cuyo objetivo era anular el resultado electoral y asegurar su permanencia en el poder. La denuncia ocupa 272 páginas, respalda su acusación en testimonios, audios, documentos y la confesión de Mauro Cid, ex ayudante del ex presidente.
Entre los elementos presentados figura la revelación, por parte de Cid, sobre la existencia de un decreto que contemplaba el estado de sitio, la reversión del resultado electoral y la detención de autoridades, incluidas figuras del propio Supremo Tribunal. La Fiscalía establece que el golpe de Estado no prosperó porque la mayoría de los altos mandos de las Fuerzas Armadas rechazó involucrarse en el plan.
El fiscal general sostiene que la participación de Bolsonaro y sus aliados incluyó tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal armada, golpe de Estado, daños y deterioro de patrimonio público protegido. El ex presidente niega haber intentado dar un golpe e insiste en que solo evaluó “alternativas constitucionales” ante lo que consideró una actuación judicial perjudicial.
La expectativa en torno a la sentencia es elevada. Si la Corte Suprema condena a Bolsonaro, la sentencia no será automática pues sigue abierto el recurso ante el propio tribunal. El juez instructor Alexandre de Moraes abrirá las votaciones y será el primero en proponer una pena. La acusación plantea una posible condena de hasta 40 años de prisión.
El juicio ocurre en medio de tensiones internacionales, pues Donald Trump, presidente de Estados Unidos, criticó el proceso, sancionó a varios jueces del Supremo e impuso aranceles del 50% a Brasil, calificando las acciones contra Bolsonaro como una “caza de brujas”. Según la investigación, Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, intentaron presionar al gobierno estadounidense para cerrar el caso en la Corte Suprema brasileña.
Además de este proceso, Bolsonaro ya fue inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos por abuso de poder en las elecciones de 2022 y enfrenta otras causas judiciales, entre ellas apropiación indebida de joyas estatales y difusión de noticias falsas.
Refuerzan la seguridad en Brasilia
La seguridad en Brasilia se ha incrementado este lunes, según Agencia Brasil, ante el inicio del juicio por el intento de golpe de Estado que involucra al expresidente Jair Bolsonaro tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.
El despliegue policial permanecerá hasta el 12 de septiembre, fecha prevista para la conclusión del proceso judicial. Entre las medidas adoptadas, una unidad integrada de Inteligencia comenzó a operar en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, coordinando el monitoreo de personas en la ciudad y en redes sociales.
A partir del martes, el área alrededor del tribunal contará con un sistema de seguridad conjunto entre la Policía Judicial Federal y la Secretaría de Seguridad Pública de la capital. Se ha prohibido cualquier tipo de manifestación y acampada en las inmediaciones.
La Policía controlará el acceso a la Plaza de los Tres Poderes y al Tribunal Supremo, revisando mochilas y bolsos, y realizará redadas diurnas y nocturnas con drones capaces de detectar la temperatura corporal. Aunque no se permiten protestas, se prevé un aumento en la circulación de personas, ya que más de 3.000 asistentes se han registrado para acudir al juicio y más de 500 periodistas han solicitado acreditación.
(Con información de EFE y Europa Press)