El gobierno de Javier Milei apunta a sancionar la reforma laboral en febrero, durante el segundo tramo de sesiones extraordinarias, y la semana que viene comenzarán las primeras actividades formales: el próximo viernes la mesa política se reunirá para terminar de definir la estrategia legislativa y una comisión técnica analizará en el Senado las observaciones de la CGT y las entidades empresarias.
Sin embargo, los contactos informales ya empezaron. El ministro del Interior, Diego Santilli, ya visitó Chubut y tiene en agenda viajes a Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco. En tándem, Patricia Bullrich y Martín Menem preparan el terreno en el Senado y Diputados. De hecho, la ex ministra de Seguridad ya dijo públicamente que el dictamen aprobado en los últimos días del año pasado está abierto a sufrir modificaciones. “El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, dijo a Infobae.
En base a los pronunciamientos públicos de algunos bloques y líderes provinciales, el oficialismo se entusiasma. Ven el camino despejado en el Senado y creen que podrán construir los consensos necesarios también en Diputados. Al igual que ocurrió durante el debate del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, los gobernadores y el radicalismo tendrán un rol protagónico.
En la Cámara alta el oficialismo parte de una base de 21 votos a favor, por lo que necesita sumar 16 voluntades para llegar al quórum. En la pecera donde deberán buscar los libertarios hay diez senadores radicales (siete que responden a gobernadores y tres “sin techo”) y otra decena de legisladores que responden a mandatarios provinciales.
Los radicales “sin techo” (son oposición en sus provincias) son Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). En cambio, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Carolina Losada y Eduardo Garaletto (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco) tienen vínculos directos con sus respectivos gobernadores. Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 y hay mandatarios que además tienen alianzas políticas en sus provincias como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.
No fue casualidad que la primera parada de la gira de Santilli fuera la provincia de Chubut. Allí se reunió con Ignacio Torres, que podría influir sobre los votos de Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).
Al mismo tiempo, el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, tiene relación directa con Flavia Royón, ex ministra provincial. La Casa Rosada y la provincia de Salta dejaron expuesta su buena sintonía en la última sesión de Diputados, cuando acordaron la designación de Pamela Calletti en la AGN. Un acuerdo que le valió a los libertarios el enojo del PRO y la UCR.
Misiones, que también jugó con el oficialismo para la aprobación del Presupuesto 2026 y otras votaciones clave durante el año pasado, tiene dos senadores -Carlos Arce y Sonia Rojas Decut- que responden a Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia. Fue una de las provincias más favorecidas con Aportes del Tesoro Nacional en la previa de la sanción del Presupuesto.
Por el lado del peronismo disidentes, el catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y el tucumano Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. El primero recibió de Nación esta semana el control del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio, mientras que el segundo mostró en varias oportunidades su cercanía con los libertarios, por ejemplo cuando fue el primer gobernador en romper el bloque peronista en Diputados.
Finalmente, el santacruceño Claudio Vidal y el neuquino Rolando Figueroa cuentan con los últimos tres votos clave (Natalia Gadano y José María Carambia, y Julieta Corroza). El apoyo del primero será el más esquivo, ya que proviene del mundo sindical. Aunque la modificación de la ley de Glaciares, que permitiría ampliar las zonas con actividad minera, podría servir como moneda de cambio.
Hasta el momento, las principales objeciones de todos los gobernadores, tanto aliados como opositores duros, giran en torno a los recursos coparticipables que las provincias dejarían de recibir por las reducciones de alícuotas de Ganancias a empresas. En total, calculan que perderían más de $1 billón y las más perjudicadas serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
También se eliminarían impuestos a “seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves”. Por lo que desde la oposición denuncian que se trata de una reforma tributaria encubierta que perjudica directamente a las provincias.
Por este motivo, los cambios que el Gobierno esté dispuesto a conceder en el capítulo tributario seguramente terminará de inclinar la balanza.
En la Cámara de Diputados, los libertarios parten de una base de 95 votos del bloque oficialista más 12 del PRO y 2 de MID para llegar al quórum de 129. Las 20 voluntades restantes también deberán aportarlas en su mayoría los gobernadores.
Los peronistas aliados de Tucumán y Catamarca podrían sumar los primeros 6 votos a favor. En tanto que Misiones y Salta, aportarían otros 7. San Juan (2), Neuquén (1), Santa Cruz (1) y San Luis (1), representan otros 5 votos clave, mientras que el radicalismo (UCR + ABA) tiene otros 7.
Cabe destacar que la UCR no solo firmó el dictamen del oficialismo en el Senado, sino que además había propuesto su propia reforma laboral cuando se discutió la Ley Bases, al inicio del gobierno de Milei. Entre otros puntos se destacaban la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos y la creación de un fondo de cese laboral. Ante la consulta de Infobae, desde el bloque contestaron que están analizando las posibles modificaciones.
Si bien el panorama es alentador para el oficialismo, el resultado de la negociación parlamentaria dependerá de la voluntad de hacer concesiones en el capítulo tributario, donde se concentran las principales resistencias de las provincias.