El conflicto por la supresión del subsidio a la obra social de jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires dio paso a su primer capítulo judicial. Un abogado jubilado de 80 años de La Plata inició una acción de amparo al verse obligado a elegir entre conservar la jubilación o pagar la cobertura de salud. La medida adoptada por la entidad previsional, que alcanzó a 2.473 beneficiarios, motivó la demanda que ahora estudia el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº21 de La Plata.
El hombre, cuya solicitud quedó registrada en ese tribunal, expuso el dilema vital en el que se encuentra junto a su familia. “Tengo que optar entre quedarme sin jubilación o quedarme sin sistema de salud”, expresó el demandante, de acuerdo con la información a la que accedió Infobae. El abogado, titular del beneficio, tiene a su cargo a su esposa y a una hija en edad terciaria; ambas también figuran como dependientes de la obra social.
Durante décadas, la Caja de Abogados bonaerense (CPAB) cubrió la totalidad de la cuota mensual de la Caja de Abogados Asistencial (CASA) para quienes alcanzaban la edad jubilatoria o recibían una pensión. La lógica de este beneficio se sostenía en la solidaridad de aportes entre generaciones activas y retiradas. No obstante, este esquema comenzó a modificarse de modo paulatino.
En julio de 2023, la reducción implicó una quita del 20 por ciento. Posteriormente, en diciembre de 2024, el Directorio de la CPAB resolvió bajar su aporte hasta el 30 por ciento, dejando el 70 por ciento del costo bajo responsabilidad directa del afiliado, monto que se extraía del propio haber jubilatorio. A partir de octubre del presente año, el sistema sufrió otra alteración: el subsidio se eliminó en su totalidad y también se modificó la modalidad de pago. A partir de ese momento, el jubilado percibe el total de sus haberes y debe afrontar el coste total de la obra social por otro canal de pago.
El impacto económico resulta considerable. Según el planteo presentado en tribunales, la jubilación básica en el sector ronda los $800.000 mensuales, mientras que el servicio asistencial sanitario supera los $700.000. En la práctica, sostener la cobertura implica entregar casi el ingreso previsional por completo al sistema de salud.
«Con la quita del subsidio, cobré $60.000 de jubilación en diciembre“, detalla el jubilado demandante en documentos a los que accedió este medio. Tras destinar lo necesario a la cobertura del sistema, su haber efectivo se vio reducido a esa suma, insuficiente incluso para afrontar necesidades elementales del hogar.
En la reconstrucción de los hechos presentada ante la Justicia, el jubilado cronológicamente explicó cómo los recortes fueron absorbidos en etapas. Hasta septiembre, con una subvención vigente del 70 por ciento, lograba organizar su economía familiar. Todo cambió al aplicarse el recorte al 17 por ciento y mudarse al nuevo sistema de percepción. Ya en octubre y noviembre, tuvo que desembolsar más de $810.000 mensuales, pagando “bajo protesto” y con intereses, por temor a perder la cobertura por edad.
La consecuencia inmediata: su ingreso neto descendió de más de $650.000 en septiembre a apenas $80.000 en los meses siguientes. El nuevo régimen dejó fuera el descuento automático, trasladando la carga completa a los jubilados y pensionados del sistema. La acción en tribunales puso en discusión la viabilidad de este modelo para los beneficiarios, especialmente aquellos que no cuentan con respaldo económico o familiares en actividad.
En la instancia inicial, el juez Héctor Luján Iacomini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº21 de La Plata, rechazó la medida cautelar que solicitaba suspender el cobro del 100 por ciento de la cuota asistencial, pero admitió la competencia y ordenó a la Caja de Abogados bonaerense responder y fundar su resolución en el término de cinco días.
Para el letrado patrocinante Marcelo Szelagowski, la decisión de la entidad previsional implica un cambio profundo en el sistema de protección social del sector jurídico en la provincia. “Es una verdadera vergüenza que luego de más de 40 años de aportar el 20% de todas las regulaciones, en muchos casos millonarias, un abogado deba optar entre su jubilación o su obra social”, manifestó.
También interpeló el argumento institucional de que la Caja y la obra social se traten de entidades distintas: “Fueron creadas con un único fin solidario. Cambiar el sistema de percepción no elimina la responsabilidad. Medidas como esta ponen en crisis el espíritu de la colegiación obligatoria”.
La problemática abarcaría a 2.473 jubilados y pensionados, quienes ven condicionada su cobertura sanitaria por la eliminación del subsidio.