Tras el anuncio del régimen chavista sobre la excarcelación de varios presos políticos, un número sin precedentes de familias venezolanas acudió a la ONG Foro Penal para registrar a sus parientes como presos de conciencia.
La organización recibió en las últimas horas múltiples denuncias de personas que aseguran que sus familiares continúan privados de libertad o fueron liberados bajo condiciones restrictivas, pese a no figurar en las listas oficiales difundidas por el chavismo.
La organización, que lleva años documentando la situación en Venezuela, confirmó que ha recibido solicitudes de al menos 300 familias en los últimos días, a raíz de la promesa de liberar a un “número importante” de prisioneros tras la captura del dictador Nicolás Maduro.
“Las familias antes no denunciaban por miedo, pero ahora lo están haciendo porque, de alguna manera, sienten que existe esta posibilidad de que sus familias sean liberadas y lo ven como una esperanza o una oportunidad”, explicó Alfredo Romero, director de Foro Penal.
El clima de incertidumbre y la falta de información oficial han motivado a muchos a buscar ayuda, con la esperanza de que la presión pública acelere la excarcelación de sus seres queridos.
El caso de Edison Torres ilustra la situación crítica de muchos detenidos. Torres, ex policía de 51 años, murió bajo custodia del régimen chavista justo cuando su familia esperaba su liberación. Su hermana, Emelyn Torres, relató entre lágrimas cómo el ataúd cubierto con la bandera venezolana llegó al pequeño pueblo rural donde sería enterrado.
“La libertad llegó demasiado tarde”, lamentó la familia, que se sumó a decenas de personas para rendirle homenaje y reclamar justicia.
La muerte de Torres no es un hecho aislado. Según líderes opositores y organizaciones de derechos humanos, al menos ocho presos políticos han fallecido bajo custodia estatal desde las elecciones de julio de 2024. La reciente oleada de excarcelaciones, anunciada por el titular de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, ha generado expectativas pero también frustración, ya que la mayoría de las liberaciones no han sido verificadas de manera independiente.
El Foro Penal informó que sólo 55 excarcelaciones han podido ser confirmadas hasta este martes, mientras el régimen sostiene que el número supera las 100, aunque no ha publicado listas ni identificado a los beneficiados.
“Seguimos validando información y verificando que en efecto se trate de presos políticos”, detalló Romero, al tiempo que subrayó que la mayoría de los casos reportados en los últimos días involucran a personas que alguna vez trabajaron en el ejército venezolano.
El proceso de liberación ha estado marcado por la falta de transparencia y la ausencia de comunicación oficial tanto a los detenidos como a sus familias.
“Cientos de ellos permanecen en vigilia acampados frente a los centros de reclusión, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo”, denunció la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, en un comunicado conjunto con el presidente electo, Edmundo González Urrutia.
Ambos insistieron en que “no puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas”.
Entre los excarcelados recientemente figuran figuras destacadas como la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, el líder político Biagio Pilieri y el ex candidato presidencial Enrique Márquez.
Sin embargo, casos como el del empresario italiano Marco Burlò, quien tras ser liberado describió su detención como “un secuestro puro”, muestran que la incomunicación y el aislamiento siguen siendo la norma para muchos detenidos.
“Estuve sin poder hablar con mis hijos, sin derecho a defensa, sin poder hablar con el abogado y completamente aislado”, afirmó Burlò tras regresar a Italia.
Los líderes opositores y las ONG han reiterado que la liberación debe ser “inmediata, completa, incondicional y verificable”, y que la vida y salud de cientos de personas sigue en juego.
Mientras tanto, el flujo de familias que denuncian la situación de sus parientes ante Foro Penal refleja tanto el miedo acumulado como la renovada esperanza de que la presión internacional y la visibilidad pública puedan finalmente abrir la puerta a la justicia y la libertad en Venezuela.
(Con información de The Associated Press)