La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación en contra de las empresas Casa y Confort S.A.S., Muebles y Accesorios S.A.S. en liquidación judicial y del empresario Manuel Brosntein Tisminezky, de quienes hace parte colchones Paraíso, por presuntas irregularidades en la venta y comercialización de muebles y colchones.
De acuerdo con un comunicado oficial de la Superintendencia, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor formuló pliego de cargos contra los investigados por posibles vulneraciones a los derechos de los compradores, que estarían relacionadas con retrasos en la entrega de productos, deficiencias en su calidad y falta de transparencia en la información suministrada a los clientes.
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En marzo del año anterior, la Superintendencia confirmó que las empresas Colchones Paraíso y Muebles & Accesorios habían entrado en un proceso de liquidación judicial, dejando en el aire tanto el futuro de sus empleados como la situación de los consumidores que habían adquirido productos de estas marcas.
La decisión se tomó luego de que ambas compañías enfrentaran dificultades financieras significativas, que escalaron al incumplimiento en el pago de gastos administrativos, lo que imposibilitó su reorganización.
En ese momento, la autoridad supervisora solicitó el cumplimiento de las obligaciones con los clientes y trabajadores, ya que ese caso despertó una ola de incertidumbre entre los 677 empleados directos de las empresas, que enfrentan un panorama laboral incierto.
Además, los consumidores habían expresado su descontento en diversas plataformas debido a problemas relacionados con la entrega de productos y la atención al cliente. Estas quejas han llevado a las autoridades a intervenir para garantizar la protección de los derechos de los compradores afectados.
Pero el último comunicado de la SIC al respecto informó que las empresas habrían incurrido en tres prácticas que afectan a los consumidores:
- Incumplimiento en la entrega de productos: se habría defraudado la confianza de los clientes al no cumplir con los plazos pactados para la entrega de los bienes adquiridos.
- Fallas en la calidad de los artículos: se investiga si los muebles y colchones comercializados presentan problemas en sus características y condiciones de idoneidad.
- Información poco clara: Las compañías habrían entregado datos inexactos o poco precisos sobre los tiempos de entrega, generando incertidumbre entre los compradores.
Adicionalmente, la SIC abrió una investigación administrativa contra Manuel Brosntein Tisminezky, lider del grupo empresarial de las compañías investigadas.
La entidad señala que el empresario no habría acatado una orden previa de la Superintendencia, establecida en la Resolución No. 9664 del 12 de marzo de 2024, en la que se exigía implementar un plan de entrega de productos o devolución de dinero a los clientes afectados por retrasos.
En caso de confirmarse las irregularidades, la Superintendencia podría imponer sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), de acuerdo con lo estipulado en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
Problemas financieros
Colchones Paraíso, conocida por su trayectoria en el mercado de descanso, había adquirido a través de su filial Dream Rest a Muebles & Accesorios, una empresa con más de 39 años de experiencia en el diseño de mobiliario y decoración.
Sin embargo, esta operación no logró estabilizar la situación financiera de las compañías. Según detalló Infobae, ambas empresas intentaron reorganizarse, pero las dificultades económicas persistieron, lo que finalmente las llevó a la liquidación judicial.
En respuesta a las quejas de los consumidores, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, emitió la resolución No. 9664 de 2024.
Esta medida exigió a las empresas involucradas, incluyendo a Casa y Confort (Colchones Paraíso), Muebles & Accesorios y Dream Rest Colombia, adoptar acciones inmediatas para resolver los problemas relacionados con la entrega de productos.
Entre las disposiciones de la resolución, se ordena a las compañías realizar la devolución del dinero a los clientes afectados o cumplir con la entrega de los productos adquiridos. Esta decisión busca garantizar que los derechos de los consumidores no queden desprotegidos en medio del proceso de liquidación.