La crítica situación que viven los ciudadanos afiliados al sistema de salud por cuenta de las múltiples barreras que hay para acceder a los servicios de salud motivaron a Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 199 organizaciones de pacientes de todo el país, a recurrir a la Procuraduría General de la Nación.
Por medio de un derecho de petición, solicitaron la intervención del organismo de control para que su derecho fundamental a la salud sea protegido. En consecuencia, instaron a la Procuraduría a abrir una investigación disciplinaria al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, así como al superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano.
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Asimismo, solicitaron que sean resueltas varias preguntas que han enviado a las diferentes entidades del Gobierno y sus representantes y que, hasta el momento, no han sido resueltas. Pues, según indicaron, no solo se ha violentado el derecho a la salud de millones de ciudadanos, sino que tampoco se estaría permitiendo la participación de organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los colombianos.
“Presentamos el derecho de petición ante la Procuraduría como un llamado a los organismos de protección de los derechos para que intervengan de manera inmediata ante las deficiencias actuales del sistema de salud colombiano y tomen medidas contra las decisiones conscientes que se están adoptando en el Gobierno nacional, que constituyen una violación directa al derecho a la salud”, explicó el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, citado en una comunicación revelada por Caracol Radio.
Así las cosas, las 199 organizaciones pidieron a la Procuraduría que ayude a generar un marco regulatorio enfocado en la protección de los derechos de las personas afiliadas al sistema de salud, el cual debe involucrar no solo las garantías de atención, sino de una adecuada gestión a nivel administrativo.
Las quejas por el incremento de la UPC: sería insuficiente
Las organizaciones ya habían expresado su preocupación por el incremento que hizo el Gobierno del presidente Gustavo Petro a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), correspondiente a los recursos que gira a las EPS para la atención en salud de cada uno de los usuarios afiliados al sistema. El aumento, considerado leve, fue del 5,36% para 2025, lo que dista, por mucho, del 16% que exigían los pacientes.
De acuerdo con Pacientes Colombia, la decisión del primer mandatario pone en riesgo la salud de millones de colombianos, porque amplía la brecha de recursos que se necesitan y los avalados estatalmente. En consecuencia, según precisaron las organizaciones, los usuarios se verán obligados a sumir costos por medicamentos y procedimientos que ahora mismo no son su responsabilidad, puesto que solo deben pagar una cuota moderadora.
“Está ignorando los derechos de la sociedad civil y se están incumpliendo normas que, en última instancia, complican el futuro de los pacientes en Colombia. Es importante ser conscientes de las acciones que en el presente pueden tener un impacto significativo en la vida de millones de personas que dependen de medicamentos y servicios de salud para mantener su calidad de vida”, aseguró el vocero Denis Silva.
Sin embargo, según el presidente Gustavo Petro, el aumento establecido para la UPC representa un “ascenso real” con respecto al incremento que se hizo para 2024. Se calculó teniendo en cuenta la tasa de inflación.
“Si la inflación esperada es 3%, el incremento de la UPC para salud tiene 2,44% de incremento real sobre la inflación y ya puede subsumir el costo laboral que se incrementa en el salario mínimo del 9,4%”, aclaró en su cuenta de X.