A través del decreto 905/2024 publicado este martes a la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno dio un paso más en la fiscalización de la Obra Social de Vareadores y dispuso que fuera intervenida por un plazo de 180 días tras detectar una serie de irregularidades con los fondos que manejaba luego de llevarse a cabo una auditoria que había comenzado a fines de agosto de este año.
En agosto, una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSSN), también publicada en el Boletín Oficial, dispuso el comienzo de una auditoría en la mencionada obra social, con el doctor Alberto José Curci Castro como encargado de controlar su ejecución a raíz de haberse detectado “diferentes irregularidades” en el manejo, los fondos y la administración operativa.
Poco más de un mes y medio después, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, dispuso: “Interviénese por el término de 180 días la Obra Social de Vareadores (R.N.A.S. Nº 1-2190-3), facultándose al la mencionada cartera nacional, a prorrogar dicho plazo, de considerarlo necesario para la consecución del objetivo del presente acto”.
Así, como interventor de la obra social, quedó el propio Curci Castro “con las facultades de administración y ejecución que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud le otorga al Consejo Directivo de dicha entidad”.
Según se especifica en el artículo 3°, “el Interventor deberá elevar a la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Salud, un informe mensual de su gestión, tendiente a la normalización de la citada Obra Social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional”.
La decisión de avanzar con la intervención se resolvió luego de la confirmación de la presencia de múltiples irregularidades. “La Obra Social incumplió con la presentación de la documentación respaldatoria prestacional, y detectó irregularidades en la carga de los códigos de prácticas efectuadas ante el Mecanismo Integración”, indica sobre una de las faltas.
En otra de la citadas en los considerandos de la norma, se explica que se “detectaron importantes deficiencias de control interno en virtud del alto incumplimiento en la presentación de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF)”. Además, la “Gerencia destacó que entre los años 2020 y 2021 evidenció un aumento exponencial de la población beneficiaria y un marcado descenso de beneficiarios en el período 2023-2024″.
Por otro lado se advirtió “un considerable atraso en las presentaciones mensuales de los Estados de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) y Estados de Situación Financiera Corriente (ESFC), desde el mes de marzo de 2022″. Mientras que se identificaron “deficiencias en el control interno, como ser errores de procedimiento en las conciliaciones bancarias y falta de firmas libradoras en las respectivas órdenes de pagos”.