Proteger la identidad de los barrios y preservar los espacios verdes sin explotación comercial fueron algunas de las demandas esgrimidas por los vecinos durante la audiencia pública convocada por la Legislatura para que la ciudadanía opine sobre el ajuste al Código Urbanístico. La norma cambiará desde diciembre con nuevas reglas de cómo y dónde se construye en la ciudad de Buenos Aires.

En prolongadas jornadas, desde el miércoles 6 y hasta este viernes, la mayoría de los vecinos que participó de manera presencial y virtual expresaron argumentos contrarios a la norma impulsada desde el gobierno porteño. A su vez, plantearon nuevas propuestas –elaboradas por grupos barriales– para que sean incorporadas al proyecto definitivo que se votará en la última sesión del año, el 12 del mes próximo.

Al respecto, los legisladores que presenciaron las exposiciones adelantaron que estudian incluir algunas de las demandas barriales ya que “el objeto de esta audiencia es escuchar”. No obstante aclararon que serán sobre “cuestiones específicas y puntuales”. Los detalles comenzarán a evaluarse el martes próximo en una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano.

El ajuste al Código obtuvo una primera sanción en septiembre pasado, con 32 votos provenientes del oficialismo del total de los 60 diputados que componen el recinto. Tal como lo estipulan este tipo de normas vinculadas con la planificación urbana, para su segunda y final aprobación, es necesaria la instancia de participación ciudadana mediante una audiencia pública entre ambas sesiones.

Según los lineamientos generales señalados por el gobierno porteño, la reforma apunta a conservar barrios con edificaciones bajas y que fueron impactados por la proliferación de inmuebles en altura habilitados por el CUr de 2018. Para ello, prevé llevar las grandes construcciones a las avenidas. También, contempla “incentivos” a los desarrolladores para que inviertan en la zona sur.

Saturación de construcciones

En sintonía, la mayoría de las voces de vecinos y referentes de asociaciones barriales, políticas y sociales que se escucharon fueron críticas respecto de la saturación de construcciones en áreas residenciales de casas bajas, pero también coincidieron en que la propuesta oficial en análisis no garantizará la defensa de la identidad de los barrios afectados.

También, hicieron hincapié en la falta de claridad de la definición de los espacios verdes públicos ya que no les otorga la figura urbanística de “Urbanización Parque” con la que cuentan estas parcelas destinadas a la recreación y el esparcimiento. Y advirtieron que la redacción deja abierta la posibilidad a un uso del suelo con fines de explotación comercial.

Aseguraron que no se cumplió con la Constitución porteña que establece que “la planificación urbana debe ser participativa” y que la convocatoria a intervenir en las audiencias debe darse “en horario vespertino”. Indicaron que no hubo instancias previas para la discusión del proyecto en las Juntas Comunales y los Consejos Consultivos.

Por último, pidieron a los legisladores que, a futuro, desestimen el carácter “no vinculante” que tienen las audiencias públicas que exime a los diputados de tener que incluir las demandas expresadas en la norma.

La voz de los vecinos

Vera Czemerinski, vecina de Chacarita, destacó: “Lo inspirador es ver que tanta cantidad de gente se presente en estas maratónicas jornadas”. “Pienso que parecemos algo así como David contra Goliat. Es esta condición no vinculante de la audiencia nos pone así. Hay observaciones hechas a las que sí hay obligación legal y moral de responder por parte de quienes toman las decisiones”, evaluó.

Graciela Mabel Di Paolo, de Villa General Mitre, deseó que “algún día pueda ver que las audiencias públicas sean vinculantes, para que tengamos el verdadero derecho, no solamente de preocuparnos por todos, sino que también nuestra voz sea escuchada a nivel legislativo”. En la misma línea, Dora Zajac, de Caballito, dijo estar “indignada porque no se le dé entidad vinculante ya que sería una demostración del verdadero ánimo democrático para que no se convirtieran en meras expresiones catárticas”.

Daniela Pelegrinelli, de Balvanera, apuntó sobre los procesos de participación ciudadana al recordar “el nuevo CUr contempla escasa o nulamente el trabajo profundo, intenso y de larga data que realizan las organizaciones barriales y los Consejos Consultivos de todos los barrios, Por lo tanto, mi primer pedido es que lean, escuchen y atiendan todo lo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo”.

María Rodríguez Romero, vecina de la Comuna 13 e integrante de Rumbos Accesibilidad, señaló que en “esta actualización del CUr, el gobierno de la ciudad prioriza el aumento de la constructibilidad, dejando fuera de discusión temas tan preocupantes como la falta de infraestructura y de servicios, la regulación del espacio público, la escasez de espacios verdes y la protección del patrimonio”.

Yamila Rambaldi, de Villa del Parque e integrante del colectivo Conciencia Urbana, consideró que “la identidad y el patrimonio barrial tienen que estar protegidos con alturas acordes, limitación de usos, restricciones al completamiento de tejido y con más y mejores áreas de protección histórica”.

Ana Bas, de la organización Basta de Demoler, tildó al proyecto de “una modificación superficial, sin respeto por el medio ambiente, sin respeto a las mandas constitucionales, sin respeto por las opiniones de los ciudadanos”, por lo que dijo que “no se debería aprobar en segunda lectura porque está en juego nuestra calidad de vida y el futuro de nuestra ciudad”.

“Quiero decir ´no´ a este Código Urbanístico porque desconoce la identidad de cada barrio, favorece el deterioro de la calidad de vida y no resuelve el problema habitacional de quienes viven o desean vivir en la ciudad”, sentenció Laura Sierra de Palermo.

Diego Góngora, vecino del barrio de Colegiales, pidió que “todos los parques y plazas sean rezonificados como ´Urbanización Parque´”; al tiempo que Guadalupe Llamas, de Saavedra, observó que “el proyecto avanza en otra agenda que no es la vecinal y propone iniciativas muy preocupantes y contradictorias con los reclamos barriales, como la flexibilización de usos en las áreas UP que son nuestros parques”.

Más allá de la amplia mayoría opositora al proyecto, en algunas de las jornadas hubo participantes que manifestaron su apoyo al ajuste del CUr impulsado desde la gestión porteña. El acompañamiento quedó plasmado en los discursos de una docena de oradores, jóvenes referenciados en el Pro en algunos casos y en otros casos residentes del sur de la ciudad, sobre todo del barrio porteño de Villa Lugano.

Oriana Cozzi respaldó la ley al sostener que “representa un cambio significativo en la planificación de la ciudad que prioriza el cambio en la mayor densidad de las avenidas principales y menos en el interior de los barrios. Esta estrategia para mí responde a la voluntad de los vecinos de preservar la esencia que tenemos en los barrios porteños”.

Lucas Bártora calificó de “fundamental” a la reforma “porque pone un poco el freno de crecimiento desmedido en zonas meramente residenciales”; en tanto que Javier Scordamaglia dijo que “es importante porque impulsa el desarrollo de la zona sur y aprovecha las áreas de mayor potencial”.

Sigue la polémica por la vivienda del encargado

Al igual que lo ocurrido en los momentos previos a la sesión del 26 de septiembre en la Legislatura porteña, en la audiencia de esta semana volvió a colarse al debate la posibilidad de incorporar nuevamente al CUr la obligatoriedad de que los edificios cuenten con una vivienda para los encargados que dejó de tener vigencia en 2018.

Fueron varios los oradores que sumaron testimonio acerca de “los beneficios” de contar con un trabajador “las 24 horas, los siete días de la semana en el edificio”.

“En algún momento, los vecinos tienen necesidades que deben ser atendidas y somos nosotros los que estamos para eso de manera permanente”, explicó Ángel Bacigalupo, al frente de una portería desde hace 35 años. El hombre dijo que la inclusión de la vivienda “no afecta lo económico”, tal como argumentaron los legisladores que se negaron a acompañar el polémico artículo.

Raúl Costa, de la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal, manifestó que el hecho de que haya un encargado “es una ventaja frente a los acontecimientos que puedan suceder en el edificio como situaciones de emergencia, robos e incendios”. “Es el primero que interviene”, puntualizó

Los próximos pasos

En diálogo con LA NACION, el legislador de La Libertad Avanza Edgardo Alifraco, quien preside la Comisión de Planeamiento y coordinó las ocho jornadas, dijo que se logró una “participación importante” de la ciudadanía y anticipó que el martes próximo se fijará el cronograma en torno de la continuidad del expediente hasta llegar al recinto de sesiones para la segunda lectura.

Claudia Neira, vicepresidenta del bloque Unión por la Patria, sostuvo que “lo más importante fue que los vecinos están lejos de ser simples actores sociales que descansan en las decisiones de sus representantes. Son ya una masa crítica dispuesta a ser protagonista en la construcción de la Ciudad. Y desde ese punto de vista, la semilla de un nuevo paradigma”.