La evolución de las bandas criminales en el Valle de Aburrá ha llevado a un preocupante uso de tecnologías avanzadas para consolidar su control territorial y contrarrestar la acción de las autoridades. Estas estructuras no solo han perfeccionado sus técnicas de vigilancia y comunicación, sino que también han implementado equipos que compiten con los recursos empleados por las fuerzas de seguridad.
En un fenómeno que recuerda a los sistemas de vigilancia urbana, algunas bandas han desplegado circuitos cerrados de televisión para monitorear sus zonas de influencia. En los últimos cinco años, las autoridades han desmantelado al menos 113 cámaras instaladas de manera clandestina por estos grupos. Estas herramientas les permiten supervisar a sus propios colaboradores, identificar movimientos sospechosos y anticiparse a los operativos policiales.
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Uno de los casos más recientes involucró al grupo delincuencial La Terraza, al cual se le decomisaron cinco cámaras y un computador que centralizaba las grabaciones. Estos dispositivos se encontraban ubicados en puntos clave de sus plazas de vicio, sustituyendo a los tradicionales “campaneros” como primera línea de alerta ante la llegada de las autoridades.
Este tipo de vigilancia no es exclusivo de una sola estructura. En 2020, durante la pandemia por covid-19, las bandas El Mesa y Pachelly operaban una red de 46 cámaras distribuidas en barrios estratégicos de Bello y Medellín. Estos circuitos no solo facilitaban el control de sus operaciones ilegales, sino que también se convertían en herramientas para monitorear a las comunidades sometidas a su influencia.