En el marco del 192° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado el 4 de marzo, líderes indígenas y organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz contra la promoción de actividades extractivas en territorios protegidos de la Amazonía peruana. Durante la audiencia temática titulada “Afectaciones a derechos de pueblos indígenas por actuación de las industrias extractivas en Perú”, se expusieron graves denuncias sobre la vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), así como el incumplimiento de normativas ambientales y sociales.
De acuerdo con las declaraciones de Vanessa Cueto, presidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Gobierno peruano, a través de su agencia de promoción de hidrocarburos Perupetro, ha impulsado un plan para promover 47 nuevas áreas de exploración de gas y petróleo en la Amazonía. Estas áreas se superponen con territorios indígenas, reservas PIACI y parques nacionales, donde las actividades extractivas están explícitamente prohibidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
Cueto destacó que estas acciones no solo contravienen la legislación nacional, sino que también violan el principio de intangibilidad que protege a los PIACI. Según datos proporcionados por el Ministerio de Cultura, las nuevas áreas de promoción abarcarían un total de 4 millones 161.438 hectáreas, afectando directamente a 21 pueblos indígenas originarios.
El Candamo está en la mira: un legado de contaminación
Entre las zonas afectadas se encuentra la Reserva Territorial Madre de Dios y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, este último categorizado como un parque de uso indirecto, donde las actividades extractivas están prohibidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
La audiencia también puso de relieve los problemas históricos asociados a las actividades extractivas en la región. Cueto señaló que existen numerosos pasivos ambientales no resueltos, como los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, que ha sido puesto a cargo de la empresa estatal Petroperú. Estos incidentes han generado contaminación en ríos y territorios indígenas, afectando gravemente la salud y el bienestar de las comunidades locales.
Además, se denunció que el oleoducto opera con un instrumento de evaluación ambiental desactualizado y carece de tecnología para prevenir nuevos derrames. Según Cueto, esta situación refleja una falta de compromiso por parte del Gobierno peruano para garantizar el cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales.
Flexibilización de normativas: un riesgo para los parques nacionales
Otro punto crítico abordado durante la audiencia fue la intención del Congreso peruano de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir actividades extractivas en parques nacionales. Cueto advirtió que esta flexibilización pondría en peligro las áreas de mayor protección en el país, sentando un precedente que podría abrir la puerta a la explotación de recursos en zonas vulnerables.
En este contexto, las organizaciones presentes solicitaron a la CIDH que inste al gobierno peruano a excluir las áreas de promoción de hidrocarburos que se superponen con territorios indígenas y reservas PIACI. También exigieron que se reparen y restauren los territorios afectados por pasivos ambientales, especialmente en la región de Loreto, y que se cumplan los acuerdos pendientes en las mesas de diálogo con las comunidades.
El caso Camisea: un ejemplo controvertido
Durante la audiencia, se mencionó el proyecto de gas de Camisea como un caso emblemático de las industrias extractivas en Perú. Aunque el Gobierno lo presenta como un modelo de buenas prácticas, Cueto señaló que este proyecto -que es la “excepción y no la regla” para la actividad hidrocarburífera en el país, debido a su impacto medioambiental relativamente bajo- también ha enfrentado críticas por su impacto en las comunidades y las áreas protegidas.
El proyecto Camisea, que se superpone con una reserva territorial para PIACI, fue aprobado bajo el compromiso de fortalecer las salvaguardas ambientales y sociales. Sin embargo, Cueto afirmó que los beneficios económicos no han llegado a las comunidades del Bajo Urubamba, que continúan enfrentando pobreza extrema y desnutrición infantil. Además, gran parte del gas extraído se exportó, sin beneficiar directamente a la región de Cusco ni a las comunidades locales.
La respuesta del Gobierno y el rol del Ministerio del Ambiente
Según lo expuesto en la audiencia, el Gobierno peruano ha defendido la promoción de hidrocarburos argumentando que las actividades se realizan con alta tecnología y cuidado ambiental. Sin embargo, los líderes indígenas y las organizaciones civiles cuestionaron esta postura, señalando que los derrames y otros impactos negativos continúan afectando a los territorios y las comunidades.
En cuanto al Ministerio del Ambiente, se destacó que en etapas previas había observado propuestas de modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. No obstante, en el contexto actual, su posición no ha sido clara ni contundente frente a las iniciativas que buscan flexibilizar las normativas ambientales.
Reacciones de los pueblos indígenas y próximos pasos
Julio Cusurichi Palacios, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), destacó la importancia de haber llevado estas denuncias ante la CIDH. Según Cusurichi, las políticas actuales no solo afectan los derechos de los pueblos indígenas, sino que también buscan debilitar los estándares ambientales al transferir competencias del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Agricultura.
Cusurichi señaló que las comunidades indígenas están evaluando posibles respuestas, que podrían incluir movilizaciones y pronunciamientos públicos. Aunque las bases indígenas aún están consultando a sus miembros, Cusurichi adelantó que habrá una reacción contundente si el gobierno persiste en promover actividades extractivas en territorios protegidos.
Exigencias y recomendaciones
Tanto DAR como AIDESEP han solicitado a la CIDH que exhorte al gobierno peruano a respetar los marcos normativos existentes y los derechos de los pueblos indígenas. Entre las demandas específicas se encuentran la exclusión de las áreas protegidas y reservas PIACI de los planes de promoción de hidrocarburos, la reparación de los pasivos ambientales en regiones como Loreto y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo previas.
Las organizaciones también han enfatizado que no están en contra de la inversión privada ni de las actividades empresariales, pero exigen que estas se realicen en cumplimiento de la ley y con respeto a los derechos de las comunidades afectadas. Según Cueto, el objetivo es garantizar que cualquier proyecto extractivo se lleve a cabo con transparencia, participación ciudadana y salvaguardas ambientales adecuadas.
La audiencia ante la CIDH marca un nuevo capítulo en la lucha de los pueblos indígenas y las organizaciones ambientales por proteger la Amazonía peruana y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales. Sin embargo, el camino hacia una solución definitiva parece estar lleno de desafíos, en un contexto donde los intereses económicos y la protección ambiental se encuentran en constante tensión.
