Durante años, las negociaciones presupuestarias de las Naciones Unidas han sido escenario de una batalla silenciosa pero intensa donde China y Rusia, junto a un pequeño grupo de aliados, han intentado sistemáticamente bloquear y reducir el financiamiento para mecanismos de derechos humanos, según revela un informe publicado este martes por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR).
El documento, titulado “Budget Battles at the UN: How States Try to Defund Human Rights” (Batallas presupuestarias en la ONU: Cómo los Estados intentan desfinanciar los derechos humanos), expone por primera vez cómo estos gobiernos han convertido un comité técnico-administrativo en un campo de batalla geopolítico para debilitar la capacidad de la ONU de investigar violaciones graves de derechos humanos.
“Las diplomacias rusa y china han instrumentalizado las negociaciones presupuestarias de la ONU para favorecer sus propios intereses y proteger a sus aliados de todo escrutinio. Y lo han hecho en detrimento de los derechos humanos”, afirmó en un comunicado Madeleine Sinclair, directora de la oficina de ISHR en Nueva York.
La Quinta Comisión: un campo de batalla oculto
El informe se centra en la Quinta Comisión de la Asamblea General, el órgano donde los 193 Estados miembros negocian el presupuesto regular de la ONU. Basado en 37 entrevistas con diplomáticos, funcionarios de la ONU y expertos, además del análisis de documentos oficiales entre 2019 y 2024, el estudio documenta cómo este espacio técnico ha sido politizado de manera creciente.
“Todos los entrevistados dijeron que China era el Estado más hostil al financiamiento de los derechos humanos en la Quinta Comisión, seguido por Rusia”, señala el informe, que concluye que “China utiliza su papel en el G77+China para promover posiciones anti-derechos humanos a través del grupo en las negociaciones del presupuesto regular que bloquean el consenso en la Quinta Comisión”.
Mientras Rusia actúa como un “saboteador ruidoso” en las negociaciones, China opera como un “obstruccionista silencioso”, desplegando su influencia a puerta cerrada, incluyendo en organismos técnicos “upstream” (es decir, encargados de las fases iniciales del proceso) para influir en sus recomendaciones, según el análisis de ISHR.
Tácticas coordinadas para recortar el presupuesto
El documento revela una serie de propuestas extremas presentadas por ambas potencias durante las negociaciones presupuestarias. Entre 2019 y 2024, China y Rusia propusieron repetidamente:
- Eliminar el 100% de los recursos para la implementación de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre países como Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Nicaragua, Siria y Venezuela.
- Reducir en un 50% los recursos no relacionados con personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH).
- Recortar fondos para investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en Ucrania en el contexto de la agresión rusa.
“China y Rusia están impulsando esfuerzos dirigidos y estratégicos para ir recortando poco a poco el presupuesto y alejar a la ONU de un sistema basado en los derechos humanos universales hacia un sistema centrado en el Estado que eleva la soberanía por encima de las libertades fundamentales y el escrutinio de las crisis de derechos humanos”, concluye el informe.
El documento también expone cómo China ha aumentado dramáticamente su influencia en la última década. Su contribución al presupuesto ordinario de la ONU creció del 5,2% en 2013-2015 al 20% en 2025, consolidándose como el segundo mayor contribuyente después de Estados Unidos, que aporta el 22%.
La CCAAP: un organismo asesor politizado
Uno de los hallazgos más significativos del informe es el papel desproporcionado de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), un organismo de 21 miembros que supuestamente actúa en calidad independiente para asesorar sobre cuestiones presupuestarias.
En la práctica, “la Quinta Comisión respalda todas las recomendaciones de la CCAAP, a menos que decida explícitamente lo contrario”, señala el documento. Esto ha convertido a este comité poco conocido en un instrumento de enorme influencia.
El informe documenta que en los últimos cinco años, la CCAAP ha recomendado recortes de entre 1% y 4% al presupuesto de derechos humanos, en comparación con menos del 0,6% a las 16 secciones presupuestarias que componen el pilar de desarrollo, a pesar de que este último es más de tres veces el tamaño del presupuesto de derechos humanos.
“Muchos entrevistados de diferentes grupos regionales criticaron la percibida falta de independencia y politización del Comité”, indica el informe, que añade que “la mayoría creía que los miembros de la CCAAP están recibiendo instrucciones de sus gobiernos, aunque se supone que deben ser expertos independientes. Los miembros de China y Rusia fueron citados con mayor frecuencia como aquellos que se cree que reciben instrucciones”.
La resistencia latinoamericana
Frente a estos esfuerzos coordinados, un pequeño grupo de países latinoamericanos ha emergido como defensor del financiamiento de derechos humanos, a menudo enfrentándose a China dentro de las negociaciones internas del G77+China.
El informe identifica que este grupo no formal ha incluido tradicionalmente a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay. Estos Estados han propuesto en diversos momentos entre 2019 y 2024 lenguaje en defensa del financiamiento de derechos humanos durante las negociaciones de la Quinta Comisión.
“Dentro del G77+China, un pequeño grupo de [países del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe] actúa durante las negociaciones internas del grupo para intentar proteger el financiamiento de la Sección 24 del presupuesto propuesto de los recortes propuestos por China”, señala el documento.
Sin embargo, el informe también destaca la frustración de estos países por la falta de apoyo suficiente: “Hay cierta frustración de los Estados del GRULAC que están comprometidos en negociaciones difíciles con China en el G77+China de que sus intereses no siempre son servidos por los Estados de mentalidad afín”.
La crisis financiera agrava el panorama
El panorama se ha deteriorado dramáticamente en 2024 y 2025 debido a una crisis de liquidez provocada por el impago de contribuciones de Estados Unidos y los pagos extremadamente tardíos de China.
Desde enero de 2025, la administración Trump ha bloqueado el pago de las contribuciones estadounidenses de 2024 y 2025, además de eliminar donaciones voluntarias. Al 30 de septiembre de 2025, Estados Unidos adeudaba 1.500 millones de dólares al presupuesto regular, mientras que China debía 192 millones de dólares a pesar de haber pagado solo el 72% de su contribución de 2025.
El impacto ha sido devastador: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) solo recibió el 87% de su presupuesto aprobado en 2024 y el 73% en junio de 2025. Esto ha llevado a la cancelación de investigaciones, reducción de sesiones de órganos de tratados y eliminación de visitas a países por parte de Relatores Especiales.
“Probablemente veremos el aumento de más tortura. Si debilitas los derechos humanos, abres las compuertas a quienes quieren ejercer el poder de manera irrestricta”, advirtió el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk.
La reforma ONU80: ¿golpe final?
En medio de esta crisis, el Secretario General António Guterres lanzó en marzo de 2025 la Iniciativa ONU80, un proceso de reforma que ha propuesto una reducción del 15,2% al presupuesto de la OACNUDH para 2026 en comparación con 2025, además de eliminar 105 puestos.
“Los recortes presupuestarios propuestos y una pérdida de las contribuciones evaluadas de EE.UU. significan que cerca del 35% del presupuesto de la ONU puede estar en juego”, alerta el informe.
El informe concluye que “los pasos limitados que se han tomado para defender y proteger el financiamiento adecuado y sostenible de los derechos humanos deben incluir, pero no limitarse a” que los Estados miembros paguen sus contribuciones evaluadas en su totalidad y a tiempo, que se reforme la CCAAP para garantizar su independencia, y que la Iniciativa ONU80 proteja el pilar de derechos humanos de recortes presupuestarios desproporcionados.