China ha intensificado su retórica contra las guerras de precios entre productores, suscitando expectativas sobre la posible implementación de recortes en la capacidad industrial como parte de una campaña para combatir la deflación. Líderes del Partido Comunista prometieron este mes incrementar la regulación contra la reducción agresiva de precios, con advertencias difundidas a través de medios estatales de que esta competencia daña la economía.
Estos mensajes recuerdan a las reformas de oferta que Beijing impulsó hace una década para reducir la producción de acero, cemento, vidrio y carbón, medidas que resultaron determinantes para poner fin a 54 meses consecutivos de caída en los precios de fábrica. No obstante, economistas advierten que el escenario actual es más complejo. Factores como la mayor propiedad privada, incentivos desalineados entre autoridades locales y nacionales, y limitadas opciones de estímulo en otros sectores económicos complican cualquier plan para recortar capacidad sin generar impactos negativos en el empleo y el crecimiento.
La disputa comercial entre China y Estados Unidos intensifica la presión a la baja sobre los precios y reduce los márgenes en las fábricas. Analistas observan que la mayor parte de los fabricantes reciben apoyo estatal pero son de propiedad privada, a diferencia de los productores de materias primas bajo control estatal que se vieron afectados por los recortes de la década pasada. Según Societe Generale, la mayoría de los sectores industriales en el país operan por debajo del nivel del 80% de utilización de capacidad considerado saludable, atribuyendo el fenómeno a la debilidad de la demanda interna y un modelo de crecimiento basado en la inversión que prioriza a los productores por encima de los consumidores.
Funcionarios tanto estadounidenses como europeos han expresado su preocupación por el impacto global de la sobrecapacidad china, que, dicen, inunda los mercados internacionales con productos a bajo costo y afecta a las industrias nacionales de otras economías.
El Politburó del Partido Comunista se reunirá presumiblemente a finales de julio, con la posibilidad de lanzar nuevas directrices sectoriales, aunque habitualmente estos encuentros no presentan una hoja de ruta detallada.
Se espera que los primeros recortes apunten a industrias emergentes que Beijing promovió en la última década como nuevos motores de crecimiento, pero que ahora han sido señaladas por entablar guerras de precios: automóviles, baterías y paneles solares. La expansión acelerada de estos sectores absorbió recursos tras la crisis inmobiliaria, pero la sobrecapacidad resultante es generalizada en la industria. Un directivo anónimo del sector químico afirmó que la sobrecapacidad es visible desde 2023, pero las firmas continúan expandiéndose respaldadas por créditos abundantes y baratos.
La ejecución de recortes será desafiante, ya que depende de limitar subsidios, créditos y otros incentivos locales a la producción, lo que se enfrenta al interés de las autoridades regionales de atraer inversiones y sostener el empleo en sus jurisdicciones. Yan Se, subdirector del Instituto de Política Económica de la Universidad de Beijing, señaló que la resistencia gubernamental local transformará los recortes necesarios en un proceso largo cuya efectividad, por sí sola, no resolverá la presión deflacionaria.
En junio, los precios al productor se redujeron por 33º mes consecutivo. Economistas advierten que el país enfrenta una disyuntiva entre acelerar recortes con el costo de una mayor pérdida de empleo, o mantener el exceso de capacidad a costa de una deflación prolongada. Macquarie estima que las reformas de la década pasada eliminaron decenas de millones de empleos, compensados entonces por inversiones en renovación urbana valoradas en 10 billones de yuanes (1,4 billones de dólares), según Morgan Stanley.
Actualmente la manufactura emplea a menos trabajadores, y los sectores alternativos muestran una demanda débil que dificulta absorber nuevos desempleados. Si bien surgieron nuevos debates sobre inversión urbana, expertos como John Lam, responsable de investigación inmobiliaria para Gran China en UBS, consideran que este canal no podrá absorber las pérdidas laborales derivadas de nuevas reformas, destacando que las autoridades no parece que recurran nuevamente al sector inmobiliario como válvula de escape.
(Con información de Reuters)