La Policía de Neuquén localizó y desmanteló una red delictiva dedicada a la extorsión digital mediante amenazas y manipulación psicológica, tras realizar dos allanamientos en la ciudad que terminaron con la demora de una persona y el secuestro de diversos elementos vinculados con la causa.
El operativo se llevó a cabo el jueves por la mañana y estuvo a cargo del Departamento Delitos Económicos, a raíz de una investigación iniciada por una denuncia de noviembre del año pasado.
Según consignó LMNeuquén, la víctima comenzó a recibir mensajes intimidatorios en donde los extorsionadores le exigían transferencias de dinero bajo la amenaza de difundir información personal y privada. Fuentes policiales indicaron que la modalidad utilizada por la red combinaba el uso de plataformas virtuales, el contacto a partir de anuncios en páginas web y redes sociales, que los conducían a pedir el dinero.
Tras la denuncia, el personal especializado en delitos económicos comenzó a trabajar en el análisis técnico y financiero de las comunicaciones, así como en el rastreo de transferencias y operaciones virtuales asociadas a la maniobra delictiva. La investigación permitió identificar a los presuntos responsables e individualizar los domicilios desde donde operaban.
En el primer domicilio allanado, la Policía aprehendió a un mayor de edad y secuestró una cantidad significativa de chips de telefonía celular, tarjetas bancarias, teléfonos móviles, un router de internet, comprobantes de operaciones virtuales y dinero en efectivo. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de la Justicia, dada la gran coincidencia con el hecho investigado, al igual que los elementos secuestrados en un segundo domicilio.
En dicho procedimiento, los efectivos identificaron a otra persona presuntamente vinculada a la causa y confiscaron dispositivos de comunicación, también chips de diferentes compañías telefónicas, tarjetas bancarias, documentación personal de terceros y otros objetos que serán analizados por los investigadores.
La causa judicial continúa bajo la órbita del Departamento Delitos Económicos, que analiza la información secuestrada y no descarta nuevas medidas en el marco de la investigación.
A principios de octubre, cinco personas fueron detenidas en el marco de una investigación sobre una banda de usureros que operaba en el Conurbano bonaerense, otorgando préstamos informales y cobrando intereses del ciento por ciento en caso de mora.
Con estas detenciones, ya son 16 las personas arrestadas en la causa que investiga hechos de extorsión y amenazas cometidos contra quienes solicitaban créditos en la zona. Los procedimientos, realizados por la DDI de San Isidro, tuvieron lugar en domicilios de Merlo, Pontevedra, Moreno, Hurlingham, Ituzaingó, Villa Ballester, Villa Sarmiento y La Plata. Durante los allanamientos, la policía incautó dos notebooks y cinco teléfonos celulares, elementos que serán analizados en el marco de la investigación judicial.
Según fuentes policiales, los nuevos acusados fueron identificados como Franco Nicolás M., Penélope F., José Alberto G., Joel S. y Vanesa R. Los tres primeros cumplían funciones como cobradores dentro de la organización, mientras que los otros dos se dedicaban a tareas administrativas. La investigación, a cargo de la UFI de Boulogne, se inició a partir de la denuncia de una mujer de 53 años que recibió reiteradas amenazas tras no poder afrontar el pago de las cuotas de un crédito informal. El 10 de septiembre ya habían sido arrestados diez integrantes del grupo, entre ellos el supuesto líder y varios organizadores, cajeras y administradoras.
El mecanismo de la banda consistía en captar víctimas a través de redes sociales, ofreciéndoles préstamos con condiciones que, en caso de atraso, se volvían rápidamente insostenibles por la aplicación de intereses elevados. Una vez entregado el dinero, comenzaban los reclamos violentos ante cualquier demora en los pagos. Los clientes recibían amenazas constantes a través de mensajes y audios, advirtiendo sobre posibles represalias si no abonaban las cuotas.
La organización había estructurado una escala de violencia que denominaban “códigos de colores”. La alerta amarilla correspondía a advertencias sobre el incremento de intereses, la alerta naranja se activaba con amenazas directas de golpes o privación de libertad, y la alerta roja implicaba daños a la vivienda o agresiones físicas.