El expediente por la expropiación de YPF llegó a un momento crítico con la decisión que debe tomar este lunes la jueza Loretta Preska en Nueva York. La magistrada notificó que dará a conocer si acepta el pedido de la Argentina para suspender la orden que la obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos litigantes mientras se tramita la apelación.
El Gobierno argentino formalizó la semana pasada la apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En medio de tensiones políticas y negociaciones internas, el equipo legal intentó ganar tiempo y evitar la cesión de las acciones antes de que se resuelva la cuestión de fondo.
En Washington, la expectativa política se combinó con la preocupación por el impacto que pueda tener un eventual embargo sobre activos públicos. Este lunes constituía la fecha límite original para que el país depositara las acciones en custodia en un banco de Nueva York, en cumplimiento de la sentencia dictada por Preska en junio.
La magistrada de Nueva York le comunicó por escrito a la Argentina y a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que definirá hoy sobre el pedido del Gobierno y, por ende, las posibles sanciones al país por incumplimiento- mientras se sustenta la apelación. Preska además les dio a las partes “tres días adicionales” para ir a la Corte de Apelaciones, algo que la Argentina hizo el jueves pasado, al adelantarse a lo que esperan sea un fallo adverso de Preska.
“El lunes era la fecha tope para que el país depositara los papeles de YPF en custodia en un banco de Nueva York y Preska no va a definir si cancela o revierte la orden que dio el 30 de junio. Sí decidirá si suspende o no la entrega de las acciones mientras la Argentina apela», aclaró Sebastian Maril, de Latam Advisors.
Y agregó: “Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela”, explicó el analista, quien sigue al detalle los juicios contra el país en el exterior.
El Gobierno busca evitar que se materialice la entrega de las acciones de YPF, algo que según los abogados del Estado implicaría una pérdida definitiva de control sobre la compañía. La defensa resaltó que la ley argentina de expropiación de 2012 exige una mayoría de dos tercios en el Congreso para cualquier cesión de la participación estatal en la petrolera.
Para el oficialismo, permitir el traspaso forzoso vulneraría la soberanía nacional y sentaría un precedente jurídico peligroso. El Ministerio de Economía advirtió sobre el impacto que podría tener en las finanzas públicas la pérdida de un activo estratégico en medio de las negociaciones por la deuda y el ajuste fiscal.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se mantuvieron al tanto de las novedades del expediente. En las últimas semanas, Caputo y su equipo revisaron los términos de la apelación y coordinaron con la Procuración del Tesoro para reforzar la estrategia judicial.
En el plano legal, la defensa argentina sostiene que la orden de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y representa un ejercicio indebido de jurisdicción extraterritorial. Los abogados remarcaron que obligar al Estado a entregar las acciones implicaría forzarlo a incumplir sus propias leyes o a cambiar la normativa vigente.
El Gobierno también alertó que la transferencia accionaria provocaría un “daño irreparable” debido a que los fondos litigantes planean vender los títulos apenas los reciban. Según la estrategia oficial, esto imposibilitaría revertir la situación aunque la apelación prosperara en la instancia superior.
Expectativa del mercado
En el mercado local, la causa se siguió de cerca por el impacto potencial en el valor de YPF, la percepción de riesgo país y el acceso a financiamiento externo. La expectativa sobre el resultado de este lunes marcó la agenda de consultoras, bancos y fondos en los últimos días, que evalúan escenarios de resolución para el conflicto.
La administración nacional se prepara para sostener la apelación en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Incluso, anticipó la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos si la situación lo requiere. Para los estrategas legales del oficialismo, extender los plazos es clave para preservar margen de negociación.
La sesión del lunes en Nueva York se espera como un paso técnico pero decisivo. El otorgamiento del “stay” representaría un alivio parcial para el Gobierno, al frenar la cesión de las acciones hasta que el tribunal de alzada resuelva la apelación. En cambio, un rechazo implicaría quedar expuesto a medidas de embargo o ejecución inminente.
El proceso judicial no involucra directamente a YPF como demandada en esta instancia. La propia Preska retiró a la compañía como parte principal del juicio, centrando las presuntas responsabilidades en el Estado nacional. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, remarcó que su rol es exclusivamente técnico y que la conducción de la defensa corresponde al Gobierno.
Marín declaró que YPF no tiene participación en el expediente ni en las negociaciones judiciales en Nueva York, y explicó que la empresa no forma parte de la estrategia procesal ni del equipo legal que elabora las presentaciones.
En las discusiones previas, los acreedores del fallo, encabezados por Burford y Eton Park, exigieron la entrega inmediata de las acciones. Argumentaron que la demora en la ejecución menoscaba sus derechos como titulares de la sentencia, cuyo monto asciende a más de US$17.000 millones incluyendo intereses.
El origen de la controversia
El origen de la controversia se remonta a la expropiación de 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió nacionalizar la participación de Repsol en YPF. Aunque se firmó un acuerdo con la empresa española, otros accionistas minoritarios no recibieron el mismo tratamiento, motivo que desató la demanda internacional.
El juicio se tramitó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde Preska dictó sentencia contra la Argentina en septiembre de 2023. Esa condena reconoció la validez del reclamo de los fondos que habían comprado los derechos de litigar del grupo Petersen, antiguo accionista de YPF.
Desde entonces, el Gobierno argentino intentó sin éxito anular o reducir la obligación de pago, mientras se consolidaba la presión de los acreedores para ejecutar activos públicos. La apelación al Segundo Circuito busca revertir la condena o al menos frenar su implementación inmediata.