El abogado Gustavo Liebau, representante legal de Marcelo y Valentina Macarrón, anticipó que solicitará al juez de Control de Río Cuarto que aclare su reciente resolución en el marco de la causa por el crimen de Nora Dalmasso. El letrado planteó dudas sobre el alcance del fallo que mantiene abierta la investigación bajo la figura del juicio por la verdad, y advirtió que podría interpretarse como una limitación a la posibilidad de imponer una sanción penal, en caso de que se establezca la responsabilidad del imputado Roberto Marcos Bárzola, cuyo perfil de ADN coincide con el del homicida.
“Consideramos que esta ha sido una primera victoria, no suficiente, porque la resolución, en algunos aspectos, pareciera —y lo vamos a solicitar al juez que lo aclare— que limita la subsistencia del proceso a los fines de la averiguación de la verdad”, sostuvo Liebau en declaraciones al noticiero Telediario.
Si ese fuera el verdadero alcance del fallo, para el abogado: “Podríamos encontrarnos que luego de determinada la verdad en este proceso, y si esa verdad fuese realmente así, podríamos tener una declaración judicial, pero no una sanción penal, y la familia no está dispuesta a aceptar eso”.
El juez Diego Ortiz resolvió mantener activa la causa, rechazó la prescripción solicitada por la defensa de Bárzola —actual imputado por abuso sexual seguido de muerte— y autorizó a las partes a proponer nuevas medidas probatorias.
En su fallo, el magistrado remarcó que el proceso penal “debe continuar vigente y abierto” a fin de que “la investigación prosiga y las partes puedan incorporar todas las pruebas que estimen conducentes a la determinación de la verdad de lo ocurrido”.
Para Liebau, el escenario actual genera incertidumbre respecto del destino del proceso si se confirmara que no hay posibilidad de sanción penal. “Bárzola goza del derecho de apelar esta decisión”, recordó el abogado, quien además apuntó que la resolución debe garantizar el derecho a la verdad, pero también el acceso pleno a la justicia penal.
“Si esa verdad establecida judicialmente determinara que Bárzola es el autor, pero no se pudiera aplicar pena alguna, la familia no lo aceptará“, subrayó el abogado del viudo y de la hija de Dalmasso.
En sus declaraciones, el letrado cuestionó el derrotero que tuvo la causa durante los últimos años, y lamentó que, mientras no se avanzaba con otros elementos clave, los familiares de la víctima fueran señalados como responsables. “Lo que hace particular a este caso es que, durante todo este tiempo, la familia de la víctima fueron las personas imputadas, fueron los perseguidos con el Estado”, dijo.
En ese sentido, recordó que la querella impulsó un pedido de jury contra los fiscales que actuaron previamente, a quienes responsabilizan por irregularidades en la investigación.
“Está bien, los argumentos de la defensa son razonables, los errores que puedan haber cometido los fiscales anteriores, hay un pedido de jury que hemos formulado respecto de ellos. Está bien, podrán ser no imputables al señor Bárzola y podrán ser imputados al Estado, pero ¿es justo que lo sea para los familiares de la víctima?”, planteó el abogado.
Consultado sobre el avance de la investigación, Liebau destacó la tarea del actual fiscal del caso, Pablo Jávega, y del juez Ortiz, al señalar que se han producido nuevas pruebas relevantes en los últimos meses.
“El fiscal ha seguido trabajando y ha producido pruebas importantes, fundamentalmente las explicaciones de la genetista, que ha explicado los motivos por los cuales no existirían dudas de la presencia genética de Bárzola en el arma y el cuerpo de la víctima“, señaló.
El dato genético que incrimina a Bárzola fue relevado en diciembre del año pasado. Se trata de huellas recolectadas en el cinto de la bata que fue hallada anudada al cuello de Dalmasso, y en vellos ubicados en su zona inguinal, según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.
Bárzola, quien en 2006 trabajaba como parquetista en la vivienda del barrio Villa Golf Club donde ocurrió el crimen, había declarado como testigo durante el juicio que absolvió por unanimidad a Marcelo Macarrón en julio de 2022. En aquel proceso, afirmó que el día del asesinato se presentó en la casa para trabajar, no tocó timbre y se retiró al no ser atendido.
Para Liebau, la reapertura efectiva de la investigación representa “la primera caricia que tuvimos de parte de la Justicia”. Sin embargo, insistió en que esperan que el proceso continúe hasta agotar todas las instancias posibles y, eventualmente, permita una condena penal.
“Afortunadamente, el sistema de administración de justicia de Córdoba viene dando pruebas de la importancia que le da a esta causa, por la repercusión que tuvo, por la gravedad de los delitos”, concluyó.