La muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, puso en el centro de la escena a Pablo José Pérez, el juez que resolvió que el chico volviera a vivir con su madre, Mariela Altamirano, quien por ahora es señalada como sospechosa en la investigación mientras se aguardan los resultados complementarios de la autopsia que determinarán si existió o no un homicidio.
El caso tiene como trasfondo una larga disputa judicial entre los padres de Ángel, Luis López y Altamirano, con denuncias cruzadas por violencia.
Ángel murió la noche del lunes pasado en el Hospital Regional de la ciudad chubutense. Según la versión de Altamirano, su pareja notó que el nene no respiraba y lo llevaron de urgencia al hospital, donde estuvo internado durante más de un día en terapia intensiva hasta su fallecimiento. La mujer declaró: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”.
“A Ángel lo mataron”, dijo el padre ante la prensa. “Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista, si hubiese sido al revés, yo ya estaba preso”, agregó. Su pareja, además, difundió un video en el que el nene lloraba porque no quería ir a la casa materna.
En medio del conflicto familiar, el juez Pérez resolvió restituir la tenencia del niño a su madre y dispuso un proceso de revinculación.
Pérez es un magistrado de perfil bajo. Nació en Comodoro Rivadavia hace 42 años, se recibió de abogado en 2011 en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y asumió como juez coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de la ciudad en octubre de 2022. Actualmente, es titular del Juzgado de Familia N°4.
Su nombre aparece en canales oficiales sobre convocatorias a guardas o adopciones y en capacitaciones junto a otros colegas, pero no había estado vinculado a casos resonantes.
En la acordada de su nombramiento, el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut señaló que “realizó en tiempo y forma su postulación” al concurso público para cubrir el cargo de juez de familia en la ciudad. Asistió a la audiencia plenaria y el organismo le adjudicó mérito “por las razones allí expuestas y relacionadas”.
El proceso de selección finalizó con la designación de Pérez tras la aprobación de la Legislatura provincial. En un comunicado oficial, el Poder Judicial informó que tanto él como una colega fueron elegidos como nuevos jueces de familia para Comodoro Rivadavia, completando así las vacantes que existían en ese fuero.
A raíz de la muerte de Ángel, la atención se centró en la decisión judicial que lo devolvió al cuidado de Altamirano. Luis López sostuvo públicamente que Ángel fue víctima de un crimen. “Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud, estaba sano, ¿qué me van a decir?”.
La pareja de López sumó: “Esa señora asesina, agarró, lo dejó en coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”. Los dos acusaron a la madre de maltrato y responsabilizaron a la Justicia por no atender sus reclamos.
Altamirano rechazó las acusaciones y dio su propia versión. Dijo que fue víctima de violencia de género por parte de López y que perdió el contacto con su hijo por esa conflictiva separación. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, contó.
La mujer relató que el domingo se levantaron temprano y, al darse cuenta de que el nene no respiraba, intentó reanimarlo antes de llamar a la ambulancia. “Nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”, expresó.
En conferencia de prensa, el fiscal del caso, Facundo Oribones, explicó este viernes que la causa se investiga como una muerte “dudosa, potencialmente ilícita” y que no descartan ninguna hipótesis, incluso un homicidio.
Detalló que la autopsia reveló “diversos traumatismos en la zona craneal” y que todavía falta el informe histopatológico para determinar si estas lesiones fueron voluntarias o accidentales. “Dependemos del informe de laboratorio para saber la causa de muerte precisa”, indicó.
Por su parte, Cristian Olazábal, jefe de fiscales, remarcó: “Desde el ámbito penal y según los registros que tenemos nosotros, no teníamos ningún indicador o ninguna alerta previa que nos haga sospechar de que algo podría estar pasando con este menor”.
En ese sentido, señaló que en la Justicia penal no existía ninguna denuncia activa que involucrara riesgo para Ángel, y que las denuncias previas fueron desestimadas o archivadas por falta de prueba. Las autoridades judiciales confirmaron que tanto Altamirano como su pareja están bajo vigilancia policial y no pueden salir de la ciudad.
Así las cosas, la causa sigue en etapa de investigación. El expediente del fuero de familia fue anexado al expediente penal para su análisis, aunque de momento la prioridad de la fiscalía está puesta en determinar la causa de muerte de Ángel, según confirmaron los funcionarios.
