Tras la ola de al menos diez hechos de iguales características ocurridos en diciembre pasado y luego de que se conociera un nuevo robo, el primero del año, a otro camión refrigerado con medias reses vacunas en la localidad bonaerense de Lanús, matarifes y abastecedores denunciaron la “inactividad de la Justicia”.
Dijeron que las autoridades policiales de la provincia tienen pruebas suficientes de los hechos, pero que el Juzgado de Garantías Nº 3 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la causa, no libra las órdenes de allanamiento correspondientes.
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Según pudo saber LA NACION, en horas de la mañana de ayer, un camión de transporte que transitaba por la calle Salta de esa ciudad fue interceptado por individuos que viajaban en otro auto. Después de encapuchar a los conductores, los llevaron a un lugar donde los obligaron a pasar los 2000 kilos de medias reses y los más de 3500 kilos de asados, cuartos traseros y pechos a otro camión. Después de más de una hora, los liberaron en Valentín Alsina. El valor aproximado de la carga es de $33 millones.
Fuentes del sector indicaron que “esto se debe terminar sobre todo porque la policía tiene casi todo resuelto. Es el mismo modus operandi de siempre. Trabajan en zonas liberadas. Usan inhibidores de señal satelital. Tienen de antemano marcados los camiones que van a robar y actúan. Los llevan a un galpón, a los ayudantes les hacen pasar la carne de un camión a otro, luego se llevan a la gente y la dejan en otro lado”, destacó una fuente que prefirió resguardar su identidad.
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Si bien tres de los robos anteriores fueron en Hudson, Florencio Varela y en Marcos Paz, el destino final en la mayoría de los casos es Lanús, donde la carne va a un despostadero, cerca de donde se cometen los asaltos. Por eso advirtieron que esa es “la zona liberada”. Hasta ese momento eran más de 750 medias reses que sumaban más de 70.000 kilos y que representaban alrededor de US$350.000.
Luego de esa seguidilla de asaltos, el 30 de diciembre pasado, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) mantuvo una reunión con altas autoridades policiales bonaerenses y del gobierno provincial, quienes se mostraron con buena predisposición para abordar los problemas de inseguridad que planteó la cámara.
En el encuentro les habían anticipado que “había infieles dentro de la fuerza, que ya sabían quiénes estaban involucrados en los robos, dónde estaba la carne, cómo comercializaban la mercadería y que solo faltaba pasarle la información al fiscal para que actúe en consecuencia y pida el allanamiento al juez de la causa”.
“Nada de eso ocurrió. Todavía el juez José Arabito no ordenó ningún allanamiento, habiendo pruebas de quienes habían cometido los hechos. Las pruebas están y la Justicia duerme. La policía está atada de pies y manos, salvo que los agarren in fraganti. ¿Qué vamos a esperar, que haya un muerto para poder actuar? Si la Justicia es lenta, no es justicia”, agregó la fuente.
En este escenario, en la Camya hay mucha preocupación, ya que no solo se trata de la pérdida económica por la carne robada, sino que los inconvenientes que genera el hecho son múltiples.
“Como cámara llegamos hasta un punto, pero ya no podemos hacer nada más que denunciarlos. Los socios necesitan respuestas de la Justicia y más seguridad en las calles. La indignación es muy grande. Todos preguntan si tenemos seguro, pero acá la plata no es el problema”, dijo Sergio Pedace, vicepresidente de la entidad.
“Es la seguridad de los empleados, la inocuidad de la carne, que los camiones robados quedan parados e inhabilitados durante semanas en la policía y no pueden trabajar. Hay un montón de complicaciones que no solo son la pérdida económica puntual. A muchos trabajadores los golpean, quedan asustados y no vuelven a trabajar, y eso también es un problema”, finalizó.