La Procuraduría General de la Nación expresó su firme oposición a la propuesta de reducir las penas para los agresores de menores, una medida que se discute en el Congreso como parte de la Reforma a la Justicia. Durante una audiencia pública celebrada el 21 de octubre en la Comisión Primera del Senado, el procurador delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel, argumentó que tal reducción podría interpretarse como una disminución de la gravedad de delitos tan serios como el abuso sexual.
La propuesta en cuestión contempla una rebaja máxima del 25% en las penas para diversos criminales, incluidos aquellos que cometen agresiones contra niños y niñas. De acuerdo con el Ministerio Público, esta medida no solo no agilizaría los procesos judiciales, sino que tampoco evitaría la interposición de recursos legales. En su intervención, Wolffhügel enfatizó que los problemas de dilación en los procesos penales deben resolverse con medidas vigentes y robustas investigaciones de los delitos, en lugar de reducir las penas.
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“Los problemas de dilación de los procesos penales se solucionan con medidas vigentes y no con la rebaja de penas a agresores de niños y niñas, siendo las investigaciones robustas y adecuadas de los delitos, la clave para garantizar justicia a las víctimas”, expresó textualmente la Procuraduría a través de un comunicado.
El ente de control destacó la importancia de garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, sin comprometer los derechos de las víctimas. “Rebajar las penas como incentivo podría interpretarse como una forma de reducir la gravedad percibida de crímenes tan severos como el abuso sexual”, afirmó el procurador delegado, advirtiendo que esto podría afectar la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las víctimas.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su oposición a la propuesta incluida en el proyecto de Ley 281 de 2024, actualmente en debate en el Congreso. Durante la audiencia, Wolfhugge también destacó que ya existen herramientas dentro del sistema judicial que permiten acelerar los procesos, como los mecanismos de “justicia premiada” a través de la aceptación de cargos, que evitan la exposición prolongada al juicio penal.
Asimismo, el órgano de control cuestionó si la rebaja de penas realmente mitigaría la impunidad, reafirmando su postura de que la justicia debe garantizar sanciones adecuadas a la gravedad de los delitos, sin socavar los derechos de las víctimas. La discusión sobre esta propuesta continúa en el Congreso, mientras el Ministerio Público mantiene su firme rechazo y oposición a cualquier medida que pueda interpretarse como una disminución de la gravedad de los delitos sexuales.
En contraparte, Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación, y Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, destacaron la necesidad urgente de una reforma judicial en Colombia, tras la liberación de Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado. Este caso puso de manifiesto las deficiencias del sistema judicial, ya que Campo fue liberado debido al vencimiento de términos en un caso previo de agresión sexual, según se discutió en el Congreso.
La liberación de Campo se debió a problemas logísticos en el Inpec, que impidieron su traslado para una audiencia presencial, explicó la fiscal. Camargo defendió la actuación del juez, calificándola de adecuada, pero subrayó que la congestión del sistema judicial y el elevado número de presos complican los traslados necesarios, lo que contribuyó al vencimiento de términos.
Por su parte, Chaverra señaló que muchas audiencias no se realizan adecuadamente, lo que permite que personas acusadas de delitos graves queden en libertad. En este contexto, defendió un artículo de la reforma que propone una rebaja de pena para quienes cometan delitos contra menores, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y evitar que se prolonguen durante años.