Mientras avanza en el fuero federal la investigación para determinar la responsabilidad de 13 militares que fueron suspendidos por el Ministerio de Defensa en diciembre, al ser denunciada la sustracción de materiales de aeronaves militares, sorprendió la aparición de dos turbinas de aviones y camillas o barras para el transporte de helicópteros que inicialmente figuraban como robadas.

El misterio rodea a la Dirección de Aviación del Ejército, cuyo titular –el coronel Julio Orlando Morillas- fue relevado hace dos meses, cuando se conoció el escándalo del robo de autopartes de aeronaves en el Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601, con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo. La sospecha de una red dedicada al comercio irregular de piezas de aeronaves militares derivó en la suspensión de 16 oficiales y suboficiales del Ejército, de los cuales tres quedaron desafectados de la investigación.

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El robo de piezas conocido en diciembre había generado tanta preocupación que el jefe del Ejército, general de división Carlos Alberto Presti, encomendó especialmente al subjefe de la fuerza, general de brigada Carlos Alberto Carugno, una “inspección exhaustiva” en la unidad militar, que realizó con auditores y personal de la Inspección General del Ejército y que habría confirmado el faltante de materiales.

Otro elemento que sorprende en las actuaciones que lleva adelante la justicia militar –en forma simultánea y complementaria a la causa federal- es que la denuncia que llevó a la suspensión de los militares se habría basado en la declaración de un oficial del batallón que atribuyó la desaparición de los motores y piezas de las aeronaves Twin Otter a la intención de recaudar fondos –mediante la venta ilegal de los repuestos- para financiar la realización de una fiesta de fin de año en la unidad. Así lo reflejan algunos testimonios recabados en la instrucción del proceso, confiaron a LA NACION fuentes cercanas a la investigación. Dicha instrucción es llevada adelante por el coronel auditor Abel Hugo Schegtel.

Según datos aportados a la causa, los materiales habrían desaparecido en septiembre y habrían aparecido en diciembre, luego de la suspensión de los militares.

Ante una consulta de LA NACION, en el Ejército no confirmaron ni desmintieron la aparición de dos motores y camillas o barras para el transporte de helicópteros en tierra, pero aseguraron que en el caso de que efectivamente hubieran aparecido no fue en el predio del Ejército. Se deslizó, así, la posibilidad de que un “arrepentido” hubiera restituido el material faltante.

“Motores canibalizados”

“Adentro de la unidad militar no aparecieron. Si están los motores, es porque alguien los devolvió”, afirmó una fuente del Ejército. Explicó que “ni el relevo del jefe de la unidad, ni la suspensión de los militares implican que tengan responsabilidad” en los hechos que se investigan. “Son medidas preventivas, ante la posibilidad de que hayan ocurrido faltas gravísimas, y se toman para garantizar que no haya entorpecimientos en del proceso”.

En la denuncia presentada en la justicia federal, el subjefe del Ejército había mencionado expresamente que “se habrían canibalizado motores de aviones pertenecientes a la Dirección de Aviación del Ejército, a los efectos de su posterior venta a proveedores intentando encubrir dicha maniobra bajo la modalidad de una donación”.

El general Carugno también mencionó en su denuncia “irregularidades que habrían ocurrido en el marco de la recepción de una aeronave Diamond, en Boulogne”, sin aportar detalles de esos hechos aparentemente ilícitos. Un avión bimotor de esa empresa fabricante fue recibida por el Ejército el 12 de septiembre de 2024 en el aeródromo militar de Campo de Mayo.

Al describir en la denuncia la entrega de camillas o barras de transporte de helicópteros Bell AB 206, el subjefe de la fuerza indica que existen “inconsistencias en relación con algunos pagarés emitidos en el marco de un acto comercial”.

Donación encubierta

En el trámite que dio paso en diciembre a la suspensión de los militares se menciona la donación irregular de motores de aeronaves Twin Otter a la Escuela Industrial de El Palomar, así como la realización de un “evento social no presupuestado”. Se sospecha que la donación encubría la venta ilegal de los motores y se cree que “el evento social” estaba programado para el 7 de diciembre.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron a este diario que “la lupa está puesta principalmente sobre tres o cuatro militares” que estarían más implicados en el manejo irregular de las autopartes. El resto, incluido el jefe de la unidad, que ya fue desplazado, podría quedar afectado por la responsabilidad correspondiente a sus funciones.

Según trascendió, la denuncia se basa en el testimonio de un teniente primero, que habría revelado que tomó conocimiento de los hechos por “un rumor que comenzó a correr el 3 de diciembre último, según el cual se iba a realizar una fiesta en el Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento de Aeronaves 601, presuntamente pagada por la venta de dos motores de aviación”.

Algunas versiones indican que el mismo oficial habría negado inicialmente esos hechos al declarar en la causa, pero que después se ofreció a ampliar la declaración para insistir en su relato original. Ello habría motivado al abogado defensor de uno de los militares suspendidos a presentar una denuncia por falso testimonio, que está en manos de la justicia federal de Tres de Febrero, que tiene jurisdicción sobre la unidad militar de Campo de Mayo.