La justicia bonaerense rechazó una acción de amparo presentada por un grupo de productores rurales de la provincia de Buenos Aires contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y el gobierno provincial de Axel Kicillof. Los demandantes argumentaban que el incremento en la cuota 4 del impuesto Inmobiliario Rural era desproporcionado y confiscatorio. Sin embargo, el juez Civil y Comercial Juan Guillermo Lazarte determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para que la demanda se tramitara por esta vía.
La acción fue presentada por más de 20 productores y empresas agropecuarias con el patrocinio de la abogada Florencia Bros. Los productores decidieron acudir a la Justicia para frenar el aumento del tributo. En su demanda señalaron que el cálculo del impuesto estaba basado en “parámetros de razonabilidad arbitrarios” y que “delegaba facultades propias del Poder Legislativo en ARBA”. Además sostuvieron que los aumentos establecidos por la Ley 15.479 generaban una carga impositiva insostenible. Según explicaron, “las boletas recibidas implicaron aumentos de hasta el 700% en relación con el período anterior” y denunciaron que el impacto del gravamen causaba “una gran incertidumbre en los productores”.
El organismo recaudador respondió a un pedido de informes judicial explicando el marco normativo y el cálculo aplicado. En su defensa, ARBA aseguró que “los impuestos aplicados fueron correctamente calculados” y que la legislación vigente respeta los principios de equidad tributaria.
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Por su parte, la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires sostuvo que “la acción de amparo no es la vía adecuada para resolver este tipo de reclamos” y cuestionó la admisibilidad de la demanda.
En su fallo, Lazarte destacó que el amparo es un procedimiento excepcional que solo puede utilizarse cuando no existen otras alternativas legales eficaces. En este sentido, señaló que “no se ha demostrado que la acción de inconstitucionalidad haya sido intentada, ni se evidenciaron los motivos por los cuales no resulta posible acudir a la vía ordinaria”, por lo que no correspondía analizar la validez de las normas impugnadas.
En su fallo, el magistrado explicó que “no se ha demostrado que la acción de inconstitucionalidad haya sido intentada, ni se evidenciaron los motivos por los cuales no resulta posible acudir a la vía ordinaria”. Asimismo, señaló que “el amparo es un proceso excepcional que sólo puede ser utilizado ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios para reparar un daño grave y concreto”.
Sobre la alegación de confiscatoriedad, el fallo destacó que “la prueba de la confiscatoriedad exige, como recaudo inicial, acreditar acabadamente la incidencia del tributo sobre el patrimonio o renta del contribuyente”, lo que requiere la justificación del monto que debería abonarse acorde el sistema o norma cuestionada. En este sentido, el juez concluyó que “no contamos con información que permita determinar a cuánto asciende lo que produce, la renta, de cada uno de los inmuebles”.
Por otro lado, el magistrado analizó el impacto del impuesto en la valuación fiscal de los inmuebles afectados, concluyendo que “el promedio de los porcentajes de afectación es de 1,38%”. Es decir que si son cuatro cuotas anualmente, el porcentaje que percibe la provincia asciende a 5,52 %, y si las cuotas son cinco, el porcentaje resulta ser 6,9%. En base a estos valores, el juez afirmó que “el impuesto no puede considerarse confiscatorio, al menos en el análisis que corresponde realizar en el trámite de amparo”.
Finalmente, el fallo sostuvo que “no se advierte que se haya acreditado la inexistencia de otro remedio apto para lograr la eficaz protección de los derechos que viene denunciando vulnerados”. Sin embargo, dio un plazo de cinco días para que productores reconduzcan su demanda por la vía ordinaria correspondiente.
Tras conocerse la decisión de la justicia, Cristina Boubee, productora de Azul que forma parte del proceso y estuvo a cargo de la convocatoria de los productores para que se sumaran a la demanda colectiva, dijo en diálogo con LA NACION: “Vamos a ir con este tema hasta el final. Se está volviendo muy difícil pagar”.
En ese sentido, manifestó que estuvo dialogando con muchos otros productores y coinciden en que actualmente es “imposible” afrontar todos los impuestos, no solo el inmobiliario rural de la provincia, sino también los municipales, que tuvieron importantes subas. A esto se suman otros aumentos como el del combustible en un 2,5%. “Cada día suben los impuestos, cada día hay protestas, y buscamos la vía judicial para seguir adelante y llegar hasta el fondo del asunto”, agregó.
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Asimismo, destacó que “lo positivo en la ciudad de Azul es que, con el impuesto al combustible, ya existe una multisectorial en movimiento”. Dijo que no es solo el campo el que sufre las consecuencias, sino todos los sectores. Las estaciones de servicio también están muy preocupadas porque sus empleados corren el riesgo de perder sus trabajos.
“Aquí hay muchos impuestos que no solo perjudican al campo, sino a toda la sociedad”, afirmó Boubee. “La política de estos intendentes camporistas, junto con el gobernador, parece consistir en implementar todas estas medidas una tras otra, de manera desordenada, y terminar destruyendo la economía. La sociedad funciona como una escalera: si se pierden escalones, los empleados quedan sin trabajo. Y esto es exactamente lo que sucede”, concluyó.