ROSARIO.- El grupo Olio manejó –según se desprende de la causa- durante casi un año más de US$694 millones en el mercado financiero porque no liquidó al Banco Central (BCRA) las divisas que provenían de las exportaciones de granos que hacía Vicentin, que en ese momento era operada a fasón por la firma Díaz y Forti, que pertenece a este holding.

El juez federal Carlos Vera Barros había impuesto una multa de 4.000.000 de dólares para la compañía, un monto que parecía “irrazonable, desproporcionado, ínfimo y meramente simbólico”, según la Fiscalía federal, por la cantidad de dinero que estaba en juego. Ahora la Cámara de Apelaciones de Rosario –con los votos de Fernando Barbará y Aníbal Pineda- estableció que Díaz y Forti tendrá que pagar una sanción de U$S186.254.714. LA NACION consultó a fuentes de la empresa para conocer su opinión, pero hasta el momento no respondieron.

Lo llamativo, de acuerdo al fallo, es que en la causa la propia empresa admite que no liquidó los dólares y que “fueron ingresados por canales alternativos, específicamente por la compra de activos de cotización nacional en dólares y su liquidación en pesos en bancos locales”. Es decir, en medio de una alta volatilidad de dólar blue y contado con liquidación Díaz y Forti, cuya defensa hasta diciembre de 2023 estaba en manos del actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, movió durante casi un año 694 millones de dólares con total libertad, y luego tuvo que pagar una multa de solo cuatro millones.

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El resto de las empresas competidoras tenían solo 16 días para liquidar las divisas en concepto de exportaciones. Por eso, en el sector agroexportador siempre sospecharon que estas operaciones tenían el aval de por lo menos un sector del gobierno del entonces presidente Alberto Fernández.

La defensa de Díaz y Forti planteó en la causa, según refleja el expediente, que “no existió un desvío de fondos con fines especulativos o con ánimo de lucro, sino que la alternativa era solicitar la convocatoria de acreedores -con el agravante de que el poder judicial había suspendido su actividad con motivo de la pandemia- o la disolución y liquidación de la sociedad. Indicaron que liquidar el contravalor de las operaciones de exportación en el mercado único de cambio hubiera significado la definitiva e irreversible cesación de pagos de la empresa”.

Situación

¿Qué empresa operaba este grupo? Vicentin. El plan del grupo Olio era quedarse con la agroexportadora que cayó en default en diciembre de 2019 con un pasivo inicial de 350 millones de dólares, pero que estaba dentro de las cinco empresas más grandes del país. ¿Cómo este grupo capitaneado por Ariel Olio pensaba dar ese salto? No tenían espaldas, ni el dinero necesario para meterse en las grandes ligas del negocio de la exportación de granos.

La historia de este grupo, que prácticamente desapareció, muestra un extraño recorrido. En agosto de 2019, cuatro meses antes de empezar a operar Vicentin, Olio hizo una fuerte puesta en escena en Oro Verde, Entre Ríos, donde anunció la compra del frigorífico Alberdi de la mano del principal accionista Luis Lequio. El objetivo era incrementar las exportaciones de carne a China a partir de que ocho meses antes el grupo económico, con oficinas en Puerto Norte, en Rosario, había adquirido el 70,23 % de Carnes del Interior, ubicado en la ruta 12, en Aldea María Luisa, Entre Ríos, que manejaba Tierra Greda Alimentos, firma del exlegislador radical Atilio Benedetti. Esa compañía, según un informe de auditoría, tenía un pasivo de más de 88 millones de pesos.

En la reinauguración del frigorífico entrerriano, Alejandro Fantino -contratado para amenizar el evento- usó una cita de Louis Pasteur para definir al hombre calvo, musculoso y con bronceado permanente, Ariel Olio: “La casualidad solo favorece a los espíritus preparados”.

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Nada era casual en la expansión económica de un grupo marginal en el mercado de granos. La clave estaba en el cambio de escala. Al operar las plantas de Vicentin a fasón pasó de exportar 4.000.000 de dólares a 837.000.000 de un año para el otro.

Había otro ingrediente que se iba a saber tiempo después que era uno de los puntos que explicaba el crecimiento tan frenético: no liquidaban los dólares de las exportaciones para hacerlos trabajar en el mercado financiero. Pero la causa judicial, que se tramitó en el juzgado federal N°3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, terminó con el titular del grupo Ariel Olio sobreseído, con argumentos que ahora serán apelados, pero además con la aplicación de una multa de 4.000.000 de dólares, un monto ínfimo para el volumen de operaciones. Ahora la Cámara subió esa sanción a más de 186 millones de dólares. La sospecha en el ambiente de los negocios agroindustriales es que Olio financió sus exportaciones e hizo una diferencia importante al invertir esos dólares que debía liquidar al Banco Central 16 días después de que se produjera la entrega de los granos.

Un informe elaborado por el Banco Nación, uno de los principales acreedores en la convocatoria de Vicentin, señaló algo extraño en el mundo de los negocios de la exportación agropecuaria, que era cómo se financiaba la firma. Advirtieron que el grupo económico, que tuvo un crecimiento vertiginoso, “mostró una estructura de financiamiento poco convencional en relación a la magnitud de las operaciones que desarrolló”.

“Los principales préstamos provinieron de una mutual dedicada al otorgamiento de créditos prendarios (Mutual 18 de julio) y dos cooperativas de crédito (Fincredit y Crediserv). Existe una estrecha relación personal y de vínculos societarios entre las instituciones prestamistas y el propio Grupo y sus dirigentes (caso de la Mutual 18 de julio)”, apuntó el informe. La mutual 18 de julio, ubicada en pleno centro de Rosario, fue allanada el 23 de mayo de 2023 por orden del juez federal Vera Barros, ante un pedido de la UIF. Los directivos de la entidad salieron a aclarar que no tenían nada que ver con maniobras de lavado de dinero narco, como se publicó en los medios de Rosario.

Este grupo empresario, que operaba el puerto de Barranqueras, Chaco, que creció de manera vertiginosa en los últimos años a partir de una firma familiar que se dedicaba a exportaciones de productos no tradicionales, como arvejas y porotos, tiene sus oficinas en Puerto Norte, en Rosario, donde eran observados con cierta reojo por los jugadores de peso del sector.

En medio de ese ritmo de crecimiento, Olio enfrentó una denuncia del BCRA. En el sumario Nº7530 de la entidad, que originó la causa FRO 3155/2022, la autoridad monetaria expuso que investigaba la falta de ingreso y la entrada tardía de las divisas comprometidas en diversas exportaciones de la firma Diaz y Forti, que conforma el grupo Olio. El BCRA advirtió que se habían vencido los plazos para la liquidación de divisas y se seguían realizando operaciones nuevas.

La estrategia de la defensa fue la de admitir los hechos que se le imputaban a la empresa. Sin embargo, planteó una serie de argumentos que describieron que el Grupo Olio tomó esa decisión de hacer trabajar en el mercado financiero –contado con liquidación- los dólares que debía liquidar por el contexto económico marco por la crisis en la pandemia. La figura legal que encontraron fue la de “estado de necesidad disculpante”.

Esta figura se usa generalmente para otros contextos. Por ejemplo, en Córdoba la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba sobreseyó a una mujer que usurpó una vivienda durante la pandemia. Según la causa, cuando la imputada ingresó a este domicilio, que estaba momentáneamente sin ocupantes, tenía tres hijos a cargo y no podía trabajar porque había sido diagnosticada con cáncer de cuello de útero. El caso del Grupo Olio estaba muy lejos de esa mujer que ocupó una casa porque no tenía donde vivir. Después de estas maniobras financieras, Ariel Olio se fue a vivir a Miami, donde adquirió, según fuentes del sector agroexportador, un penthouse en el barrio Brickell que desarrolló el supermercadista Alfredo Coto. El valor estimado en el mercado es de uno 10 millones de dólares.