El campo volvió a reclamar que el Gobierno de Javier Milei retire viejas restricciones que tiene el sector agropecuario que vienen de administraciones anteriores. Si bien destacan que el Banco Central (BCRA) ha dejado caer a su vencimiento en junio pasado la circular que encarecía los créditos a los productores que almacenaban más del 5% de la soja cosechada, hay otras que siguen vigentes y que perjudican la inversión productiva.

Fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) la que pidió que se eliminen aquellas distorsiones regulatorias aún vigentes y recientemente prorrogadas por el Banco Central para el sector agrícola, como la resolución 7983 del BCRA, donde excluyen a las MiPymes agrícolas que producen trigo o soja, inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Las excluye de créditos subsidiados.

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El disparador para el reclamo fueron las aseveraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que en su discurso en la primera jornada del 60° Coloquio de IDEA que se lleva adelante en la ciudad de Mar del Plata, deslizó que tras la baja del riesgo país, apareció el crédito más accesible para el productor y el inversor.

“Resultan muy contradictorias las declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo ayer en Mar del Plata acerca de la reaparición del crédito más accesible para el productor y el inversor, en virtud de la baja del riesgo país, cuando aún permite que persistan estas distorsiones regulatorias que impiden el acceso al mismo”, enfatizaron en la entidad ruralista.

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“Entendemos que la rápida eliminación de estas normas discriminatorias para el sector agropecuario, redundará en una aceleración de la recuperación de la actividad y constituye un paso más en el camino de normalizar el sistema financiero y productivo permitiendo el acceso al crédito bancario de quienes mueven la locomotora productiva de nuestro país”, agregaron.

Horacio Salaverri, expresidente y actualmente en la Comisión de Impuestos de Carbap, contó que se trata de una resolución de hace unos años atrás, donde el fin era que el productor liquide sus tenencias antes de solicitar un aporte financiero.

“No se ha eliminado porque las distintas administraciones del Central han mantenido el mismo criterio hasta ahora, aunque fuera pedido en varias oportunidades, incluido al gobierno de Milei. No hemos tenido suerte en absoluto. Lo que pasa es que los bancos lo cumplen rigurosamente y más los privados que los estatales. Entonces, ante determinada línea de créditos, básicamente de tipo promocional, cuando se figura en el SISA como productor, que es algo totalmente necesario para poder de alguna manera comercializar, ya directamente restringen la posibilidad de acceder a ese tipo de créditos”, dijo a LA NACION.

Frente a esto, fuentes del Banco Central fueron tajantes y señalaron que el reclamo de siempre por subsidios ya “está un poco demodé”. “En general, la normalización del funcionamiento de la economía está yendo por transparentar los subsidios. Es decir que sean presupuestarios y no escondidos en vericuetos técnicos. Si quieren un subsidio, que vayan a la Secretaría de Agricultura y lo pidan en el presupuesto”, remarcaron.

La normativa del reclamo

La circular 7983 dice que se encuentran excluidas del cómputo del cupo MiPyME Mínimo, aquellas con actividad agrícola inscriptas en el SISA en carácter de “productor” con acopio de producción de trigo y/o soja, excepto que estén categorizadas como microempresas, según la definición de la exSecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, y el valor de ese acopio no supere el 5% de su capacidad de cosecha anual, estimada en base a los rendimientos publicados por la Secretaría de Agricultura (superficie declarada en el SISA por el rendimiento promedio publicado por la SAGyP para cada cultivo).

“La entidad financiera será responsable de verificar que el solicitante no se encuentra comprendido en esta exclusión. Las financiaciones acordadas a MiPyMEs con actividad agrícola inscriptas en el SISA en carácter de productor de cereales y/u oleaginosas, excepto que estén categorizadas como microempresas, según la definición de la exSecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores”, señala el BCRA.