Las cuatro entidades de la Mesa de Enlace de la provincia de Buenos Aires se reunieron ayer con legisladores de los distintos bloques para transmitirles que el proyecto de la Ley Fiscal Impositiva 2025 que envió el gobernador Axel Kicillof aumenta la carga impositiva del impuesto Inmobiliario Rural y mantiene las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Provincial.
En este sentido, los dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestaron su disconformidad y les reclamaron a los legisladores que modifiquen dicho proyecto.
“Se va un gran dirigente”: el campo despide a Luciano Miguens como un gran defensor de los productores
En el encuentro, realizado en la Legislatura provincial en La Plata “se expuso que este año los productores recibieron aumentos por encima del 400%, con partidas que experimentaron incrementos de más del 500%”.
“Esto dista mucho de la Ley Fiscal 2024 votada por ambas cámaras de legisladores que ponían un tope de aumentos del 200%”, les comunicaron.
Les explicaron que esta situación “generó un golpe al bolsillo de los productores”, por lo que plasmaron un detallado pedido de varias cuestiones fundamentales a la hora de discutir el proyecto el mes de diciembre próximo.
El Gobierno convocó a una subasta por un edificio del INTA donde trabajan 140 personas
Por un lado, pidieron que “se establezca expresamente en la ley las alícuotas del 20% de bonificación por buen cumplimiento y 5% por adhesión al débito automático”. Además, solicitaron “eliminar el artículo 163 que establece la posibilidad de ajustar las cuotas no emitidas según tasa de interés aumentadas en hasta un 100%”.
Por otro lado, indicaron que se debe “incluir los descuentos para los partidos mencionados en el artículo 2 de la Ley 13.647 (Ley Sudoeste Bonaerense)”. A su vez, instaron a que “se eliminen el Impuesto Inmobiliario Complementario y el Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes”.
En este contexto, que se “exceptúe de impuestos las mejoras en infraestructura dentro de la explotación rural”.
En el comunicado realizado de manera conjunta, las cuatro entidades remarcaron que aguardan “que los legisladores lleven el debate al recinto y cumplan con el compromiso asumido de lograr los cambios sugeridos para bajar la carga fiscal efectiva de los productores”.