La decisión tomada esta semana por el Gobierno para reformular el patentamiento de medicamentos podría, al menos por el momento, poner un freno a la histórica disputa entre los laboratorios extranjeros y sus pares nacionales. Bajo el paraguas del acuerdo comercial con EEUU, el Gobierno avanzó en un nuevo esquema que permite que ambos sectores sostengan su negocio. Al mismo tiempo, y considerando la impronta aperturista del Gobierno, los medicamentos se distinguen de otros sectoresen lo referente a los precios. No hay expectativas de que el nuevo escenario permita que los consumidores argentinos paguen menos por los medicamentos en virtud de una mayor competencia, al menos por el momento.
Distintas fuentes de los sectores involucrados y expertos en propiedad intelectual coincidieron ante la consulta de Infobae en que el Gobierno encontró una solución salomónica. En el futuro, los comercializadores locales de los nuevos productos farmacéuticos que sean patentados en el país deberán pagarle a los dueños de esas patentes, lo que claramente favorece a los laboratorios extranjeros. A la vez, la decisión oficial incluyó un punto clave: quienes hoy producen localmente medicamentos sin retribuir al dueño de la patente podrán seguir haciéndolo sin pagar nada, lo que claramente favorece a los laboratorios nacionales.
La frase se repite entre quienes conocen el tema: “Era esto o nada”. El acuerdo intermedio permitió salir de un escenario difícil de sostener. Las restricciones al otorgamiento de nuevas patentes eran casi totales y limitaban la inversión. En el gobierno destacan que con la decisión se revertirá esa situación, ya que existirá la seguridad jurídica necesaria para la investigación y el desarrollo.
En esa línea, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) que representa a los laboratorios extranjeros, elogió la medida y pidió “previsibilidad en materia de propiedad intelectual, ya que se trata de crear las condiciones necesarias para promover la innovación y favorecer la llegada de nuevas terapias a nuestro país. La actualización del marco normativo es un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión, la investigación, el desarrollo y la incorporación de avances en salud”.
La medida también dejará a muchas empresas locales que fabrican copias o genéricos con la potestad de seguir haciéndolo sin limitaciones. Ese negocio no sufrirá modificaciones, ya que el nuevo esquema solo se aplica hacia el futuro. Y los laboratorios extranjeros, que en teoría podrían reclamar por las patentes de los productos que ya están hoy en las farmacias, prefieren mirar hacia adelante y enfocarse en el negocio que viene.
De esa forma, ambos sectores avalaron un desenlace regulatorio que parece cerrado. Desde ambos sectores entienden que para que el nuevo sistema empiece a andar no se requiere ninguna reglamentación adicional. Aunque, claro está, siempre puede haber alguna letra chica, como en toda regulación.
“Pautas de patentabilidad”
La resolución conjunta dictada esta semana lleva la firma de Mario Lugones, ministro de Salud, Luis Caputo, ministro de Economía, y Carlos María Gallo, titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), un organismo que pasa a ser clave. Anuló otra similar de 2012 que fijaba “pautas de patentabilidad”, una serie de restricciones que “no existen en ninguna parte del mundo” según el ministro de Desregulación, Federico Stuzenegger, uno de los defensores de la medida. A partir de ahora, el INPI analizará caso por caso si el producto tiene la suficiente innovación y escala industrial para merecer la patente. Ya sin la traba de las “pautas” preestablecidas, el INPI se manejará con la ley de Patentes sancionada en 1996 durante el gobierno de Carlos Menem.
Un interrogante sobre el nuevo esquema que abren algunos expertos tiene que ver con la capacidad operativa y técnica que tiene el INPI para llevar adelante su nuevo rol. En el mercado destacan que, más allá de lo que digan las regulaciones, el organismo sufrió en los últimos dos años el desfinanciamiento de la mayoría del sector público, con personal técnico que a menudo busca trabajo en empresas privadas para escapar de los salarios congelados.
Esa situación abre dudas sobre si el Instituto va a contar con los recursos para manejar la cantidad de “examinadores” necesaria para agilizar los procedimientos, ya que el farmacéutico no es el único sector que quiere patentar sus invenciones. Un dato reciente grafica el escenario y llamó la atención de quienes conocen su funcionamiento: el INPI acaba de duplicar todos los aranceles que cobra para sus trámites, que también estaban congelados, tal vez en busca de mayores fondos para sostener a su estructura técnica.
Un punto crítico de la letra chica que viene, aún cuando no haya ninguna reglamentación adicional, es que aún está pendiente la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), un organismo técnico y autárquico que dependerá del Ministerio de Salud. Anunciado por el Gobierno en marzo del año pasado, está agencia analizará medicamentos y tecnologías médicas antes de autorizar su compra con fondos estatales.
La Anefits, orientada a racionalizar el gasto público en salud, otorgará una habilitación previa a la validación técnica de la Anmat que requiere cualquier medicamento. Así, podría establecerse una evaluación económica en forma previa a la sanitaria. Un productos que no tenga el OK de la Anefits, no podrá ser comprado en el sistema público de salud. Por lo tanto, en su creación reside también un capítulo central de la aplicación del nuevo sistema.
El impacto en los precios
En muchos mercados, el Gobierno de Javier Milei abrió la importación y quitó muchas regulaciones con el objetivo de tener una vía más para reducir la inflación. Los medicamentos no parecen ser el caso. Nada indica, según las fuentes consultadas por Infobae, que el nuevo sistema impacte sobre los precios que paga el consumidor en las farmacias.
En su defensa de la medida, Sturzenegger dijo que con ella “la Argentina vuelve al mundo”, que termina con restricciones que no existen en ningún lado y que “representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país”. Habló de “mayor competencia en el largo plazo”. Pero en ningún caso mencionó la perspectiva de remedios más baratos.
Un elogio impensado llegó por el lado de Elisa Carrió. La líder de la Coalicion Cívica consideró la medida como “lo más importante que se hizo en la Argentina en los últimos años” porque apunta a “cesar el proteccionismo escandaloso de los laboratorios nacionales todavía ‘en desarrollo’”. Carrió cerró su mensaje en X con un deseo: “Espero que esto abarate los precios”.
Por el momento, nada indica que ese deseo vaya a cumplirse. Así como la resolución conjunta generó una primera reacción de positiva, sin peleas legales a la vista, la cuestión de los precios enciende al rojo vivo la disputa entre ambos sectores del negocio farmacéutico.
Las voces de los laboratorios del exterior aseguran que no es posible que la Argentina tenga medicamentos más caros que el resto de la región si desde hace tanto tiempo los productores locales pueden vender sin retribuir por las patentes y que eso se debe a un contexto de escasa competencia, que esperan esta medida empiece a modificar. Juzgan que los precios, en muchos casos, tienen un nivel injustificado.
Al mismo tiempo, desde los productores locales la réplica es clara. En el documento que publicó la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) se asocia a las patentes con un monopolio para sus dueños, lo que naturalmente sube los precios en lugar de bajarlos. También destacaron un estudio de FIEL de 2024 que indica que gracias a los medicamentos genéricos y biosimilares se ahorraron más de USD 2.200 millones anuales.
CILFA adivirtió sobre las solicitudes de patentes “evergreening”, las que cubren innovaciones menores en medicamentos ya instalados en el mercado, que “no aportan efectos terapéuticos ni ningún otro valor, salvo preservar monopolios y obstaculizar durante años el lanzamiento de medicamentos competidores”. En la vereda de enfrente rechazan esas acusaciones, mucho más a partir de ahora: voces afines a CAEME explican que si no hay “actividad inventiva”, uno de los requisitos centrales para otorgar una patente según la ley de 1996 que vuelve a tener vigencia plena, el INPI la negará.
En los laboratorios locales, la postura es diferente. “Con más patentes habrá menos competencia y más privilegios monopólicos”, explican. Y aseguran que los precios seguirán ajustados a la dinámica actual del mercado. Y advierten que si en el futuro aparecen “patentes indebidas sobre desarrollos menores vinculados a medicamentos, habrá menos competencia y eso impactará en mayores precios”.