La provincia de Tierra del Fuego atraviesa un escenario de cambios en su matriz productiva. Con un turismo en baja y un régimen industrial basado en la fabricación de celulares y electrodomésticos bajo creciente cuestionamiento, la salmonicultura aparece como una alternativa para diversificar la economía local. El debate cobró fuerza en los últimos meses a partir de la iniciativa de un legislador libertario que busca derogar la prohibición vigente desde 2021 y habilitar la cría de salmones y truchas en aguas provinciales.
El impulsor es Agustín Coto, representante del Partido Republicano TDF – La Libertad Avanza, quien presentó una propuesta para levantar la restricción establecida por la Ley 1.355. Esa norma, aprobada en 2021 por unanimidad, había determinado la prohibición de la salmonicultura en aguas jurisdiccionales de la provincia, tanto lacustres como marítimas, con el fin de resguardar los ecosistemas locales. La modificación que ahora avanza en la Legislatura mantiene la veda sobre el Canal Beagle, pero abre la puerta a la actividad en otros cuerpos de agua.
Según el dictamen de comisión, el Poder Ejecutivo quedaría facultado para delimitar zonas aptas mediante evaluaciones ambientales estratégicas. El texto establece que se deberá garantizar “el bienestar social y económico sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas”. Sin embargo, organizaciones ambientales consideran que la iniciativa vulnera el principio de no regresión en materia ambiental y podría contradecir compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Escazú.
La postura del gobernador
En mayo, el propio gobernador Gustavo Melella adelantó públicamente su apoyo a la salmonicultura. “Estamos trabajando la ley para habilitarla en toda la costa marítima del Atlántico, desde la Península Mitre hasta San Sebastián y en algunos lagos y lagunas. Somos conscientes de la necesidad de cuidar el ambiente, pero también tenemos que generar empleo”, afirmó en una entrevista con el diario Clarín. Si bien no precisó si el proyecto será enviado por el Ejecutivo, sus palabras se alinean con la propuesta legislativa en curso.
El giro resulta significativo, ya que la prohibición original había contado con fuerte respaldo de ONGs internacionales como Greenpeace y Rewilding, además de reconocidos chefs argentinos que celebraron aquella decisión como un precedente histórico. Ahora, en un contexto de crisis económica provincial, el debate se reabre con nuevos argumentos.
Los cuestionamientos ambientales
Diversas organizaciones alertan sobre los riesgos de la salmonicultura. El Foro para la Conservación del Mar Patagónico advirtió que el avance del proyecto pondría en peligro los ecosistemas fueguinos, recordando la experiencia de la Patagonia chilena donde la actividad generó contaminación orgánica y química, propagación de enfermedades y escapes masivos de salmones, una especie exótica que altera procesos ecológicos.
Desde WCS Argentina se enfatizó que proteger solo el Beagle “es como cerrar una puerta y dejar abiertas todas las ventanas”. Reclaman una visión integral que contemple todas las aguas de la provincia para evitar impactos irreversibles.
La experiencia chilena
Al otro lado de la frontera, Chile se consolidó como uno de los principales exportadores mundiales de salmones. En la región de Magallanes, vecina de Tierra del Fuego, funcionan alrededor de 50 centros de producción que generan unas 180 mil toneladas al año y exportan por unos USD 650 millones. La actividad emplea a entre 7.000 y 8.000 personas de manera directa, con salarios promedio de entre USD 1.500 y 1.700 mensuales y su red de proveedores locales sostiene miles de puestos indirectos adicionales.
En términos macroeconómicos, la salmonicultura representa cerca del 50% del PBI regional en Magallanes y explica buena parte de sus exportaciones. Según estimaciones privadas, la sola zonificación de áreas productivas en Tierra del Fuego podría significar ingresos inmediatos a través de concesiones valuadas en alrededor de USD 1 millón cada una.
La magnitud del negocio se refleja en las cifras recientes de comercio exterior. Según “Valor Soja”, en el primer trimestre de 2025, Chile exportó salmones y truchas cultivadas por un valor de USD 1.828 millones, monto equivalente las exportaciones argentinas de miel, frutas frescas, pescados, mariscos, lácteos y carne bovina, porcina, aviar y ovina en el mismo período. Con un agregado, destacó la publicación, “gran parte del alimento utilizado en las granjas chilenas proviene de granos producidos en la Argentina”.
El caso chileno, por otra parte, no es tan excepcional, ya que muchos países del mundo han desarrollado la acuicultura. En 2022 por primera vez, el volumen de frutos del mar producidos mediante acuicultura superó la pesca de captura, tanto de mar como de río, llegando al 50,8% del volumen total de pescados y mariscos.
Se proyecta, además, que para 2027 la acuicultura dará cuenta del 56% de la producción total. Se trata de una tendencia a la que se acoplaron países sudamericanos con tradición pesquera, como Chile, Ecuador y Brasil, pero no la Argentina. Según el último anuario ictícola de la FAO, el volumen de producción por acuicultura de Chile pasó de 392.000 toneladas en el año 2000 a 1,5 millones en 2022. En el caso de Ecuador las cifras pasaron de 61.000 a 1,1 millones de toneladas en el mismo período y en Brasil de 172.000 a 738.000 toneladas. Para la Argentina el informe no brinda datos, posiblemente por ser inferiores al umbral de reporte.
Proyecto en Malvinas
Mientras tanto, en las Islas Malvinas, ocupadas de facto por Gran Bretaña aunque territorio argentino y fueguino, la empresa Unity Marine, de capitales británicos y daneses asociada a la consultora F-Land ApS, que estudió corrientes marinas y oleaje para precisar zonas óptimas, presentó un proyecto para instalar granjas de salmón en aguas circundantes, apuntando a una producción inicial de 50.000 toneladas anuales y el objetivo de cuadruplicar esa cifra a partir de una inversión inicial de casi USD 7 millones para instalar 8 centros de cultivo a entre 3 y 7 kilómetros de la Isla Soledad.
Según James Wallace, director del proyecto, la iniciativa diversificaría la economía isleña, reduciría la dependencia de la pesca del calamar, actualmente en retroceso y crearía empleo.
En 2021, luego de la sanción de la ley 1.355 que el proyecto libertario ahora busca repeler, el investigador Daniel Schteingart, entonces director del Centro de Estudios de la Producción (CEP) del ministerio que encabezaba Matías Kulfas, y actual director de investigaciones del centro Fundar, señaló en un posteo en Twitter (hoy X) que no estaba bueno “FESTEJAR una prohibición a una actividad productiva; me parece bien discutir cómo regularla, escalas, zonificaciones, pruebas piloto, modos de producción. No PROHIBIR de cuajo”.
Mucho menos, añadió, “cuando la pobreza subió DIECISEIS puntos en tres años, donde la economía se achicó y cuando nos cuesta muchísimo desarrollar actividades productivas nuevas y hacer crecer las existentes”. Schteingart instaba a discutir “estándares, controles estatales, regulaciones, zonificaciones, rentas”. Las prohibiciones a festejar, agregaba, “son las que prohíben el trabajo infantil y la trata de personas, no actividades productivas (..) Argentina necesita crecer y para eso necesita exportar, o seguiremos multiplicando la pobreza. Y necesita hacerlo con sostenibilidad macroeconómica y ambiental. Festejar prohibiciones no creo que sea el camino”.
Entre la prohibición y la producción
El debate en Tierra del Fuego enfrenta dos visiones contrapuestas. Por un lado, quienes sostienen que se trata de una oportunidad estratégica para generar empleo y divisas en una provincia golpeada por la recesión y con más de 90.000 personas bajo la línea de pobreza. Por otro, las organizaciones que advierten sobre los costos ambientales de introducir una actividad de alto impacto en ecosistemas sensibles.
El desenlace dependerá de la Legislatura fueguina y de la decisión política del Ejecutivo provincial. Lo cierto es que, tras cuatro años de prohibición, la salmonicultura volvió al centro de la escena como una alternativa económica frente al agotamiento de otros motores productivos. La mirada está puesta en el espejo chileno, con sus beneficios y también con sus problemas.